Desde el año 1975, cuando vivía en el centro minero de Siglo XX intentando huir de la dictadura de Hugo Banzer, Juan del Granado se levanta a las cinco de la mañana. La sirena de barco que despertaba a los mineros le heredó esa costumbre. Tal vez por eso su siesta de 45 minutos al mediodía es sagrada. Pero ese no es el único secreto que  mantiene joven y vital al exalcalde de La Paz. A sus 68 años practica tres deportes (raqueta, natación y gimnasio) y en su desayuno madrugador toma una mezcla mágica de jengibre, cúrcuma y alpiste.

Dos servicios al país hacen de Juan Del Granado inolvidable para los bolivianos y, sobre todo, para los paceños: fue el abogado que logró encarcelar al exdictador Luis García Meza y fue el alcalde que transformó a  La Paz en una ciudad atractiva y amigable con sus habitantes.

Ahora está empeñado en una tarea que parece titánica. Junto a un grupo de abogados quiere impulsar una reforma constitucional vía referéndum para cambiar la justicia. Para eso, primero debe juntar un millón y medio de firmas. ¿Lo logrará?

Usted que ha vivido en verdaderas dictaduras, ¿qué puede decir del 2019? El MAS dice que hubo un golpe.

Esto de golpe o fraude me parece de la más absoluta superficialidad y de la más grande banalidad. No se llega al fondo de una profunda crisis que nos estalló en las manos el 2019. El 2016 se había develado el agotamiento del modelo estatal que empezó el año 2006, el modelo del MAS. La gente mayoritariamente votamos por un cambio de gobierno cuando le negamos al expresidente Morales la reelección porque después de 10 años no se habían resuelto los problemas estructurales del país y esto lo percibió la población .

Y eso que usted fue aliado del MAS…

Los primeros cuatro años sí, un entusiasta aliado. Después de una década, por el autoritarismo, por el hegemonismo, por la corrupción, por el extractivismo, por las políticas antiindígenas se había vaciado ese proceso, y esto percibió la población y votó por un cambio.

¿Usted cree que ahí está la raíz de la crisis que nos golpea hasta ahora?

Exactamente. Además, ese vaciamiento de un proceso histórico se ha mantenido, no ha sido renovado por sus titulares, me refiero al actual gobierno. Uno de los discursos principales del presidente Arce es restablecer y recuperar el proceso de cambio, y no lo está pudiendo hacer.

¿Arce es igual que Evo?

No, son diferentes, pero Arce no está pudiendo recuperar, restablecer y relanzar su proceso de cambio, no está pudiendo salir de la crisis. Y, en la otra vereda no hay proyecto alternativo estatal. Agotado, embarrancado, empantanado el proyecto del MAS, no hay manera de removerlo, porque no hay un proyecto alternativo, ya sea desde una visión conservadora, progresista, radical, no hay ninguna visión alternativa, la oposición anda sin rumbo, por eso estamos en crisis, por eso el debate político no sale del fraude o del golpe.

En medio de ese debate hay una instrumentalización de la justicia contra la oposición. El ministro Lima presentó una propuesta de reforma de seis ejes. ¿Qué opina al respecto?

El problema de la justicia es centenario. Cinco carencias yo he señalado, la carencia de independencia de los jueces, la carencia de idoneidad de los operadores de justicia, la carencia de recursos y de presupuesto, la carencia de acceso a esta justicia para pocos y la carencia de estrategias estatales. Hay excepciones, hay jueces y fiscales con gran idoneidad, pero son la excepción, la regla general es la de jueces que dependen del poder político, de éste, del próximo y del anterior, de todos los gobiernos. Hay un sometimiento al poder político de turno, es la filiación política la que interesa para ser juez, no la idoneidad, la capacidad, la ética.

¿Será que los eligen con ese perfil a propósito, para que sean maleables?

Los ejes que propone son parecidos a los de Lima, ¿cuál es la diferencia de su propuesta?

