El Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado en agosto, devela una vez más una profunda realidad colonial y racista del Estado en Bolivia y de los grupos de poder que han gobernado (y siguen haciéndolo) un territorio que les es ajeno por más de 500 años. Es interesante, mediante un conjunto de datos, testimonios y registros de medios de comunicación del GIEI, extraer un tipo de regímenes mentales del poder. Un detalle que es importante notar, puesto que esos regímenes mentales en los hechos son el sustrato constitutivo del Estado, de los imaginarios sociales de “élite” y de ciertas empresas de comunicación. En el Informe se deja traslucir cómo un tejido de subjetividades se convierte en actos de habla, con tonos propios de los grupos de poder. Esto es que han recurrido a los miedos profundos y centenarios frente a los Otros, los indios. Aquí está una de las razones de la violencia estatal y civil en 2019, particularmente en contra de los aymaraquechuas en las ciudades y áreas rurales.

Hay que decir que dicho Informe no es un relato de las víctimas sino de un organismo internacional que se apoya en evidencias fácticas y documentales, mediante el recorrido por los distintos lugares del país; el acopio de testimonios de cómo fueron tratados o vistos desde esos regímenes mentales quienes sufrieron violencia estatal y civil. Esa célebre frase de “matar indios es hacer patria” se hizo así nuevamente realidad. El indio siempre ha sido un problema para los “letrados”, por eso han dedicado libros íntegros para constreñir en unos casos y discernir en otros los fueros internos de esos Otros. Hoy esa política continúa con cierta antropología o sociología y otras ciencias con métodos positivistas y darwinistas. Aunque esos estudios a la vez hacen que descubramos el fuero interno de esas mentalidades que paradójicamente dicen ubicarse en la era poscolonial. Por eso la muerte, la masacre, la violencia sexual, abusos contra los detenidos, ultraje de las mujeres con toques impúdicos, lenguaje larvado de odio y racismo, la negación de ayuda médica por parecerse indios, es la estructura misma de la sociedad criolla y del Estado. En 2019 se sabe de cómo operaron estos principios. Aquí algunos datos del GIEI sobre ello:

“El GIEI advierte que los detenidos fueron sometidos a los siguientes modos de tortura: golpes (puñetazos y patadas) en varias partes del cuerpo; golpes con el uso de bastones (toletes) y culatas de armas de fuego; choques eléctricos con armas tipo “taser”; sofocamiento con gas lacrimógeno; obligación de permanecer de rodillas con las manos en la nuca por horas; cubrimiento de los ojos con vendas o bolsos plásticos; inmovilización con manos y pies amarrados; privación de agua y alimentación; privación del uso del baño”.

Médicos que denuncian a la Policía: “A las 20.00 horas del jueves, la Policía, tres oficiales, me detuvieron argumentando que me había escapado del hospital Corea (El Alto). Me sacaron fotos y me tomaron una grabación a partir de la toma del testimonio. El policía me acusó de ‘masista’, de ‘saqueador’”.

El terror. “El 21 de noviembre salimos con los ataúdes a pedir justicia, llegamos a La Paz, el ataúd de mi hermano era el blanco, la prensa y las autoridades dijeron que el ataúd iba vacío, pero ahí iba mi hermano y no respetaron ni su cuerpo ya que ahí volvieron a gasificarnos a todos. A mí me tuvieron que llevar al hospital porque me desmayé por la gasificación de la que fuimos víctimas”.

GIEI “…advierte que los detenidos fueron identificados como terroristas responsables por los ataques en El Alto, sin respeto alguno por el principio de presunción de inocencia. El GIEI, asimismo, nota que el comandante general de la Policía Boliviana en esa fecha, Yuri Calderón, participó personalmente del acto”.

Tortura: “Se registra la práctica, en ese momento, de los siguientes métodos de tortura: mantenerse apoyado en un solo pie y con las manos detrás de la cabeza; si se pierde el equilibrio, la persona es golpeada; mantenerse de rodillas; desnudarse; golpes corporales (patadas); hacer ejercicio físico ( flexiones) hasta el agotamiento; amenazas de muerte, incluso con el uso de cuchillos”.

El gobierno transitorio expuso esa mentalidad: “Áñez designó un gabinete sin personas de origen indígena, apareció frecuentemente en público con la Biblia y una cruz, advirtió a los votantes que no permitirán el regreso de los ‘salvajes’ al poder y persiguió a quienes apoyaban al gobierno de Morales”.

En Sacaba, Cochabamba, los datos son extremadamente similares a los de El Alto. Esto evidencia efectivamente la existencia de esos regímenes mentales, siendo, entonces, la referencia de la historia del Estado que viene desde los tiempos de Túpac Katari-Bartolina Sisa (1780-81) o Pablo Zárate Willka (1899-1903). Desde esos tiempos los grupos de poder colonial han recurrido a los imaginarios de odio, con el fin de destruir y negar a los Otros su humanidad. La degradación humana es una de las condiciones de esos regímenes mentales. Ahora, en 2019, esto se dejó notar claramente y se presenta casi naturalmente en ciertos medios de comunicación, en los escritos de sus intelectuales y de sus líderes políticos. La degradación física y psicológica en ese sentido es un abierto mecanismo de control de los cuerpos y de las intimidades de las personas mediante el encarcelamiento sin argumento legal o con amenaza de desnudarlos o con amagues en violación sexual, etcétera.

Estas son evidencias de lo neocolonial del Estado y de las “élites” porque se niega la vida mediante masacre y humillación; así, esto se convierte en una pedagogía íntima de aquél. En este sentido, las masacres de Senkata y Sacaba (y de octubre de 2003 en El Alto) son parte de ese largo legado del Estado y los grupos de poder. Para mantener ese legado se llegó al extremo de acusar sin sustento a esos Otros; por ejemplo, en 2019 los alteños supuestamente querían explosionar la planta de Senkata. GIEI no encontró evidencia. Sin embargo, fue ampliamente publicitado por varios medios de comunicación.

“El GIEI observa que el muro no tenía estructura de hormigón, y que las perforaciones apuntadas en las fotos no revelan, en un examen visual, señales de fuego, humo o explosión. Así, no se puede comprobar prima facie la teoría del uso de material explosivo para derribar el muro, sin realizar un análisis químico específico para determinar la presencia de residuos de explosivos. El GIEI no identificó elementos probatorios para considerar que el muro fue objeto de detonaciones”.

Estas son las dimensiones históricas de esas mentalidades tan parecidas a las de 1899 o 1903 y por lo mismo se convierte en elemento estructurante del poder de los poderosos, aunque contradiga los discursos de modernidad y de civilidad de tales grupos.

¿Por qué el MAS no ha desestructurado ese aparato mental y físico del Estado? ¿Cómo es comprensible y explicable que quienes se llamen liberales y demócratas puedan haber callado frente al asesinato de seres humanos? ¿Cómo entender que cierta intelectualidad de izquierda haya mantenido silencio frente al ultraje de los alteños o los de Sacaba? O ¿cómo entender a quienes han vivido de la historia y de la lucha aymara hayan callado o respaldado sutilmente actos de violencia sexual contra las mujeres indias en 2019? Posiblemente, por algunas de esas razones pensadores como HCF Mansilla ocupen aún los grandes lugares en las letras bolivianas.