Frente a la reforma judicial en debate, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena señaló que un primer paso sería cambiar al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, a diferencia de su colega del Movimiento Al Socialismo (MAS) Virginia Velasco, que plantea cambios desde la base del sistema.

En entrevista con ambas legisladoras en el streaming Piedra, Papel y Tinta de La Razón, este miércoles 8, Requena aseveró que CC “cree que Jeanine Áñez debe ir a juicio”, al menos por las masacres de Sacaba y Senkata de 2019, pero que el cambio del fiscal Lanchipa es el primer paso necesario.

En opinión de la legisladora opositora, el punto es que si “el fiscal no es creíble, el proceso judicial (que lleva adelante) no es creíble”.

Si bien el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) es una importante base para ver los casos de las violaciones de derechos humanos en 2019, es un documento que debe desarrollar el Ministerio Público; por esto se pide cambiar a los fiscales, primero el general, y luego los departamentales, insistió Requena.

Todo el proceso de cambios —dijo Requena— bien se lo puede hacer en 90 días.

En réplica, Velasco (MAS) consideró que en 90 días no es posible reformar la Justicia. Afirmó que la crisis de la Justicia es integral. «No vamos a comenzar por la cabeza, el problema está en el piso», dijo en relación a las víctimas de la crisis política de 2019.

Se trata de trabajar con los fiscales de materia, los que directamente deben ver los casos, y empezar por ahí la reforma.

Velasco recordó que aún está vigente la ley de seguimiento a las cumbres de justicia, foros realizados en el gobierno de Evo Morales en los que ya se plantearon reflexiones y propuestas para la reforma, y que de hecho ahora se están aplicando algunas de las recomendaciones, como la introducción masiva de la tecnología a los procesos judiciales.

Dijo que las cumbres ya dieron las pautas sobre que la reforma de la justicia debe ir por garantizar el acceso a la justicia, la lucha contra la corrupción en el sistema, el modelo de gestión judicial y la cualificación de los recursos humanos.