Debemos partir de una premisa irrefutable de que la necesaria y urgente reforma judicial que está exigiéndose en el país, para poder recuperar un mínimo del sitial de responsabilidad y seguridad que deben tener los operadores de justicia (magistrados, jueces y funcionarios de menor rango), para el cumplimiento de sus delicadas labores, es la formación profesional de sus componentes que deben ser abogados.

Es una verdad de Perogrullo que solo los abogados pueden ser magistrados o jueces y consecuentemente los aspirantes a estas funciones, primero deben profesionalizarse y titularse de abogados para después poder pretender ser elegidos o designados como magistrados o jueces (salvo los funcionarios de rango menor que serán, en todo caso, estudiantes de Derecho), y eso nos lleva al origen mismo de la formación como profesionales abogados que las personas reciben en las facultades de Derecho de las diferentes universidades públicas o privadas.

Esto nos lleva a considerar algunas reflexiones, inherentes al comportamiento de los profesionales encargados y responsables de administrar justicia.

Desconozco la cantidad de facultades de Derecho que existan en Bolivia, aunque es obvio que la mayoría absoluta de las universidades públicas o privadas tienen en su oferta de estudios la carrera de Derecho. No es un aspecto secreto, que muchos de los estudiantes de Derecho lo hacen porque se sienten no capacitados para las matemáticas u otras materias técnicas, dejando de lado un elemento primordial en la vida de las personas que es la vocación, que tiene una lógica consecuencia que es una pobreza de profesionalización en acceder a actividades para las cuales ese profesional, estará capacitado técnicamente en el Derecho, pero no va a sentir en lo profundo de su ser, que es el operador de un alto valor moral como es la Justicia y la defensa de los derechos de las personas.

No es materia de este artículo analizar el comportamiento institucional de las universidades en sus carreras de Derecho, sobre la formación profesional de los estudiantes, pero sí es parte inherente al conocimiento del graduado y en especial al comportamiento que deba mostrar en su vida profesional.

Hay una materia o, por mejor decirlo, un aspecto que no creo que ninguna universidad pública o privada tenga en su pénsum, que es el estudio y la formación del estudiante de Derecho en ética. Sabemos que este alto valor axiológico tiene dentro de sí el conjunto de normas morales que rige la conducta humana, es una cuestión de responsabilidad práctica, personal y cotidiana. La ética se debe aplicar en cada momento, y en todas las actividades que tenemos, porque es o debiera ser una cualidad esencial de las personas, debe formar parte integrante de la vida cotidiana.

El desempeño en la vida profesional de un abogado que no se encuadre en la ética ya es desdeñable, pero se agrava tremendamente cuando ese profesional abogado desempeña las funciones de magistrado o juez y su conducta, por ausencia de ética, destroza la seguridad, la confianza y afecta de diferentes maneras la vida de relación en sociedad, al no tener seguridad jurídica, de que quien debe defender el derecho y aplicar la justicia, por ausencia de ética, tuerce la verdad y beneficia lo incorrecto.

Si buscamos una verdadera revolución de transformación en la administración de justicia, se debe empezar por revolucionar el pénsum y la formación académica de las facultades de Derecho en todas la universidades públicas o privadas, en que el estudio y formación del estudiante de Derecho esté sustentado en la ética, y así vislumbrar cuando esos estudiantes sean profesionales, habrá una seguridad moral que dé seguridad jurídica a la población en general, en el accionar de quienes sean designados magistrados o jueces.