El ministro Lima tiene un tercer eje que se llama independencia, pero no dice una sola palabra sobre la elección de los jueces supremos y se queda en la posibilidad de hacer concursos meritocráticos, despatriarcalizadores, descolonizadores, antiimperialistas le faltaba. Qué cosa es eso, eso no es nada. La modificación de la elección de jueces supremos es el punto central de cualquier reforma. La tercera es la carencia de presupuesto. Tenemos para el año 2021, 0,51% del Presupuesto General de la Nación. Ni el 1% para todo el sistema de administración de justicia, es decir, para el Órgano Judicial, Ministerio Público, sistema penitenciario.

¿Cuánto es lo ideal?

Estamos planteando mínimamente el 3%, que es un parámetro estándar de la región. Con el 0,5% tenemos una administración de justicia miserable, tenemos apenas 1.500 o 1600 jueces y fiscales mal pagados, hacinados en lo  mal denominados palacios de justicia en las capitales. Hay 175 municipios de 339 en los que no hay jueces. Hay cosas rescatables del ministro Lima, pero cuando habla de los jueces solo plantea redistribuirlos, necesitamos presupuesto, no dice nada de presupuesto. Yo fui diputado cuando creamos el Consejo de la Judicatura en 1994, con la lógica de que los jueces supremos no pueden administrar dinero, bienes y personal, solamente tienen que administrar justicia. El año 2009 se retrocede, solamente se le da al Consejo de la Magistratura facultades de control, se le quitan las facultades presupuestarias, que van a una dirección administrativa y financiera que la maneja la Corte Suprema.  En cuarto lugar está la carencia de acceso, hay que hacer el balanceo que dice el ministro Lima, pero con eso no hacemos nada, de repente hay que duplicar el número de jueces, pero no hay estudios. No solamente es un problema de jueces, tenemos que combatir nuestra cultura jurídica, que es pleitista y fetichista, porque cree que todo problema se resuelve con abogado, con jueces y con trámites. El pleitismo es terrible, hay un segundo problema jurídico, el fetichismo, resulta que nuestro ministro de Justicia había sido fetichista.

¿A qué se refiere con el fetichismo del ministro Lima?

A la creencia de que la ley es un fetiche que resuelve todos los problemas. Hemos cambiado 20.000 veces las leyes en estos últimos años, pero cuánto hemos mejorado en administración de justicia penal, cuánto hemos disminuido la criminalidad, cuánto hemos paliado los terribles hechos de violencia contra las mujeres y niñas. El problema del acceso está en buscar mecanismos jurisdiccionales, sin jueces y sin fiscales, para lo que estamos planteando dos cosas: revalorizar la justicia indígena, que se la ha recogido en la Constitución, pero la Ley de Deslinde Jurisdiccional ha vuelto a subordinarla a la justicia ordinaria.   En segundo lugar tenemos que crear los jueces de paz, es el mecanismo de justicia ciudadana, en manos de los ciudadanos, a partir de prácticas de conciliación y  arbitraje.

Lima también planteó, al inicio de su gestión, el cambio de la Constitución para seleccionar de manera diferente a los magistrados. ¿Qué cree que pudo haber pasado para este cambio?

Hay una quinta carencia que tiene que ver con lo que me estás preguntando, que es la falta de estrategias estatales, que supone una visión de lo que hay que hacer y que se la despliega en sucesivos gobiernos, una visión de largo plazo. Con el enormísimo complejo de adán, quieren inventar y crear todo, cuando hay muchas cosas que ya se han hecho. Gobierno que llega y gobierno que plantea nuevas reformas, y el ministro Lima es el que se ha llevado la flor, porque en nueve meses nos ha planteado tres reformas, la primera la reforma constitucional, de la que he saludado el nombramiento de esa comisión y la reforma de la CPE, pero los dejó parqueados a los días. Esa propuesta fue reemplazada por una propuesta administrativa, ofreció mejorar el servicio de derechos reales y cambiar el sistema de adopción y algunas normas menores. Luego viene un grupo de expertos y nos hace un informe que desnuda estas carencias que he hecho referencia, especialmente la falta de idoneidad, que deriva en la persecución política judicial, en el uso indiscriminado y delictivo de la detención preventiva, y como respuesta a eso, al ministro Lima no se le ocurre cosa mejor que plantear por tercera vez una reforma con estos seis ejes, que tienen algunos elementos rescatables, como las técnicas de la información, el desbalanceo de jueces, pero ninguno de los seis ejes toca el fondo.

