Desde el enfoque de los derechos humanos, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) no solamente pone en el tapete los atropellos del Estado o la virulencia con ribetes racistas de la sociedad, sino, en un análisis pormenorizado de los hechos que pusieron en vilo a la democracia boliviana, también revela con datos contundentes la tarea oficiosa, parcializada, encubridora e inclusive manipuladora de los medios de comunicación del establishment. La polarización socio/política que signa a Bolivia desde hace un tiempo arrasó inexorablemente a los medios de comunicación que, por las circunstancias políticas, pero sobre todo por las coyunturas críticas, provocó su inclinación ipso facto a cualquiera de los polos enfrentados. Entonces, no es novedad que en el conflicto poselectoral de noviembre de 2019 este rasgo se haya acentuado, localizando a la tarea periodística en la cornisa del abismo.

En lo que sigue se dará cuenta de ese papel mediático pernicioso.

El primer caso que llama la atención está asociado a la muerte de Limbert Guzmán Vásquez, el 8 de noviembre de 2019. Este muchacho se decía que formaba parte de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) que en esa jornada libró una “batalla” con militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y las Bartolinas que habían avanzado para desbloquear el puente Huayculi sobre la carretera que une a Cochabamba con el occidente del país. La prensa cochabambina hasta el hartazgo, sin previa verificación de las circunstancias y, mucho menos, sin un cruzamiento de fuentes correspondiente, se quedó con la versión de la RJC que “manifestantes afines al MAS lo golpearon y provocaron su muerte” de este muchacho. Así, la víctima se erigió en un héroe para los activistas ciudadanos que pedían la renuncia presidencial de Morales. Además, contó con la indignación de los dirigentes políticos opositores del MAS, endilgando responsabilidades al entonces mandatario Morales y condenando la ‘barbarie’ de sus simpatizantes. No obstante, la pesquisa profesional del GIEI, cruzando varias fuentes, realizó, entre otras cosas, observaciones al protocolo de la autopsia de ese fallecido, determinando contundentemente que se “estima que la muerte de Limbert Guzmán no se produjo por agresiones o golpes en su contra, sino que fue resultado de un accidente por el uso de una bazuca artesanal, que explotó mientras la manipulaba sobre su hombro o cuando se cruzó en la línea de fuego de sus compañeros que manipulaban una bazuca cerca de él”.

Un caso similar aconteció con el asesinato del joven Juan José Mamani, el mismo 11 de noviembre de 2019. La versión atribuida a una líder de RJC se esparció como reguero de pólvora entre los medios de comunicación cochabambinos, uno de ellos tituló: “Fallece joven de la Resistencia Cochala al ser golpeado en la zona Sur”. Esta versión daba cuenta que el velorio se realizó en la plazuela Cala Cala. Este espacio público se convirtió en una especie de ícono de la RJC. Inclusive, el grupo obligó a los familiares a realizar el velorio en aquella plazuela. Como sucedió con el otro caso descrito, la muerte de este joven arrancó la irritación de los sectores opositores del MAS que, además, tenían a los medios de comunicación del establishment como su caja de resonancia. No obstante, igual que en el caso anterior, existió fallas forenses en la investigación del Ministerio Público y toda “la evidencia recabada por el GIEI indica que Mamani Larico jamás integró dicha organización y que su muerte está relacionada con el uso abusivo de la fuerza represiva por parte de la Policía y del Ejército. Su muerte fue causada por la imposición de tormentos mientras era trasladado en vehículo de las Fuerzas Armadas”.

Otros momentos de la tergiversación periodística en el curso de la crisis política de 2019 ocurrieron en el desarrollo de lo que el GIEI ha determinado como masacres, tanto en Sacaba como en Senkata, al inicio del gobierno transitorio de Jeanine Áñez. No obstante, la versión gubernamental de aquel momento sobre la violencia desatada en noviembre de 2019, cuando se perpetró matanzas a campesinos y gente pobre, fue calificada y replicada por los medios de comunicación del establishment como “enfrentamiento” o “choque”.

En el caso de Sacaba, urdieron la versión de que había gente armada por parte de los campesinos movilizados; sin embargo, el Informe del GIEI descartó esto, inclusive dando cuenta que no hubo ninguna víctima fatal de parte de la Policía o de las Fuerzas Armadas o que los campesinos se “mataron entre ellos”, como sostenía el Ministro de Gobierno de aquel entonces. La investigación del GIEI concluye que los muertos o los heridos fueron por la fuerza represiva excesiva utilizada por las fuerzas del orden, inclusive con “ejecuciones extraoficiales”. En el caso de la masacre en Senkata se maquinó la excusa de que los manifestantes querían volar la planta de licuados de gas, lo que se propaló en el ámbito mediático; sin embargo, el Informe de “GIEI no ha identificado evidencias concretas que indiquen que se hubiera producido un ataque directo contra la planta y que ésta haya estado expuesta a un riesgo de explosión”. Al respecto, el periodista Juan Luis Gutiérrez en una entrevista con Barricada TV denunció que se “pretendió legitimar el golpe de Estado a través de los medios de comunicación, ocultando las masivas movilizaciones y el accionar de las Fuerzas Armadas y la Policía en la represión al pueblo boliviano. La prensa no está cubriendo las movilizaciones, siguen la matriz discursiva del Ministerio de Comunicación del gobierno de facto”.

El Informe del GIEI da cuenta no solamente de las torturas sufridas por los detenidos. Hay el caso del periodista argentino Sebastián Moro, que falleció el 16 de noviembre de 2019, según el GIEI “en circunstancias aún no aclaradas”, que no interesó a los medios, sino que muchos detenidos sin pruebas fueron detenidos y posteriormente exhibidos públicamente como si fueran delincuentes. Los medios, sin ningún criterio de respeto de los derechos humanos, difundieron esas imágenes. Como dice el Informe del GIEI, es una afrenta al “derecho a la honra, a la dignidad y vida privada”, como ocurrió en el caso de Lorgia Fuentes que, a través de una denuncia del periodista español de dudosa credibilidad, Alejandro Entrambasaguas, que en un programa de televisión, el 4 de febrero de 2020, dijo que la señora Fuentes era “supuestamente amante de Romero”. Posteriormente, según el GIEI, Fuentes fue “fuertemente hostigada (…), junto a su esposo Alexey Chernyshev y el exministro Carlos Romero, por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado”. Finalmente, un exasilado en la Embajada de México en un testimonio al GIEI confesó que fue constantemente una “víctima de una persecución mediática”.

En suma, todos estos casos desnudan el papel inescrupuloso de los medios de comunicación del establishment que se puede atribuir a su poca profesionalidad y de ética periodística, o quizás a algo más terrible: su parcialización grotesca con uno de los polos del conflicto social de noviembre de 2019, haciendo que su dizque tarea periodística sea un peligro para la libertad de prensa y para el derecho social a la información, y, sobre todo, para los derechos humanos de los bolivianos.