Medio: ANF
Fecha de la publicación: miércoles 08 de septiembre de 2021
Categoría: Consulta previa
Subcategoría: Consulta a NPIOC
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Sin duda que un baluarte importante de la actual marcha indígena es la participación de hombres y mujeres marchistas de 1990, hoy son ancianos que expresan la preocupación auténtica de defensa de sus territorios conquistados en esa década, y actualmente amenazados por los avasallamientos y las políticas que impulsan el modelo económico, basado en la explotación de la minería en ríos amazónicos, exploración y explotación de hidrocarburos en los territorios indígenas, construcción de megas represas de alto impacto socio cultural y ambiental, y la expansión de la frontera agropecuaria.
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A pocos días de haberse conmemorado los 31 años de la histórica Primera Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad de 1990, el 24 de agosto del 2021 se anunció la partida de la XI Marcha Indígena desde la ciudad de Trinidad (Beni) rumbo a la capital cruceña.
La marcha indígena ha avanzado más de 250 kilómetros y se encuentra en territorio cruceño. Ha sido una marcha indígena poco anunciada por sus promotores, no cuenta con el consenso de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas y logró su organización a partir de la participación de líderes históricos como los tatas marchistas del ´90, quienes reivindican el respeto de los territorios y derechos de los pueblos indígenas de tierras bajas.
Las marchas indígenas históricamente han sido una estrategia de manifestación de la resistencia de los pueblos indígenas a las amenazas externas, resistencia manifestada en particular por los pueblos indígenas de la Amazonía. Las marchas indígenas se caracterizan no solo de mostrar su fortaleza física, sino sobre todo de reivindicación y exigibilidad del respeto y ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas; son pacíficas, logran articular las demandas o peticiones de varios pueblos, pero lo más importante que en lo posible pretenden obtener respuestas concretas a sus demandas por parte de las autoridades del Estado.
La actual marcha indígena se da en un contexto de profunda crisis socio organizativa de las organizaciones indígenas de tierras bajas, la gran mayoría de las organizaciones están divididas, politizadas y sin agendas propias. Un resultado de la actual marcha indígena es la creación del parlamento indígena como una alternativa a sus organizaciones tradicionales hoy cuestionadas e interpeladas por ellos mismos, o una alternativa para dar cuenta de su descontento con sus propios representantes indígenas en los órganos legislativos en los distintos niveles de gobierno. Ante esta ambigüedad, aún no se vislumbra su sostenibilidad en el tiempo por lo que tiene el riesgo que tampoco representará la verdadera autodeterminación de los pueblos y naciones indígenas, ya que carece principalmente de la decisión unánime desde las bases.
Sin duda que un baluarte importante de la actual marcha indígena es la participación de hombres y mujeres marchistas de 1990, hoy son ancianos que expresan la preocupación auténtica de defensa de sus territorios conquistados en esa década, y actualmente amenazados por los avasallamientos y las políticas que impulsan el modelo económico, basado en la explotación de la minería en ríos amazónicos, exploración y explotación de hidrocarburos en los territorios indígenas, construcción de megas represas de alto impacto socio cultural y ambiental, y la expansión de la frontera agropecuaria.
La marcha indígena también se desarrolla en un contexto de crisis ambiental y climática que vive el país. Si bien los focos de incendios y áreas quemadas en los últimos años se han concentrado en el departamento de Santa Cruz afectando en 2019 más de 3,9 millones de hectáreas, en áreas protegidas como Ñembiguasu (AIOC Charagua Iyambae) y Valle de Tucabaca (Municipio Roboré) ubicados en la transición de la llanura chaqueña y en plena Chiquitanía, los impactos de los incendios sobre los ecosistemas transcienden el departamento de Santa Cruz. La afectación de los incendios también se vive en el Beni, siendo el segundo departamento con mayor superficie afectada.
Otro elemento vinculado a la crisis ambiental, es que en Santa Cruz desde hace algunos años se ha intensificado el escenario de conflictividad en torno a la dotación de tierras fiscales a actores privados (agro empresarios), comunidades indígenas, campesinas e interculturales, responsables de los incendios principalmente a causa de la habilitación de suelos para la agropecuaria, problemática que se irá intensificando en el tiempo en el departamento beniano dado los resultados y puesta en vigor del nuevo Plan de Uso de Suelos (PLUS).
La profunda crisis organizativa que vive el movimiento indígena de tierras bajas solo será posible superarla en la medida que las dirigencias verdaderamente expresen los intereses, demandas y propuestas de sus bases ante los distintos niveles del Estado, recuperando y posicionando sus agendas orgánicas y cuestionando las políticas públicas que vulneran sus derechos colectivos, no solo ante los órganos ejecutivo y legislativo del gobierno central sino también de los niveles subnacionales.
Asimismo, podrá devenirse en el mediano y largo plazo un nuevo futuro para el movimiento indígena de tierras bajas en cuanto sus bases comunitarias estén adecuadamente informadas y ejerzan el control social a sus dirigencias o representantes. Por ahora, labor muy difícil de las dirigencias es generar articulación y cohesión interna de sus bases y cohesión externa entre las organizaciones pares, más aún cuando surgen iniciativas paralelas que tienen ausente la construcción (o reconstrucción) de un proyecto nacional desde los pueblos indígenas de tierras bajas.Desde CIPCA consideramos que son necesarios los espacios colectivos de reflexión interna crítica, autocrítica, de definición de propuestas y de consenso entre los pueblos y naciones indígenas, dejando de lado intereses personales y compromisos con agendas político partidarias, y requiere líderes verdaderamente comprometidos para unificar el movimiento indígena de tierras bajas de Bolivia. Mientras se mantengan divididos y sin agendas orgánicas propias serán presa útil de los poderes políticos.
Los hombres y mujeres marchistas mojeños, tacanas y yuracaré avanzan hacia su destino, se van sumando personas de otros pueblos indígenas como el ayoreo, wheenayek, cavineño, chiquitano y guaraní. Las preocupaciones y demandas de la XI marcha indígena son totalmente legítimas, aunque no existe un pliego petitorio concreto. Esto último pone en riesgo que el escenario sea aprovechado por líderes, autoridades, políticos, cívicos y otros que buscan réditos y que aparecerán como los grandes aliados de los indígenas, me refiero aquellos que históricamente han aprovechado la vestidura de los auténticos defensores de los territorios, guardianes de sus culturas y de la vida.
Ojalá que el esfuerzo físico y las convicciones que mantienen la larga caminata logre llamar la atención de las autoridades para que sean escuchados y atendidos, y también de los líderes indígenas y sus bases para reflexionar sobre su situación de crisis interna a nivel orgánico de cara a la unidad del movimiento indígena.
Alejandra Anzaldo García