¿Cómo se debe elegir a los magistrados? Porque antes de que sea por voto popular, igual había cuoteo.

El MSM estuvo entusiastamente de acuerdo con la modificación de la nueva Constitución, que buscaba la legitimación de los jueces supremos y no la partidización de esos jueces supremos mediante el voto popular. Tuvimos 10 asambleístas…

¿Eso quiere decir que se equivocaron?

No, el proyecto de Constitución original establecía que los postulantes los elegía un órgano independiente de la Asamblea, ese fue el proyecto que se aprobó en Oruro y el texto establecía el voto popular, pero quién postulaba a los que iban a ser elegidos era un órgano independiente. Eso decía el proyecto, pero vino el acuerdo político (en el Congreso) y la oposición conservadora de la época, a la cabeza de Tuto Quiroga, planteó que estaban de acuerdo con la elección popular, pero los candidatos los elige la Asamblea Legislativa por dos tercios. Qué es lo que pensaba esa oposición, es que el 2009 el MAS no iba a sacar dos tercios, entonces suponían que iban a cuotearse con el MAS o iban a llegar a acuerdos. El 2009 el MAS sacó dos tercios y con los dos tercios el MAS manipuló la forma de elección popular. Nos presentaron listas de militantes, afines del gobierno, la mayoría de ellos sin mérito alguno y qué hicimos los bolivianos el 2011 y el 2017, votamos en contra, blanco y nulo, y ahí los tienes a los caballeros ilegítimos y dependientes del partido de gobierno.

¿Entonces qué fórmula está planteando?

Hay que buscar el punto intermedio, donde la columna vertebral son los méritos, la selección de hombres y mujeres meritorios, con una hoja de vida personal intachable, además con experiencia y conocimientos académicos. Eso no puede ser establecido por la Asamblea, tenemos que hacer una comisión ciudadana de calificación de méritos, con esa calificación que elabore ternas cerradas para la elección parlamentaria por dos tercios de los miembros, después referéndum ratificatorio o denegatorio de esas listas. Es un punto medio. No creo que, por el manoseo del MAS a la elección popular, debamos poner en el canasto eso, volvamos a los méritos, pero dejemos (la decisión) a la gente con el referéndum ratificatorio o denegatorio.

Para hacer esa reforma, se necesita un acuerdo.

Un grupo de abogados estamos trabajando una propuesta de reforma, que la daremos a conocer en el curso de las próximas semanas. En nuestro criterio, empezamos por una reforma de la Constitución por los puntos que he planteado, para una elección diferente de jueces con idoneidad e independencia, para un presupuesto digno, con un Consejo de la Magistratura, para el acceso a la justicia, revalorizando la justicia indígena e incorporando a los jueces de paz. No esperamos nada del gobierno ni del Estado, vayamos a la democracia directa, apelemos a la Constitución, referéndum popular por iniciativa ciudadana. Planteamos la reforma, la ponemos en consideración de la gente y tenemos que ir a recoger 1,5 millones de  firmas para ir al referéndum ciudadano, donde las preguntas y la propuesta la va a hacer la gente. Esas firmas nos llevan al sufragio, al día siguiente se hizo la reforma, sabiendo que hay cortapisas estatales, el Tribunal Electoral tiene que aprobar, tiene que pasar a revisión del Tribunal Constitucional. Está el tema de la justicia gracias al grupo de expertos, en el primer punto de la agenda nacional, entonces generemos una gran cruzada nacional, debate y una propuesta final, vamos a las urnas.

¿Quiénes más están en este grupo de abogados?

Va a darse a conocer.

¿Hay partidos?

Yo he dejado la militancia política, estas abogadas, estos abogados están participando de manera personal e independiente, porque creemos que la reforma de la justicia, esta cruzada nacional, no es contra el gobierno, no viene desde la oposición, es una propuesta que transversaliza a la sociedad desde nuestra perspectiva de militancia democrática. No hay posibilidades de sostener largamente nuestra vida democrática si no es a través de la reforma de la justicia, sin justicia no hay paz social, no hay desarrollo económico, social, no hay derechos humanos, por tanto, hay autoritarismo, no hay control de los gobernantes, por tanto, vamos camino a la tiranía.