El gobierno de Luis Arce, sobre todo después del informe del GIEI,  ya no puede darle un barniz de legitimidad ni legalidad al juicio de responsabilidades y el resto de procesos que viene  promoviendo. De hecho en Bolivia es probable que ya no haya un fallo judicial sobre el que no pese la sombra de la corrupción.

El informe del Grupo de Investigadores Expertos Internacionales (GIEI), de la OEA, recomendó que para avanzar en un proceso de reconciliación con justicia para las víctimas de los sucesos de 2019 y 2020, se debe buscar una reforma a la justicia. El gobierno reaccionó positivamente a la propuesta del GIEI y aparentemente busca un consenso con la oposición con representación parlamentaria para intentar esa reforma.

Quizás algo simple aprendieron del 2019, donde se empecinaron en ir a elecciones con un Órgano Electoral mellado por la injerencia del MAS, completamente desacreditado ante las fuerzas políticas y la opinión pública; por tanto incapaz  de resolver el cuestionamiento a los resultados, las denuncias  de fraude y  de otras irregularidades del proceso.

El MAS está en una encrucijada:  continúa solo (como acostumbra) para imponer una reforma judicial a su medida o negocia con la oposición y convoca a organizaciones de sociedad civil, profesionales y otros actores no afines al gobierno que le den la legitimidad necesaria al proceso.

De optar por el accionar impositivo  propio de su “autoconcepción” como proceso revolucionario: “la revolución no se negocia, se impone…”, ya debe haber previsto que el resultado no será aceptado y los fallos judiciales  nunca tendrán la legitimidad que pretenden y no servirán para su intención de rescribir este momento de la  historia.

De optar por lo segundo debe estar dispuesto a resignar sus ambiciones de llevar adelante juicios sumarios y pactar en términos claros los principios de la reforma judicial. El rol que le queda a la oposición en ese escenario,  no será el de  buscar salvar responsabilidades personales, sino apuntar a una forma real y profunda de la justicia. Ojalá esté a la altura.

Por eso, ahora que el masismo ya no puede pensar en “modo revolución”, quizás sea el momento de viabilizar una reforma a la justicia. Pero no la que Iván Lima y el masismo quieren, sino la que Bolivia necesita. Y para esto no hay que reparar en las urgencias del tiempo ni cerrarse de antemano a cambios  constitucionales, si se requieren;  de lo contrario estaríamos buscando una reforma que parte con vicios y una solución que solo posterga el problema

En el tema justicia, el MAS se apresta a dar el salto: de la revolución a la reforma. El proceso constituyente apostó por una visión que pretendiendo ser más transparente y democrática la justicia decantó en lo  populista.  El artículo 178 de la CPE, establece que “la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano”. Esta convicción dio paso a la revolución de la justicia propuesta por el gobierno de Evo Morales: los jueces y los administradores de justicia debían entonces elegirse por voto popular, como ocurrió el 2011.

Pero el experimento -aunque a muchos nos apena- no dio resultados positivos, al punto de que  probablemente el único tema sobre el que hay un consenso nacional -luego de la reivindicación marítima-, sea el de la profundización de la  degradación y corrupción del sistema de justicia. Empero no fue solo por la forma de elección, sino la injerencia política constante en el proceso de selección de candidatos, patrocinio en campaña de candidaturas (aunque está prohibido); finalizando en la propia  administración de justicia.

Toda “revolución” termina debilitada y disuelta en una “reforma”. Hoy el masismo no tiene ese impulso que en años pasados lo llevaba a imponer sus medidas casi a la fuerza, por eso pide “consenso” y “reforma”. La oposición partidaria y ciudadana podrían tomar ventaja de esta situación y presionar por una reforma en serio, que límite por fin el poder del masismo sobre la justicia.