La participación política de las mujeres indígenas aún es un asunto pendiente en Bolivia por la discriminación, la falta de espacios de formación y la adecuación a la tecnología, pese a las leyes nacionales que fomentan la equidad de representación y sancionan el acoso político.

Las dificultades de las mujeres indígenas se presentan primero en su ingreso a la actividad política y se complican en el caso de que resulten electas como autoridades en medio de tensiones con sus pares varones y el dilema de ejercer ese cargo bajo su propia convicción o supeditadas a las decisiones de su organización.

Los casos de presiones para que muchas renuncien a sus cargos pese a haber sido elegidas, las destituciones forzadas y hasta asesinatos como el de la concejala Juana Quispe en 2012 son parte de una situación contradictoria en Bolivia, donde por ley la presencia femenina en el Parlamento debe ser equitativa a la de los hombres.

El difícil ejercicio de un cargo

«Se ven más dificultades» que avances, manifestó a Efe la diputada indígena Toribia Lero de la opositora Comunidad Ciudadana (CC) ya que «las agresiones y violencia continúan» en contra de las mujeres que buscan hacer un camino en la política.

A juicio de Lero las mujeres tienen una forma «propia» de hacer política que las diferencia de los hombres con base en su «libre determinación», algo difícil de conseguir en contextos de polarización como el que afronta el país tras la crisis de 2019 y que ha dividido las posiciones en torno a acusaciones de «golpe de Estado» o «fraude electoral».

La legisladora apuntó lo difícil que es hacer un camino en la política en el que considera que debe existir una «formación permanente» y el conocimiento de la «diversidad» del país para realmente «producir algo» y no solamente levantar la mano en los momentos de votación.

Las dificultades que identificó parten de un contexto que sigue siendo «patriarcal y machista» ya que las violencias surgen tanto contra las mujeres de oposición porque deben «someterse» al partido mayoritario como las oficialistas a las que se les pide «levantar la mano en bloque» sin opción a «decidir libremente», ejemplificó.

Inclusive, Lero considera que se ha llegado a pensar que es una simple «obligación» completar el 50 % de cupos de mujeres, algo que a su juicio «no es así».

Entre roles domésticos y política

En gran parte del área rural boliviana el rol político de las mujeres debe coexistir con su labor en su familia, trabajo y cuidados de los animales, manifestó a Efe la coordinadora del Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aimara (CDIMA), Teresa Condori.

A partir de eso, consideró que las mujeres indígenas necesitan «un impulso» para ejercer los cargos públicos en ámbitos en los que «hay bastante discriminación» como la propia familia y los espacios políticos.

A juicio de Condori, las dificultades que se presentan están principalmente en la necesidad de una «suficiente educación superior» y el necesario «manejo tecnológico» que se han convertido en requisitos para el desempeño de la labor política.

Justamente, una publicación de CDIMA estableció que las mujeres indígenas «son utilizadas por diferentes partidos políticos como símbolos de lucha» y que la «discriminación» persiste a pesar de las normas que garantizan «paridad y alternancia» en el caso de los cargos electivos.

«Los hombres descalifican a las mujeres con el argumento de que ellas no tienen formación» y que si bien hay un aumentado real de las mujeres en la política «eso no significa que puedan ejercer sus derechos políticos», señala el texto.

La participación política de las mujeres en Bolivia comenzó entre 1947 y 1949 cuando aquellas con instrucción podía optar por cargos municipales, aunque recién en 1952 se estableció una igualdad de derechos con los hombres cuando se estableció el voto universal.

En 1997 se dispuso mediante una ley nacional que el 30 % de las listas de las candidaturas al Parlamento debían estar compuestas por mujeres, algo que se extendió al 50 % en 2004 mediante criterios de paridad y alternancia.

Actualmente, el 55,6 % de los cargos en el Senado son mujeres y 46,9 % en la Cámara de Diputados.