En marzo de 2014, el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos en Bolivia (http://www.nu.org.bo/wp-content/uploads/2015/04/Informe_2014.pdf) identificaba, en su párrafo 41, como un problema estructural del sistema judicial boliviano, la “escasa independencia judicial y una clara incapacidad para garantizar el debido proceso” afirmando además que ello se ha agravado.

Dos años más tarde, el gobierno en manos del MAS, aparentaba encarar los problemas de la justicia en el país. El 3 y 4 de junio de 2016, tras nueve pre-cumbres departamentales, en la ciudad de Sucre llevaba a cabo la Cumbre Nacional de Justicia.

Allí se abordaron seis ejes temáticos y dentro ellos el anuncio de considerar la reforma de los artículos 182, 188, 194 y 198 de la Constitución, sobre la elección de las máximas autoridades judiciales, terminó descartada. A cambio se presentaba al país, como sus mayores aportes, el incorporar la pena de cadena perpetua para el delito de violación de niños y niñas seguida de muerte y la refundación del sistema de justicia, a partir del ejemplo implementado por la Justicia Indígena Originario Campesina.

En consonancia con su naturaleza neo populista solo aparentaban encarar los problemas de la justicia, mientras en el fondo buscaban burlar las exigencias de la ONU sobre una justicia independiente y el respeto al debido proceso.

Como parte del show, en enero de 2017, el gobierno promulgó la Ley 898 de creación de la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia, supuestamente para mejorar los reglamentos de preselección y evaluación de las máximas autoridades judiciales y del Ministerio Público. Cuatro años después solo se tiene una mayor instrumentalización política de la justicia.

Los hechos corroboraron que nunca quisieron resolver los problemas de la justicia, sino todo lo contrario. Más aún cuando entró en juego la necesidad del partido de gobierno y su jefe de encontrar el cómo burlar, en el ámbito judicial, el Referéndum del 21 de febrero de 2016 y que le dijo NO a la reelección presidencial indefinida.

En espera de resultados de la presunta mejora de la justicia los organismos internacionales de derechos humanos bajaron la guardia y, antes de concluir ese mismo 2017, el entonces presidente Morales otra vez reflejaba su talante autoritario y contrario a los derechos humanos. “La llamada independencia de poderes está al servicio del imperio norteamericano” afirmó en una entrevista televisiva difundida el 20 y 21 de septiembre, a la par que empezaba a presionar al Tribunal Constitucional Plurinacional para que habiliten la reelección indefinida como si se tratase de un derecho humano.

Hace unos días atrás el Ministro de Justicia ha hecho una propuesta de seis ejes temáticos para la transformación de la justicia, que nos recuerda el fracaso y engaño de la Cumbre Nacional de la Justicia de 2016: aparentar encarar la crisis de la justicia para simplemente terminar reforzando la capacidad del partido de gobierno para controlarla.

Desde luego, como en 2016, los temas de independencia, imparcialidad y transparencia de la justicia que reclama el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no resultan contar en la propuesta con soluciones reales.

Con ello es claro que seguiremos con operadores de justicia con camisetas azules al servicio de intereses del partido de gobierno y, parafraseando el informe del Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH. de 2014, después de un nuevo engaño, volveremos a constatar que la falta de independencia de la justicia y la violación del debido proceso se han agravado.