Por la imagen profesional y personal que me había hecho del ministro Lima, su propuesta de reforma judicial me ha sorprendido negativamente. Pongamos el tema en contexto. En 2016, el entonces vicepresidente del Estado reconoció que, la justicia en el país, era una vergüenza y que apestaba: “hoy estamos decepcionados de la justicia. Es el lugar de mayor corrupción y apesta. Nos da vergüenza y nos comprometemos a sacar de cuajo este cáncer”.

Identificó, como causa, que la injerencia política en la selección de los candidatos en 2011, fue un error. El primer objetivo de la elección judicial de 2017 sería “restablecer la meritocracia y la capacidad como aspectos fundamentales para seleccionar autoridades de los órganos de justicia”. Para ello, la misión sería “realizar una cirugía a corazón abierto a un sistema hundido en el mayor de los descréditos”, para construir una “justicia transparente, rápida y gratuita, que elimine la corrupción y garantice independencia política a los operadores de justicia.”

En línea con este discurso, la Asamblea Legislativa diseñó un aparatoso mecanismo de calificación de postulantes que comprendía méritos profesionales, un examen de conocimientos específicos elaborado por el CEUB, y entrevistas individuales. A pesar de todo el espectáculo, la injerencia política directa en todo el proceso quedó, esta vez, expuesta; se mostró que, reformar la justicia con los mejores “de chaleco o poncho”, nunca fue un objetivo (“Entrevista favoreció candidatos”, P7, 11.09.17; “Reacciones a un estudio sin seriedad ni validez”, P7, 16.09.17).

Específicamente, 24 horas antes del anuncio oficial, identificamos a 33 de los 36 postulantes que la ALP eligió como candidatos para la elección judicial. Como la probabilidad de este acierto “por suerte”, es de uno entre más de 100 mil millones, y la selección de la ALP incluye a postulantes aplazados en méritos o en el examen, la conclusión, inescapable, es que la selección obedeció a criterios estrictamente políticos.

Como no podía ser de otra manera, el resultado fue otro desastre judicial que, esta vez, ha llevado la chicana y las malas artes procesales, a los más altos tribunales, marcando el colapso terminal de la “majestad de la justicia”. El ministro Lima propone reformarla negando, de forma explícita, la posibilidad de remover –menos aún de juzgar– a los “desmerecidos personajes” que se nos impuso políticamente en 2017, y que han socavado los cimientos de la democracia y de la seguridad jurídica. Lo que el ministro propone, equivale a pedir que la sociedad juegue una “ruleta rusa” con “reglas Lima”: a) se cargan balas a todas las cámaras del revólver; b) se nos garantiza “la ventaja” de disparar primero; y, c) nos asegura jueces suficientes e imparciales para certificar el resultado. Es decir, la reforma Lima es suicidio para la sociedad.

Para construir una “estructura de justicia real”, el problema a resolver hoy, no son las normas, las cantidades, ni los procedimientos; es la existencia de esa banda de desmerecidos personajes, ilegítimamente empoderados, que pueden cambiarlas discrecionalmente. Apremia identificar y colocar, en los tribunales superiores, a las y los “ética y académicamente mejores”, para que conduzcan, de forma autónoma y sin injerencia política, la real “reforma refundacional” de la justicia. La nueva estructura se construiría siguiendo una secuencia de prioridades generadas por la estrategia nacional de desarrollo socio-económico sostenible, pero sobre cimientos sólidos de principios y valores que garanticen la estabilidad de la estructura a largo plazo.

La CPE garantiza una justicia independiente, oportuna y transparente, como derecho ciudadano básico. Si el ministro de justicia, no sabe cuándo habría esa justicia, su gestión será parte de “la justicia corrupta que apesta”. Así, ¿cómo espera que, la ciudadanía, obedezca normas derivadas de una CPE que se lee y aplica discrecionalmente, y, además, lo apoye en una reforma que no quitará ni la corrupción ni la pestilencia de la injusticia?

No olvidemos que la sociedad civil somos los mandantes, y los funcionarios nuestros mandatarios; cuando éstos pierden la vergüenza, la sociedad les pierde el respeto, y la historia los señalará.

Enrique Velazco Reckling es investigador en desarrollo productivo.