Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: lunes 06 de septiembre de 2021
Categoría: Institucional
Subcategoría: Vocales
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El abogado de la exdiputada Lidia Patty, Marcelo Valdez,
anunció que solicitará al Ministerio Público convocar a declarar en
calidad de testigo al expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE)
Salvador Romero, en el marco del denominado caso “golpe de Estado”.
“Salvador Romero tiene más responsabilidad, porque fue el
primer vocal nombrado por Jeanine Añez y después sucedieron los siguientes y
tendrían responsabilidad. Ellos deberían haber pedido en su momento cuentas,
deberían haber acreditado, y haber hecho el análisis y si es que no
correspondía (a Jeanine Añez ser presidenta), indicar que al que le
correspondía era a un asambleísta del MAS, el que debería ser presidente”,
afirmó Valdez.
El jurista indicó que se debe aclarar por
qué motivos el TSE no pidió que Añez acredite su “legitimación” y dijo:
“Hasta una universidad cuando falsifican un título se vuelve en parte civil y
es víctima; en ese caso el Órgano Electoral es víctima, porque esa instancia es
la única que acredita a las autoridades nacionales, departamentales,
municipales, regionales”.
El domingo, la delegada presidencial ante el TSE, Dina
Chuquimia, señaló que el ente electoral otorga credenciales a las autoridades
que fueron elegidas mediante voto popular y no así a quienes asumen el mando en
una crisis como la de 2019.
“En el caso específico de doña Jeanine Añez se hizo la
entrega de la credencial, pero como senadora por el departamento de Beni. En
ningún caso hubo la entrega oficial de credencial de presidenta del Estado (…).
Añez era senadora, ése era su cargo, y luego ya en la Asamblea Legislativa
vieron la otra situación que se generó a raíz de una crisis política que
vivimos los bolivianos en 2019”, dijo Chuquimia en entrevista en Btv.
El 25 de agosto la Fiscalía emitió un requerimiento para que
TSE informe si Añez fue acreditada por ese órgano del Estado como
presidenta.
Evo Morales, antes de su renuncia el 10 de noviembre de
2019, había instruido a la Asamblea Legislativa Plurinacional nombrar nuevos
vocales para llevar adelante una nueva elección. Ese mismo día la Fiscalía
emitió ordenes de aprehensión contra todos los miembros vocales del TSE.