Para nadie es un secreto que el MAS alienta la conformación de grupos de choque y que, a diferencia de otros gobiernos, rara vez saca a las calles a los policías y militares para hacer frente a las movilizaciones y, por el contrario, recurre a civiles para que hagan ese “trabajo”.

Esta tendencia viene desde el gobierno de Evo Morales, se acentuó durante los conflictos de octubre y noviembre de 2019 y reflotó en las últimas semanas, cuando grupos radicales salieron a confrontar o a amenazar a los opositores.

El caso más reciente es el de los Wila Lluch’us, que mediante un video amenazaron con quemar la casa de la activista de los derechos humanos, Amparo Carvajal.

Pese a que existen evidencias de que este grupo existe desde 2019 y, por testimonio de ellos mismos se sabe que actuaron en las protestas de Senkata en noviembre de aquel año, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dio por cerrado el asunto diciendo que “no existen”. Esa postura es muy preocupante porque significa que no habrá investigación ni sanciones en contra de sus integrantes, pese a la amenaza vertida contra una ciudadana boliviana, mayor de 80 años.

Pero, como todo está registrado en redes sociales, medios e internet, se sabe que este grupo hizo campaña para el MAS en las subnacionales, que uno de sus integrantes está registrado como militante de ese partido y que se declaran herederos de los ponchos rojos de Omasuyos que, fusil en mano, solían desfilar anunciando la defensa de Evo Morales.

También hace poco, el grupo denominado Los Satucos, que está liderado por el funcionario de la Asamblea Departamental y prominente masita Gustavo Torrico, salió a impedir una marcha opositora a patadas, palazos y puñetes. En este grupo fueron vistos los integrantes de la Columna Sur, la nueva generación de militantes del MAS a la que pertenece el ministro de Gobierno. Columna Sur tiene espacios de poder de hace bastante tiempo y a la vez actúa como grupo de choque en las calles.

Esta misma tónica imperó desde el gobierno de Evo Morales. Por eso, el expresidente se jacta al decir que ningún boliviano murió a manos de la Policía y las Fuerzas Armadas en los conflictos de octubre y noviembre, durante su gestión, pero eso no lo exime de responsabilidad porque los grupos de choque actuaron a instancias del Estado, tal como lo hace notar el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Citamos aquí solo dos ejemplos. Respecto a la producción de bombas molotov en el Ministerio de Culturas, que entonces estaba a cargo de Wilma Alanoca, el GIEI dice que “la producción de bombas artesanales es una conducta grave, debido al potencial incendiario y destructivo de esos artefactos. El hecho de que pudieran haber sido producidas en la sede de un servicio público, con la participación de funcionarios, es aún más relevante”.

Y respecto a los hechos de Montero, donde murieron dos ciudadanos del movimiento cívico, el GIEI dice que “el trabajo investigativo se enfocó principalmente en acreditar la existencia de un grupo civil armado que se habría organizado con el apoyo o la aquiescencia del Estado, para movilizarse en calidad de guerrilla. Ese grupo habría sido entrenado para enfrentar al movimiento cívico que se resistía a levantar los bloqueos. Esa línea de investigación obstaculizó conocer detalladamente las circunstancias de los homicidios, así como de las heridas provocadas en las demás víctimas”.

Como esos grupos, aquellos días actuaron varios. Por ejemplo, en Cochabamba, para hacer frente a la Resistencia Juvenil Cochala, que también es un grupo irregular, pero que responde a la oposición conservadora, salieron en defensa del MAS los denominados Gurkas, la barra brava del Wilstermann que actuó como grupo de choque en el Valle Bajo en favor del MAS.

La lista podría continuar, pero con eso es suficiente para demostrar que existe una estrategia para neutralizar protestas opositoras o ciudadanas en las calles. Estos grupos, por supuesto, son irregulares y deberían ser desarticulados, pero si el MAS los crea y los alienta, entonces los ciudadanos que no son del oficialismo quedan indefensos.