a justicia es un tema demasiado importante para dejarlo solamente en manos de los partidos políticos. La profundidad de la transformación necesaria requiere de un “acuerdo grande” con participación de la sociedad civil organizada; de ahí que la lucha por una administración judicial independiente pueda ser la nueva hoja de ruta para las plataformas ciudadanas, que tuvieron un papel tan destacado en la victoria del 21F sobre el reeleccionismo indefinido y en las protestas contra el fraude electoral.

A medida que el país avanzó en un proceso demográfico de urbanización, también se fue relativizando el peso de varios de los movimientos sociales, predominantemente rurales y provistos de una cultura verticalista y autoritaria, a la manera del trust cocalero del Chapare.

A la par, se dio la emergencia del protagonismo de las plataformas ciudadanas, de carácter mayormente urbano y muy activas en las redes sociales. A diferencia de los movimientos sociales, fuertemente corporativistas, sectoriales y territorializados, las plataformas aparecen con una identidad pluriclasista y universalista, más útil para la construcción de república y ciudadanía.

Luchar —con estricta disciplina no violenta— por una justicia independiente es hacerlo también por la división de poderes, por el check and balance imprescindible para los equilibrios democráticos. Es trabajar por una contrahegemonía.

Las plataformas pueden ser el caldo de cultivo para una reforma de la justicia “de abajo hacia arriba” si generan un debate con masa crítica entre organizaciones de la sociedad civil, como los colegios de abogados, las federaciones de profesionales y el movimiento cívico, además de las universidades públicas y privadas.

Una cuestión clave a discutir es la de si esta reforma deberá ir primero por los cauces de un cambio constitucional parcial (lo que podría dilatarla) o si debería impulsarse inicialmente, cuanto antes, un adelantamiento de las elecciones judiciales para contar con nuevos actores en los principales tribunales.

Cabe recordar que, a diferencia de las elecciones judiciales precedentes, éstas se darían sin que el Movimiento Al Socialismo cuente con una mayoría calificada de 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que abre la posibilidad de incluir en las ternas a postulantes con verdadera idoneidad, previa selección meritocrática que debe ser vigilada desde la sociedad.

La concurrencia a las urnas podría unir a los sectores democráticos en torno a la causa común de fortalecer la división de poderes, sin los lamentables faccionalismos que caracterizaron al proceso electoral de 2020.

Todo esto requiere, claro, algo más que debate, requiere una intensa movilización pacífica que pida la renuncia de los principales magistrados y pueda detonar el adelantamiento. Nadie dice que sea fácil, pero es un horizonte de posibilidad.