Mediante una pintura fiel pero dolorosa, se ha dicho que desde el poder se plantea un estado de guerra en el que hay que exterminar al enemigo, sin tregua ni cuartel. El país tiene por beligerantes al gobierno y la oposición, siendo ésta el objetivo de destrucción. En todos los países existe controversia –que no es igual a guerra– entre el gobierno y quienes se le oponen, pero sin buscar el extremo de aniquilamiento. Este grado de beligerancia es uno de los ingredientes distintivos que nos ha traído el Estado Plurinacional de Bolivia y, claro, para aniquilar al “enemigo” se dispone desde el poder de todos los elementos y pertrechos precisos para esa finalidad.
Alinean en la vanguardia oficial y como brazo ejecutor la mayoría de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), los Tribunales y las Fiscalías. La Policía es obediente a los anteriores y no abandona sus métodos represivos de ayer y de hoy. El gobierno ha elegido dos símbolos, dos trofeos: Jeanine Áñez, ex presidenta “de facto” y Carlos Mesa Gisbert, también ex presidente. Ella ya purga supuestos crímenes como detenida “preventiva”, con su salud en grave peligro, próxima a juicio de responsabilidades. Mesa está todavía libre, pero en capilla por similar juicio en la ALP.
Se trata de dos trofeos de guerra para el sacrificio. Si para la primera no se reúne los dos tercios legislativos, tiene ya incoados sendos juicios ordinarios por conspiración, terrorismo, etc., algunos desdoblados para prologar su detención. Esta estrategia judicial no puede ser más oficial; su inventor es el propio Ministro de Justicia. En cuanto al otro trofeo, Carlos Mesa, se le cargará 42.6 millones de dólares pagados a Quiborax, empresa chilena defraudadora, nacionalizada por Mesa. Como al parecer en el caso de este opositor se está lejos de los dos 2/3 condenatorios, se le tiene anunciada una cadena de procesos destinados a anularlo políticamente, a manos de Tribunales y fiscales sumisos. Este astronómico monto se canceló en 2018 sin titubeos y al contado violento por el Ministerio de Economía y Finanzas, comandado entonces por Luis Arce.
Este pago, por jugada rocambolesca, se elevó de 2.5 millones de dólares a la elevada suma de 42.6 mm de dólares. Tiene por verdaderos responsables a los ejecutivos de la Procuraduría de entonces, a Héctor Arce Z. y César Navarro, ministros de Justicia y Minería, respectivamente. Para tapar este escándalo Evo Morales dispuso la amnistía de los involucrados e introdujo a Jorge Quiroga y Carlos Mesa, sometiendo esta medida a un raro plazo de un año de amnistía. El cargo contra Mesa es, en pocas palabras, haber decretado la nacionalización de las concesiones que tenía Quiborax a su favor. En un Estado de tal naturaleza no hay convivencia fraterna, ni progreso y desarrollo.