El diputado Gonzalo Barrientos y el senador Edwin Rodríguez, ambos de (UD), cuestionaron la falta de transparencia con la que se manejan estos temas que son de interés privativo de los ciudadanos y apuntaron que no se puede pretender vulnerar este derecho con la aprobación de documentos que dan todas las facultades del manejo de información en general a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), dependiente del Ejecutivo.

“(Esta ley) no sólo dará transferencia de información entre el Sereci y el Segip a través de una plataforma como nos hicieron creer, sino que con esta ley se abre toda la información, económica, financiera, además del uso de la firma digital, en diferentes trámites. Vamos a plantear un recurso de inconstitucionalidad”, dijo el diputado Barrientos.

El pasado viernes, en entrevista con Los Tiempos, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, dijo que hay “imprecisiones” en la Ley de Ciudadanía Digital y pidió que se defina cuál será el organismo que se encargue de generar la identidad digital, algo que, según norma, debería estar bajo tuición del Servicio de Registro Cívico (Sereci) y el Servicio General de Identificación Personal (Segip), ambos dependientes del TSE.

En este sentido, a decir del senador Rodríguez, esta ley obliga a que todos los ciudadanos mayores de 18 años se registren ante Agetic para obtener de esa manera la ciudadanía digital. “Ésta definirá los pasos reglamentarios, por tanto, en un régimen tan autoritario, donde el Estado es policía, depositar los datos nos genera mucha susceptibilidad y desconfianza”.

Ambos recordaron que, en primera instancia, el oficialismo, con su mayoría, aprobó el flujo de información y datos personales entre el Segip y Sereci, en el que interactúa Agetic, que facilitará el acceso de consulta en línea mediante mecanismos de interoperabilidad a todos los datos de certificados de nacimiento, estado civil y certificado de defunción de las personas naturales registradas en su base de datos, además del registro biométrico.

Barrientos dijo que, con esta nueva ley, el Gobierno busca conocer todos los trámites que realizan las personas —financieros, compra y venta, propiedades— y que esta información será de acceso al Ejecutivo, porque Agetic está bajo la tuición del Ministerio de la Presidencia

“Nos estarán vigilando en todo, ya perderemos nuestro derecho a la privacidad, por eso vamos a acudir el Tribunal Constitucional, pese a toda la desconfianza que nos genera esa instancia”, indicó Barrientos.

La Agetic es la encargada de desarrollar todos los actos procedimentales del registro para el acceso a la ciudadanía digital.

De acuerdo con la norma, que está a puertas de su promulgación en el Ejecutivo, “las bolivianas y bolivianos, extranjeros residentes en Bolivia mayores de dieciocho (18) años de edad, mediante el registro ante las entidades responsables deberán obtener sus credenciales de ciudadanía digital, las cuales sólo podrán ser administradas por el interesado”.

Asimismo, establece que las instituciones que brindan servicios públicos están en la obligación de compartir los datos con la Agetic.

El vocal Costas criticó que no se haya tomado en cuenta al TSE en su elaboración, y espera que en la etapa de la reglamentación se los convoque para dilucidar el rol del Sereci y el Segip.

ALISTAN REGLAMENTO Y PROMULGACIÓN

El pasado jueves, el Senado aprobó en grande y en detalle la Ley de Ciudadanía Digital y remitió esa normativa al Ejecutivo para su promulgación. Según información de la Asamblea Legislativa, se prevé poner en vigencia la norma en las próximas semanas.

A partir de la promulgación, habrá por lo menos tres meses para elaborar la reglamentación. Legisladores de la oposición informaron que antes de este proceso se debe aclarar la situación del Sereci, el Segip y la seguridad de los datos personales de los bolivianos. Sin embargo, el TSE adelantó que si son convocados a la reglamentación, participarán con propuestas.