Hace tres años, en un acto público en Potosí, un albañil de 30 años gritó “¡Bolivia dijo No!” y fue imputado por atentado contra la integridad del presidente, entonces Evo Morales, delito que se paga con hasta 10 años de reclusión.

La pasada semana se difundieron videos de los miembros del grupo promasista Wila Lluchu’s con graves amenazas contra la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, y líderes de la oposición.

“Vamos a quemar la casa de esa malnacida que defiende a los asesinos, a los golpistas”, dijo uno de ellos y luego anunció que irán por los líderes opositores Carlos Mesa, Jorge Quiroga y Marco Antonio Pumari para “quemarlos”.

En este caso las autoridades no hicieron nada hasta ahora y, aún más, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, declaró que ese grupo no existe y que los videos que ya vieron miles de bolivianos fueron montados.

No es que los gorros rojos (eso significa wila lluchu’s) lo hagan a uno invisible, pero parece que  en este gobierno otorgan  impunidad para quienes amenacen a los que no comparten con el MAS.