Las instituciones de los derechos humanos en Bolivia jugaron un rol protagónico en toda la conflictividad política; antes, durante y después de la subversión del orden constitucional vigente, 12 de noviembre de 2019. Desde diferentes entes que supuestamente debían velar por los derechos no solamente cívicos o políticos de quienes representaban, sino fundamentalmente de los derechos humanos se llegó a naturalizar e institucionalizar la violencia como legitima en las protestas sociales contra el gobierno del Movimiento Al Socialismo.

En ningún país democrático del mundo las instituciones que velan por el cumplimiento de los derechos humanos de la población permitirían que previa a la realización de las elecciones nacionales se aliente su desconocimiento y fomente la desobediencia civil como aconteció en nuestro país. Del 21 de octubre al 8 de noviembre de 2019 grupos armados irregulares cercaron las instituciones públicas, hostigaron y agredieron a servidores públicos, saquearon e incendiaron los Tribunales Electorales Departamentales; se naturalizó, fomentó y legitimó la violencia fascista desde los propios Comités Cívicos, Comité Nacional de Defensa de la Democracia – Conade, actores políticos opositores, Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Amparo Carvajal; entre otros.

Se generó una estrategia de escalada de violencia secuencial patrocinada por Luis Fernando Camacho, Marco Pumari, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga Ramírez, Eduardo León, Luis Larrea, Waldo Albarracín, Luis Revilla, los grupos armados irregulares Resistencia Juvenil Cochala y Unión Juvenil Cruceñista.

Mientras más escalaba la violencia, paralelamente se construía todo un relato de legitimidad y de legalidad de la mano de actores que creían fervientemente en una doctrina de derechos humanos para unos (los que protestaban contra el gobierno del MAS-IPSP) y una condena sistemática para otros (los defensores del denominado Proceso de Cambio). Esta doctrina de derechos humanos selectivos rápidamente fue adoptada por los medios hegemónicos de comunicación ahondando más la polarización del país.

Hasta la fecha ni la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Amparo Carvajal, ni los Comités Cívicos, ni el Conade, ni ninguno de los actores políticos mencionados precedentemente han respondido ante la justicia por la violencia desatada en la quema y saqueo de los Tribunales Electorales Departamentales de Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz, Pando y Beni. Tampoco han respondido por el permanente hostigamiento del Órgano Electoral en La Paz. La violencia contra las dependencias y funcionarios de Impuestos Nacionales, Ministerio de Educación, Aduana Nacional, Banco Unión, YPFB, Migración, Fiscalía Departamental, Tribunal Departamental de Justicia y la Jefatura Departamental de Trabajo. 

La doctrina de los derechos in-humanos en Bolivia se evidencia en las declaraciones más recientes de Amparo Carvajal refiriéndose a la Resistencia Juvenil Cochala como “una resistencia necesaria”. Siendo que este grupo armado irregular en particular protagonizó el destrozo de la Casa de Campaña del MAS-IPSP el 22 de octubre, ataques con armamento artesanal (bazucas) a dirigentes sociales el 24 de octubre en la noche, ataque con petardos, piedras y otro tipo de armas a la marcha pacífica de los afiliados de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba el 29 de octubre; operativos de generación de terror y agresiones físicas a militantes y simpatizantes, así como a autoridades del Movimiento Al Socialismo durante toda la jornada del 8 de noviembre.

Hasta el día de hoy ni Conade ni la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Amparo Carvajal emititieron un solo comunicado o pronunciamiento de rechazo o repudio a todas esas acciones violentas, ni defendido los derechos humanos violados sistemáticamente por los grupos armados irregulares Unión Juvenil Cruceñista y Resistencia Juvenil Cochala. Las familias de las 37 personas muertas, más de 800 personas heridas y más de 1500 personas detenidas ilegalmente tampoco encontrarán resguardo a sus derechos por parte de estas instituciones puesto que mucho antes del Golpe de Estado de noviembre de 2019 se construyó toda una doctrina de derechos selectivos; derechos humanos para unos y derechos in-humanos para otros. (Gabriel Villalba es abogado y analista político).