En términos generales, se entiende por Estado de Derecho la gobernanza igualitaria de toda la población de un país, sentido que se extiende a la actividad pública y privada e incluye al mismo Estado. En este sistema el Ejecutivo debe hacer cumplir la ley, el Legislativo dictarla y sancionarla, al Judicial le corresponde aplicar el derecho proba e imparcialmente. La separación e independencia de los poderes del Estado es otra condición necesaria. Asimismo, cabe el respeto a los Derechos Humanos como finalidad primordial, a la par de las garantías propias del contrato social. El Estado de Derecho inscribe inmediatamente la vigencia de la dignidad humana e institucional, que supone el estricto combate contra la corrupción. Sin una correcta y oportuna justicia no puede darse el Estado descrito y tampoco el sistema democrático.
Hasta qué punto hemos vivido en un Estado de Derecho en los últimos 14 años y su actual continuación, es una pregunta crucial. Desde la esfera oficial se proclama a los cuatro vientos el disfrute de todo lo anterior, mientras los adversarios sostienen lo contrario sin que les falte fundamento. Hay también quienes sin ser oficialistas se refieren al Estado de Derecho en una suerte de lenguaje común y corriente. No se excluyen de repetirlo, muy sueltos de cuerpo, los medios de comunicación, comunicadores y hasta columnistas de la prensa. Esas afirmaciones caen en lo imaginario, carentes de análisis. Se engañan quienes creen que existe democracia por el hecho de que cada cinco años se elija a los primeros mandatarios, senadores, diputados, asambleístas y demás cargos elegibles. Lo señalado es un requisito pero no es el único ni suficiente.
Semejante origen tiene la relativa libertad de prensa en nuestro medio, encubridora de la autocensura que se imponen periodistas y comunicadores ante repetidas experiencias atentatorias contra la Ley de Imprenta, burlada mediante procesos penales. Los medios de comunicación independientes están tildados de ser la oposición personificada y sufren distintas presiones, como la exclusión del avisaje gubernamental y de las descentralizadas.
Menos es concebible el Estado de Derecho cuando la mayoría oficialista selecciona a la cúpula de Órgano Judicial, previa lista de los favorecidos por los “movimientos sociales”, factum repetitivo del “cuoteo” que antaño tuvo lugar en el Poder Legislativo. Acto seguido, esa nómina es sometida a un desactualizado sistema electoral que, como no puede ser de otra manera, convoca cada vez menos ciudadanos al voto. Tales episodios manipulados convierten en ilegítima a la cúpula judicial, siendo un peso frustrante para quienes buscan dilucidar sus intereses mediante la administración de justicia. Cuánto peor les va si no militan en el partido oficial. En esa búsqueda infructuosa no tienen otro recurso que recurrir a su bolsillo. Por otro lado, el Tercer Órgano del Estado es “coto cerrado” del Órgano Ejecutivo.
Durante los mal caracterizados14 años masistas permanecimos y aún permanecemos bajo el yugo de los Tribunales Supremos Electorales y Departamentales, adornados por dudosos escrutinios y resultados. Un padrón inflado y súbitas anulaciones de candidatos coronan el pastel. El supuesto Estado de Derecho alentó y promovió continuas reelecciones al margen de la Constitución Política, haciendo caso omiso de un referéndum que se pronunció por la estricta aplicación del artículo 168 de la Constitución, el mismo que prescribe para el presidente y vice presidente una sola reelección de su mandato. A quién sino el Tribunal Constitucional Plurinacional –de nacimiento inconfesable– le correspondió dar vía libre a la reelección indefinida de tales autoridades. No se puede pasar por alto la actual persecución revanchista sin real justificación, contra comandantes y oficiales de las FFAA, de la Policía y opositores. Dejamos en el tintero interminables hechos que, junto a la integridad de lo anterior, configuran una dictadura de ayer y a punto de repetirse ahora, regímenes disfrazados de falsa democracia y negadores del Estado de Derecho.