El poder constituyente expresado en la Asamblea Constituyente, en su Comisión Justicia aprobó el Art. 178.I, “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”, ratificado por el soberano en 2019 en el Referéndum Constituyente. Pero los servidores del Órgano Judicial no cumplen el mandato constitucional y actúan con base en la devolución de prebendas del poder público, que ordena cumplir con el Adendum del ALBA.
Según Roberto Bobio, la justicia es un fin social. Evo Morales criminaliza la vida política en el país, aplasta al opositor, sea político o social, los problemas políticos se resuelven con la manipulación de fiscales y jueces. Se ordena cárcel para los opositores, por tanto, no hay independencia judicial ni policial.
El sistema de justicia es primitivo, faltan lineamientos filosóficos, la impunidad campea en los que administran justicia, favorecen a los que tienen poder y dinero. No hay democracia porque la institucionalidad fue destrozada, se ha vuelto natural tranzar con el fiscal o el juez, y la creación de corporaciones.
No somos iguales ante la ley, estamos desprotegidos, se premia a los corruptos como Rudy Flores, que aprobó la nefasta sentencia 084/2017, asume como embajador en Ginebra (a su esposa la nombran cónsul) y hoy ocupa el puesto de Jefe de Gabinete de Choquehuanca, al ex fiscal Ramiro Guerrero lo premian al nombrarlo cónsul.
La administración de justicia hoy está sometida al Ejecutivo, que convirtió al Órgano Judicial en su principal instrumento para cumplir el Adendum del ALBA, cuyo Cap.1.7 define: Leyes “cuando nos haya llegado el momento de gobernar abiertamente y de mostrar los beneficios de nuestro gobierno, reforzaremos todas las legislaturas. Nuestras leyes serán breves, claras e inmutables, sin comentarios para que todos puedan entenderlas bien. El rasgo predominante de estas leyes será una obediencia a la autoridad llevada a lo sublime. Nuestros jueces serán escogidos, entre aquellos que sepan bien que su papel es castigar y aplicar las leyes que fortalezcan indudablemente a nuestra causa”. Firmado por caudillos del socialismo del Siglo XXI.
Bolivia tiene que cumplir las Recomendaciones del GIEI que son: 1) “Garantizar la independencia del sistema de justicia, lo cual incluye que las autoridades políticas se abstengan de pronunciarse sobre investigaciones y procesos penales en curso o que estén por iniciarse, así como garantizar los recursos presupuestarios suficientes y permanentes para el adecuado funcionamiento de los órganos de justicia”. 2) “Garantizar la independencia funcional y externa, y la estabilidad profesional de los jueces, juezas y fiscales. Lo anterior implica cesar la práctica de contratación en régimen provisional de estos profesionales. Asimismo, deben ser seleccionadas/os mediante convocatorias públicas y procesos transparentes, de acuerdo con criterios objetivos de mérito y de manera absolutamente independiente de motivaciones político-partidarias”.
Se debe procesar penalmente a los magistrados del TCP, pues como si fueran constituyentes firmaron la sentencia 084/2017, no cumplieron su función constitucional, pisotearon el voto del 21F de 2016 que dijo NO a la reelección de Morales. Cometieron delito porque la sentencia originó vacío de poder, violencia generalizada, enfrentamiento entre bolivianos.
El TCP actuó con discrecionalidad. La Asamblea Legislativa no cumple su función, deliberan a gritos y puños. Se debe aplicar la Constitución en los 4 poderes, romper ese vínculo perverso de política en la administración de justicia. El ex ministro Quintana con autoritarismo dijo “vaciar los bolsillos y dar a los pobres”, “las vacunas son para los pobres, no para los ricos”. Entonces el gobierno no puede ser juez y parte, debe tomar en cuenta lo que establece el Art.178.I de la CPE, que limita el Poder y exige cumplir el mandato del Soberano.

La autora es Abogada, ex Asambleísta Constituyente.