Dos acciones emprendidas en los últimos días por instancias gubernamentales suscitan interrogantes acerca de sus verdaderos propósitos y su utilidad real para “Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de las personas” y el “cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en (la) Constitución”, como lo establece la misma ley de leyes.

Se trata de la “ruta crítica” emprendida por el Ministerio de Justicia con el propósito de socializar los ejes de su proyecto de reforma judicial, y, a iniciativa de la Procuraduría General del Estado, la revisión de las actas electorales de los anulados comicios generales de 2019.

Desde el viernes pasado, el Ministro de Justicia y su equipo están visitando las capitales departamentales. Comenzó en Oruro, donde anunció que “no (buscan) estudios técnicos, estudios sofisticados de grupos de abogados, sino entender a nuestro pueblo y qué es lo que se quiere de la transformación de la justicia”.

Una transformación anunciada e iniciada en noviembre de 2020, abortada en febrero de este año y actualizada hace poco, al parecer, como resultado de las duras críticas al sistema judicial boliviano contenidas en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acerca de los hechos de violencia ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019.

Esas nueve “cumbres departamentales”, en las que el Ministerio de Justicia difunde los seis ejes de su plan de reforma judicial, tendrían que servir para formular proyectos de ley en un plazo de 90 días. Es inevitable comparar esa iniciativa con la “Cumbre Nacional de Justicia Para Vivir Bien” realizada en Sucre, en 2016, luego de encuentros similares a los que ocurren ahora, y en los que se abordaron también seis ejes temáticos.

Esa cumbre costó más de medio millón de dólares, además de una inversión importante de energías, recursos materiales y expectativas ciudadanas que, finalmente, no tuvieron resultado alguno en su propósito. Al menos ninguno positivo, pues, entre 2016 y hoy, la administración de justicia parece estar más sometida al poder político.

Respecto de la revisión de las 35 mil actas electorales de las elecciones de 2019, el propósito de esa iniciativa del Procurador General del Estado: “Para que la teoría del fraude (electoral) se caiga para siempre”, evidencia el empeño del aparato estatal, y el derroche de sus recursos, en la búsqueda del beneficio de un partido político: el MAS, y de un individuo: su jefe máximo.

¿En qué contribuye esa acción al bien colectivo de los bolivianos, a la reactivación económica, a la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones públicas? En nada.