El presidente Luis Arce cumple hoy diez meses de gestión. En este periodo su mandato se mantiene a distancia de los pedidos de unidad entre los bolivianos y con un sistema judicial sometido al poder político, como mencionó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

Arce tiene datos alentadores. Y lo son en lo económico, en la materia que más conoce. Aunque esos resultados no convencen a todos. El empresariado privado pide al Gobierno central más apertura para atender sus demandas.

Luis Arce asumió la Presidencia de Bolivia el 8 de noviembre de 2020. Lo hizo en medio de una polaridad política que a la fecha poco cambió. También ingresó a la Casa Grande del Pueblo sabiendo que al día siguiente Evo Morales se trasladaría de Argentina a Bolivia. Esa “sombra” empezaba a seguirlo. El expresidente no busca la reconciliación, menos la unidad del país. A esa línea dura tuvo que suscribirse Arce. En cambio, el vicepresidente David Choquehuanca va en contrasentido.

El analista Marcelo Arequipa observó que el Gobierno entró en sintonía con la línea partidaria del Movimiento Al Socialismo (MAS) “y decidió sacrificar la estabilidad social y política para imponer la teoría del golpe de manera hegemónica, aunque no todos los bolivianos crean y acepten que lo hubo”.

Arequipa acotó que en ese terreno se puede ver a Luis Arce como un “príncipe heredero”, ya que gobierna el país con la misma base social que respaldó a Evo.

Agenda política

Similar mirada la tiene el analista Paul Antonio Coca. En lo político considera que Evo Morales germinó un grupo al interior del MAS que se enfrenta al ala profesional de Arce y al grupo de indigenistas de Choquehuanca.

“Esta fue una gestión muy política con muy poco trabajo técnico. Solamente se habló de política, golpe de Estado y otras cosas y no de aspectos importantes como el contrabando y la situación de la Chiquitania. Arce nunca demostró que hubo golpe de Estado, lo mismo que Jeanine Áñez, que tampoco demostró que hubo fraude”, detalla Coca.

Morales creó un sistema de organizaciones sociales paralelo al que trabaja con Luis Arce. El Pacto de Unidad respalda la gestión de Arce y el mandatario mantiene el respaldo de la Central Obrera Boliviana (COB). Lo contrario hizo Morales, que tuvo que promover un conglomerado de sectores sociales con los que se reúne.

En lo económico los diez meses de gestión de Arce tienen datos alentadores, pero no consolidados. Los empresarios critican al mandatario por cerrar las puertas del Ejecutivo para explicar sus demandas y, paradójicamente, dicen que Morales era más abierto a dialogar con ese sector.

“No se saldrá de la crisis cada uno por su lado, sino conversando, discutiendo los problemas y trabajando juntos”, reclamó Luis Barbery, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).

En esa línea está el empresario Cristóbal Roda, quien lamentó que el Ejecutivo no atienda al sector privado. “No sé si tuvo mucho que ver el tema político con referencia a años pasados. Nos han encarado al sector privado como el promotor de todo lo que ocurrió (en 2019) y no es así. Hubo una reacción popular, y no solo cruceña sino nacional”, cuestionó.

Datos del Gobierno

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, explicó que hasta junio de este año el Índice Global de Actividad Económica (IGAE) registró un crecimiento del 8,7% debido al impulso de los sectores económicos como la minería, la construcción, el transporte e hidrocarburos. La minería, según Montenegro, fue el sector que empujó al país en la denominada reactivación económica.

Sin embargo, aunque el Gobierno muestra datos alentadores, analistas económicos observan la falta de un plan de reactivación económica y de recursos externos que permitan alcanzar un crecimiento sostenido.

El economista Gabriel Espinoza consideró que una estrategia de reactivación económica debe estar acompañada con medidas de generación de empleos sostenibles en el sector privado, ya que el aparato estatal demanda empleos de corto plazo. Por ello, dijo que es necesario facilitar el desarrollo del sector formal a través de la modificación de normativas impositivas que desincentivan la creación de empleos de calidad.

Por su parte, el economista Gonzalo Chávez observó que el financiamiento para salir de la crisis económica está basado en el acceso a recursos internos, puesto que en diez meses el Gobierno -dijo- se prestó más de Bs 7.000 millones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), pese a tener prevista la emisión de bonos soberanos por $us 3.000 millones.

Con relación al desempleo, el Gobierno reportó un descenso en el índice de desempleo a un 6,4% en julio, además de $us 1.090 millones de superávit comercial logrados el pasado mes debido a la mejora en el sector exportador.

Espinoza recalcó que esa cifra se debe a que en la pasada gestión las fuentes laborales se cerraron por la pandemia y ahora, de a poco, se abren empleos,  sobre todo en el sector público.

Otra piedra en los diez meses de gestión de Arce es la crisis del sistema judicial. No hay una voz que aplauda el trabajo de la justicia ni de la Fiscalía. El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé consideró que “inevitablemente” los cambios en la administración de justicia pasan por la reforma constitucional y por una profunda revolución en el trabajo del Ministerio Público.

El ministro de Justicia, Iván Lima, recolecta propuestas para modificar algunos aspectos de la justicia. Su meta es tener insumos en 90 días. Ese plazo fue criticado por expertos. El abogado Víctor Hugo Chávez consideró que existe “mucha improvisación” en el trabajo de Lima.

Arce juró a la Presidencia en plena pandemia por el coronavirus. En su primer discurso como presidente poco mencionó sobre el trabajo para contener el Covid-19. Posesionó a Édgar Pozo como ministro de Salud, lo que dio una esperanza en el sector médico. Pero luego lo removieron porque se enfermó tras contagiarse de coronavirus y Arce recurrió a Jeyson Auza en lugar de Pozo. Auza es un médico militante del MAS.

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, cuestionó el trabajo del Ministerio de Salud y observó que el plan de vacunación no es el adecuado para llegar al 100% de la población objetiva del país. Ahora se tropieza con la falta de segundas dosis de la Sputnik V. Un dato alentador es que Bolivia tiene las vacunas necesarias para inocular al 99% de la población mayor de 18 años con la primera dosis.

Para el analista Arequipa, el aspecto de la educación es fundamental. “No sabemos cuál es el plan del Gobierno para volver a clases presenciales de manera progresiva”.