Los pueblos indígenas demandan 36 escaños, que se respete la consulta previa y un alto a los avasallamientos. Las demandas fueron planteadas en el reencuentro nacional que reunió a 50 organizaciones naciones indígenas de los nueve departamentos del país.

El evento se realizó en la ciudad de Santa Cruz entre el 9 y 11 de septiembre a convocatoria de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas).

Los pueblos indígenas de tierras altas y bajas conformaron ocho comisiones para analizar los efectos del extractivismo, los avasallamientos, la educación y salud en las comunidades, las trabas que dificultan la autonomía indígena, los conflictos de la justicia indígena, la representación política, el paralelismo y división de sus organizaciones y desarrollo.

Desde la visión de los pueblos indígenas, se ha visto atropellada por proyectos extractivos que dividen a las organizaciones, arrasan bosques y contaminan la tierra y los ríos. Por ejemplo, se citó cómo los proyectos mineros, energéticos y de hidrocarburos han afectado las actividades productivas de los pueblos indígenas, tales como la caza, la pesca, la recolección y la agricultura.

“Las mujeres somos las que estamos defendiendo los territorios y sufrimos los efectos de la contaminación. ¿Acaso el dinero nos dará aire y agua? En cambio algunos hombres (dirigentes y exdirigentes) están negociando, están en la prebenda”, dijo Miriam Pariamo, de la Nación Uchupiamona.

La Comisión de Participación y Representación Política concluyó en la “demanda histórica” del movimiento indígenas de Bolivia: la asignación de 36 escaños en la Asamblea Legislativa, una por cada nación y pueblo indígena reconocidos en la Constitución. Este pedido, además, debe ser acompañado con la equidad de género y el respeto de los pueblos indígenas de elegir a sus representantes a través de sus organizaciones y no así por la vía de los partidos políticos.

Para cumplir con esta demanda, se propone cambiar la Ley de Régimen Electoral para ampliar las circunscripciones especiales y anular la postulación vía partidos políticos.

Esta comisión, además, identificó la prebenda de los partidos o el Gobierno hacia las dirigencias como uno de los problemas que corrompen al movimiento indígena, además de la discriminación hacia la mujer para que acceda a espacios de decisión.

La Comisión de Tierra y Territorio identificó problemas en cinco áreas: saneamiento y titulación, avasallamientos, distribución de tierras fiscales, tráfico de tierras y aprovechamiento ilegal de recursos naturales.

El más álgido es relativo a los avasallamientos que sufren de parte de los colonizadores (Interculturales), además de campesinos, ganaderos o terceros que ocupan tierras tituladas a favor de los pueblos indígenas. El narcotráfico también afecta a las formas de vida de los indígenas.