Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: miércoles 08 de septiembre de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Judicial
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En marzo de 2014, el
informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los
Derechos Humanos en Bolivia (http://www.nu.org.bo/wp-content/uploads/2015/04/Informe_2014.pdf)
identificaba, en su párrafo 41, como un problema estructural del sistema
judicial boliviano, la “escasa independencia judicial y una clara incapacidad
para garantizar el debido proceso” afirmando además que ello se ha agravado.
Dos años más tarde,
el gobierno en manos del MAS, aparentaba encarar los problemas de la justicia
en el país. El 3 y 4 de junio de 2016, tras nueve pre-cumbres departamentales,
en la ciudad de Sucre llevaba a cabo la Cumbre Nacional de Justicia.
Allí se abordaron
seis ejes temáticos y dentro ellos el anuncio de considerar la reforma de los
artículos 182, 188, 194 y 198 de la Constitución, sobre la elección de las
máximas autoridades judiciales, terminó descartada. A cambio se presentaba al
país, como sus mayores aportes, el incorporar la pena de cadena perpetua para
el delito de violación de niños y niñas seguida de muerte y la refundación del
sistema de justicia, a partir del ejemplo implementado por la Justicia Indígena
Originario Campesina.
En consonancia con
su naturaleza neo populista solo aparentaban encarar los problemas de la
justicia, mientras en el fondo buscaban burlar las exigencias de la ONU sobre
una justicia independiente y el respeto al debido proceso.
Como parte del show,
en enero de 2017, el gobierno promulgó la Ley 898 de creación de la Comisión de
Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia, supuestamente para
mejorar los reglamentos de preselección y evaluación de las máximas autoridades
judiciales y del Ministerio Público. Cuatro años después solo se tiene una
mayor instrumentalización política de la justicia.
Los hechos
corroboraron que nunca quisieron resolver los problemas de la justicia, sino
todo lo contrario. Más aún cuando entró en juego la necesidad del partido de
gobierno y su jefe de encontrar el cómo burlar, en el ámbito judicial, el
Referéndum del 21 de febrero de 2016 y que le dijo NO a la reelección
presidencial indefinida.
En espera de
resultados de la presunta mejora de la justicia los organismos internacionales
de derechos humanos bajaron la guardia y, antes de concluir ese mismo 2017, el
entonces presidente Morales otra vez reflejaba su talante autoritario y
contrario a los derechos humanos. “La llamada independencia de poderes está al
servicio del imperio norteamericano” afirmó en una entrevista televisiva
difundida el 20 y 21 de septiembre, a la par que empezaba a presionar al
Tribunal Constitucional Plurinacional para que habiliten la reelección
indefinida como si se tratase de un derecho humano.
Hace unos días atrás
el Ministro de Justicia ha hecho una propuesta de seis ejes temáticos para la
transformación de la justicia, que nos recuerda el fracaso y engaño de la
Cumbre Nacional de la Justicia de 2016: aparentar encarar la crisis de la
justicia para simplemente terminar reforzando la capacidad del partido de
gobierno para controlarla.
Desde luego, como en
2016, los temas de independencia, imparcialidad y transparencia de la justicia
que reclama el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no resultan
contar en la propuesta con soluciones reales.
Con ello es claro
que seguiremos con operadores de justicia con camisetas azules al servicio de
intereses del partido de gobierno y, parafraseando el informe del Alto
Comisionado de la ONU para los DD.HH. de 2014, después de un nuevo engaño,
volveremos a constatar que la falta de independencia de la justicia y la
violación del debido proceso se han agravado.



