No vamos a volver a lo que ha significado el vergonzoso secuestro y encierro, sin proceso ni sentencia, de la expresidente Jeanine Añez. Es lo que los bolivianos decimos, un abuso sin nombre. Todo el país y la opinión internacional han protestado y siguen reclamando por una justicia que no llega, y que, por el contrario, se sumerge cada vez más, en lodazales para emporcarse junto a sus ejecutores.
La justicia boliviana jamás ha gozado de confianza, menos de prestigio, porque siempre estuvo sometida, de una manera u otra, a las influencias del poder. No es falso aquello de la llamada telefónica del ministro al juez o al fiscal, para arreglar un asunto. Pero con el acceso del MAS al mando de la nación, el sometimiento de la justicia al Gobierno fue total. Aparecieron figuras como la detención preventiva por cualquier motivo, sin mayor justificativo, que puede significar años de encierro, sin juicio siquiera.
Los ejemplos abundan y con solo citar el caso de Leopoldo Fernández y de los involucrados en los asesinatos del Hotel Las Américas, es suficiente. Por ese camino marcha la situación de Jeanine Añez, donde queda a la vista el ensañamiento del MAS contra una persona que no hizo otra cosa que cumplir con su deber como mandataria y que evitó enormes desgracias al país, que habrían sucedido si dejaba a la deriva el sitio que le correspondía constitucionalmente.
Este deterioro de la justicia ha empeorado hasta lo increíble con la promulgación de la pésima Constitución vigente, que se aprobó entre circos y cuarteles en el 2009. Esa Constitución no solo está muy mal redactada, lo que crea confusión, sino que está mal concebida. Y uno de los absurdos de concepción, quizá el peor de todos, es el que está establecido en el artículo 182, donde se dice que los magistrados (y magistradas) “serán elegidas y elegidos mediante sufragio universal”.
Cuando antes de que se incluyera en la Carta Magna ese peligroso disparate, se levantaron algunas voces de protesta y de advertencia por los peligros que entrañaba, en el oficialismo expresaron que aquello era para modernizar la democracia en la nueva Bolivia; que estaríamos a la cabeza de la evolución del Derecho; que seríamos la primera nación del mundo en tener una judicatura elegida por la voluntad del pueblo. ¡Hermoso! ¡Como para callar a cualquiera! Pero ningún país siguió nuestros pasos y así estamos como estamos.
En el mismo artículo 182 se daba el puntillazo mortal a la justicia cuando se establecía que sería la Asamblea Legislativa, por dos tercios de sus miembros, la encargada de la selección de los postulantes a los cargos en la magistratura y que remitiría al Órgano Electoral la nómina de los precalificados para que éste “proceda a la organización única y exclusiva, del proceso electoral”. Es decir, que se daba fin a los méritos y experiencia de los magistrados y se los sustituía por “togados” que tuvieran apoyo político en la Asamblea.
Lo cínico es que en el letal artículo 182, se incluye una procacidad mayor, al determinar que: “Los magistrados y magistradas no podrán pertenecer a organizaciones políticas”. Pero, ¿cabe semejante tomadura de pelo a la nación? ¿Acaso el 80 % o más de los “togados” no son afines al MAS? ¿Acaso no hemos visto a jueces jurando con el puño izquierdo en alto? ¿Acaso la mayoría de la población no votó nulo o blanco porque no confiaba en los candidatos? ¿Cuál ha sido el resultado?: la indecente justicia que tenemos.
Urge la redacción de una nueva Constitución, porque hay que barrer con muchas imposturas. Pero hay que tener en cuenta que toda Carta Magna debe ser elaborada por letrados, personalidades reconocidas por su experiencia en tribunales o academias, pero no por ambiciosos principiantes callejeros. Porque si la Asamblea Constituyente va a estar compuesta como la Asamblea Legislativa de hoy (con perdón de algunos parlamentarios que merecen todo mi respeto) su resultado será el reflejo de quienes la escriban.