El ministro de Justicia, Iván Lima, ha planteado una reforma judicial de seis ejes que no contempla el cambio más importante: la despolitización de la justicia a través del nombramiento de magistrados y operadores judiciales idóneos e independientes.

Por lo tanto, cualquier esfuerzo corre el riesgo de ser apenas un listado de buenas intenciones o, peor aún, una cortina de humo para aplacar las críticas a la abierta manipulación del sistema judicial por parte del partido gobernante.

Recordemos que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) emitió un diagnóstico lapidario sobre la justicia y la Fiscalía de Bolivia, que resumió en cuatro constataciones: 1) la falta de independencia de la administración de justicia, 2) la ausencia de garantías del debido proceso y debida diligencia en materia penal mediante la instrumentalización del sistema de justicia para la persecución política, 3) el uso abusivo de la prisión preventiva, y 4) los obstáculos al derecho al acceso a la verdad y la justicia.

Son tareas concretas que el gobierno de Luis Arce debería encarar antes de buscar justicia para las víctimas de los hechos de 2019;  caso contrario, todo intento en ese sentido estará bajo sospecha. La comunidad internacional ha coincidido en pedir que se respete el debido proceso en los juicios que se instauraron contra los opositores porque tiene conocimiento de que lo menos independiente que existe en Bolivia es la Justicia y la Fiscalía.

Simulando que responde positivamente a la crítica nacional e internacional, el ministro Lima planteó los siguientes ejes para una reforma judicial: 1) Balanceo del conflicto para distribuir los jueces de manera más equitativa en el país, 2) acceso a la justicia, 3) independencia judicial, 4) soluciones TIC, 5) desarrollo normativo y 6) transparencia.

En el acápite de la independencia judicial, prevé la promoción y fiscalización de procesos meritocráticos y transparentes, pero nada se dice sobre la forma de elección de los magistrados, que ahora son nombrados por voto popular, de listas elaboradas por la mayoría oficialista de la Asamblea Legislativa. Para cambiar este mecanismo, es necesario reformar la Constitución y lograr un acuerdo nacional para la despolitización de la justicia.

En cambio, Lima plantea un proceso abstracto que no incluye el cambio de operadores judiciales ni fiscales, por lo que su planteamiento se queda en la superficie del problema. Hay que recordar que el Ministro de Justicia ya fracasó en su primer intento de reforma judicial cuando parecía tener buenas intenciones. Si no reencamina su propuesta actual,  corre el riesgo de fracasar por segunda vez.