Desde que el presidente Luis Arce llegó al poder, el 8 de noviembre de 2020, al menos dos colectivos ciudadanos se presentaron como “guerreros” y con amenazas contra representantes de la oposición. El Gobierno y legisladores del MAS no reconocieron ningún vínculo con estos movimientos.

Esta semana cobró notoriedad “el ejército guerrillero” Wila Luch’us (gorros rojos) por efecto de un video que trajo consigo una amenaza contra Amparo Carvajal, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.

Uno de los representantes de este grupo dijo a EL DEBER que ese material audiovisual que circula en redes sociales “fue montado”. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, también negó su autenticidad, pero aseguró que este colectivo “no existe”.

El activista, quien pidió no revelar su identidad, señaló que su organización fue concebida “para aportar a nuestro Estado Plurinacional de Bolivia” y aclaró que un “ejército no es necesariamente es armado”, pues se trata de “defender una ideología” que, en su criterio, “muchos sectores del país no poseen en favor de la patria”.

La Defensoría del Pueblo, a través de un comunicado, rechazó esas amenazas y recordó que “el Estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos humanos a todos los habitantes de su territorio, debiendo resguardar la seguridad de éstos”.

Los Wila Luch’us aparecieron en varios videos de medios alternativos de la provincia Omasuyos de La Paz. En marzo, los representantes de la agrupación convocaron a una rueda de prensa en la Ceja de El Alto para anunciar su apoyo al “gobierno legalmente elegido”. Anunciaron que no permitirán “una rearticulación de los neoliberales” y advirtieron que, por ejemplo, el actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, “no puede volver a La Paz ni a El Alto”. “Si lo hace que se atenga a las consecuencias”, dijo uno de los dirigentes que se presentó como ‘Grover Wila Luch’u’ en el canal local Qhana Pacha.

Ayer, mediante una nota dirigida al Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) pidió conocer la afiliación política de los integrantes de este colectivo para saber si, en efecto, pertenecen o no a las filas del MAS.

En abril, integrantes de la Coordinadora Nacional en Defensa de la Democracia-Guerreros de la Wiphala llegaron hasta la plaza Murillo, uno de los sitios más custodiados de la sede de Gobierno, para demandar la detención de Camacho y una constituyente para “legalizar las milicias armadas” en el país. Simón Amaru, representante de este grupo, pidió “mano dura” al presidente Luis Arce para sancionar y procesar a las personas “de la derecha” que fueron parte de la crisis política de 2019. “Cuando la patria está en peligro, todo está permitido”, afirmó el dirigente a los periodistas.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez (MAS), señaló que “no puede haber grupos para-policiales, grupos irregulares. Todo grupo irregular debe ser desarticulado, sea de cualquier frente político”, remarcó el también dirigente cocalero.

Pero, el alcalde de La Paz, Iván Arias, alertó que existen otros grupos que se organizan para “hacer caer monumentos” en octubre, un mes considerado emblemático por el MAS debido a la celebración de las fallidas elecciones de 2019 y los comicios de 2020 que dieron la victoria a Luis Arce.

El 2 de agosto, varios jóvenes provocaron destrozos en la estatua de Cristóbal Colón de La Paz. Los responsables fueron liberados pese a la denuncia de la Alcaldía.

​