El Gobierno define la modalidad para llevar a cabo la auditoría al sistema de cómputo oficial de las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019, para probar o descartar la narrativa del presunto fraude electoral del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y de la oposición.

En entrevista con el programa Gestoso Global, conducido por Jorge Gestoso, el procurador general del Estado (PGE), Wilfredo Chávez, dijo que la decisión fue asumida después de que la Contraloría General del Estado (CGE) evidenció que la OEA no cumplió con los parámetros internacionales establecidos para realizar una auditoría integral al proceso electoral de 2019.

“Estamos en este momento realizando un trabajo en el diseño de un plan metodológico de cómo vamos a organizar. La siguiente semana vamos a hacer conocer cómo vamos a abordar ese trabajo y cómo vamos a hacer que todas las actas sean cotejadas con la fuente; el acta de cómputo para ver si efectivamente ha habido una distorsión o no”, sostuvo Chávez.

El Procurador recordó que el acuerdo suscrito entre el Gobierno boliviano y la OEA establecía una auditoría integral, es decir verificar una posible alteración en las 35 mil actas electorales digitalizadas por el Tribunal Supremo Electoral, pero lamentablemente los 33 peritos de la Organización de Estados Americanos apenas contrastaron 1.500, por lo que el informe preliminar y final entregado no es responsable.

Chávez fue enfático en precisar que la decisión de realizar una auditoría es para que los bolivianos y la comunidad internacional conozcan que los peritos de la OEA han realizado su trabajo con información no vinculante del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y no del sistema de cómputo oficial de votos del Tribunal Supremo Electoral, como se acordó en el convenio.