Tanto la reforma judicial planteada por el Gobierno, vía cumbres departamentales, como la revisión de las actas de las elecciones de 2019, que emprende el procurador del Estado, Wilfredo Chávez, tienen el objetivo de acallar las voces que reclaman cambios en el Órgano Judicial, así como cerrar el caso fraude y concluir que no hubo alteración de resultados en los comicios de 2019, según analistas.

El ministro de Justicia, Iván Lima, está actualmente “socializando” los seis ejes que ha planteado como base para para su reforma judicial. Para dar a conocer detalles de su plan y a la vez recoger propuestas, organizó cumbres en los nueve departamentos del Bolivia y al momento ya visitó tres regiones.

El sociólogo e investigador en temas políticos Fernando Salazar desahució esta iniciativa gubernamental, porque en estas cumbres no existen opiniones de expertos ni de colegios de abogados o de las facultades de derecho.

“El Gobierno con estas cumbres judiciales trata de encubrir con una acción política partidaria un hecho que es de necesidad nacional. Las cumbres son el más grande fracaso del MAS junto con el plan de control social de la erradicación de coca, jamás cumplieron sus objetivos”, aseguró Salazar.

Para el investigador, todas las cumbres que organizó el MAS en sus anteriores gestiones fracasaron, porque no hubo resultados. Citó la de la salud, la de seguridad ciudadana y la de justicia de 2016.

El analista político Rolando Tellería dijo que los encuentros que plantea el Gobierno no solucionan el problema de fondo de la justicia boliviana, que radica en “la injerencia perniciosa del Órgano Ejecutivo sobre el poder judicial, afectando significativamente la separación, independencia y equilibrio de poderes”.

Agregó que esta crisis es la más compleja y aguda de toda nuestra historia y está relacionada con la composición y la selección, nada probas e idóneas, de magistrados, jueces, vocales y también fiscales.

Conteo de actas

Según Salazar, el tema del fraude electoral ya es irreversible, “pueden revisar las actas, tienen todo el derecho, pero no se puede anular un informe (el de la Organización de Estados Americanos) que es vinculante para el Estado boliviano”.

Señaló que el Gobierno pretende con esta revisión de actas desconocer la auditoría electoral de la OEA  al igual que el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016.

Sobre el plan de Chávez de revisar cada una de las 35.000 actas electorales digitalizadas, Tellería dijo que es un exabrupto. “Pretende simplemente consolidar la narrativa oficial de golpe de Estado. Este parece el objetivo número uno de la actual gestión de Arce Catacora”, señaló.

Para el analista, todos los órganos de poder en manos del MAS tienen ahora ese crucial objetivo. Detrás de esta intención estaría Evo Morales, como el principal interesado.