La amenaza de la desobediencia civil fue lanzada por la oposición 16 días antes de las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019. Un cabildo de políticos y activistas contrarios al gobierno de Evo Morales preparó el terreno político en inmediaciones del monumento Cristo Redentor el 4 de octubre, cuando determinó acciones de “rebeldía y desconocimiento” a los resultados de los comicios en caso de un presunto fraude.

El encuentro estaba dirigido por Luis Fernando Camacho, entonces presidente del Comité pro Santa Cruz, quien asumió el cargo el 2 de febrero de 2019. En los registros de la institución cívica califican las determinaciones del 4 de octubre como un hito histórico “para decidir y cumplir” y resultado de diferentes manifestaciones contra el Gobierno del MAS desde 2017.

20 de octubre

Mediante Resolución TSE-RSP-ADM N° 239/2019 del 27 de mayo de 2019, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a elecciones para el domingo 20 de octubre de 2019.

Para la jornada electoral, 7.315.364 ciudadanos fueron habilitados. Se emitieron 6.460.515 votos, de los cuales 6.137.671 fueron válidos, 93.507 en blanco y 229.337 nulos.  

Tras el cierre de la votación, el TSE instaló las sesiones de sala plena permanente para iniciar el conteo de votos y poner en marcha el sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), a modo de conteo rápido de resultados.

Con el 83,76% de los votos emitidos, el resultado parcial mostraba que Evo Morales lideraba la votación; pero, por ese momento, no alcanzaba la diferencia de votos de 10% necesaria para ser declarado ganador en primera vuelta ante un segundo lugar ocupado por el candidato de la alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa.

“Alrededor de las 8:00 p. m., el conteo rápido se suspendió hasta la mañana siguiente, cuando se anunciaron los nuevos resultados que indicaban un aumento en la diferencia de votos entre los dos candidatos, para una victoria de Evo Morales en la primera vuelta (sic)”, se lee en el informe presentado el 17 de agosto pasado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).

El TREP fue un sistema de información que permitió conocer, en el menor tiempo posible, los resultados preliminares no vinculantes de las mesas de sufragio para que se disponga de información previa al cómputo definitivo y oficial.

Los sectores opositores asumieron la paralización del conteo rápido como un argumento para desconocer los resultados oficiales y convocar a marchas, huelgas de hambre, cabildos y un paro cívico indefinido de 21 días que culminó con la renuncia de Evo Morales. Convocaron el 21 de octubre a movilizaciones para rechazar la suspensión del TREP pese a que los datos no tenían validez jurídica ni influían en resultados oficiales finales.

“Como el candidato que va a ir a la segunda vuelta con el señor Morales, estoy llamado a la movilización de Comunidad Ciudadana, de los comités cívicos, de los partidos políticos y del Conade (Comité de Defensa de la Democracia) para que estemos en todos los tribunales departamentales electorales y aquí en el Tribunal Supremo Electoral (TSE)”, manifestó Mesa en conferencia de prensa esa jornada.

Sin contar con el resultado oficial al 100%, la misión de observación electoral de la OEA en Bolivia declaró ese 21 de octubre su preocupación sobre los datos preliminares y anunció un informe previendo una segunda vuelta.

Ante el llamado de Mesa, plataformas ciudadanas, cívicos y organizaciones políticas de oposición se organizaron el 22 de octubre para aplicar un paro nacional indefinido a partir del día siguiente.

El abogado boliviano, experto en derecho internacional y especializado en geopolítica, Gabriel Villalba, considera que la hipótesis del fraude electoral fue la excusa avalada por actores externos para impulsar una ruptura institucional en 2019. Asegura que esa versión era la única vía que sustentaba el gobierno ilegal de Jeanine Añez y la violencia.

“Los últimos informes específicos sobre la conflictividad política en Bolivia revelan que esta hipótesis del supuesto fraude electoral de 2019 nunca pasó y al nunca acontecer tampoco se tienen las pruebas documentadas y fehacientes de su existencia, porque efectivamente nunca ocurrió. Tuvieron más de un año para demostrar esta hipótesis y hoy el pueblo boliviano sabe más que nunca que simplemente fue la excusa avalada por la Organización de Estados Americanos para dar el golpe a Evo Morales”, asevera.

El Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España, fue contratada para la pericia en el Área de Seguridad Informática y Administración de Redes sobre la integridad informática de los resultados de las elecciones del 20 de octubre de 2019, encargada por el Ministerio Público el 15 de abril de 2021.

En el documento se establece la inexistencia de manipulación en datos que prueben una actuación dolosa que hubiera incidido en los resultados del proceso electoral. Demostró que los sistemas y las bases de datos del TREP y del cómputo oficial, en su funcionamiento y flujos de procesos, son completamente independientes.

Violencia opositora

El 25 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral anunció los resultados oficiales al 100%. Evo Morales obtuvo el 47,08% y se impuso a Mesa que obtuvo el 36,51% en segundo lugar. Así se descartó una segunda vuelta.

Ante esa situación, el 31 de octubre, un cabildo nacional convocado por movimientos sociales en la paz exigió la renuncia de Morales, rechazó la segunda vuelta y convocó a la Policía y a las FFAA a sumarse a las protestas.

Villalba asegura que los sectores opositores optaron ese entonces por desconocer la decisión en las urnas y, sobre todo, por unirse en movilizaciones como signo de rechazo a las fórmulas democráticas.

“Cuando todos los caminos por la vía democrática estaban cerrados, porque nunca pudieron ganar en esa batalla de las ideas al MAS, se empecinaron en cambiar de fórmula y la fórmula a la cual cambiaron fue precisamente adoptar la violencia, la subversión del orden constitucional”, dijo.

A eso, se sumaron actores internacionales como la OEA que el 10 de noviembre difundió un informe preliminar con el que denunciaba sin pruebas un caso de fraude.

Esas acusaciones derivaron en hechos de violencia de opositores y paramilitares contra autoridades, líderes sociales y sus familias. Se concretaron quemas de instituciones públicas y viviendas.

En complicidad con las FFAA y la Policía, la escalada de violencia produjo el 10 de noviembre de 2019 la renuncia de Morales, quien denunció un golpe de Estado.

La entonces senadora Jeanine Añez aprovechó el escenario para instalarse en el Gobierno sin respaldo y aplicar un régimen de más violencia como en los casos de las masacres de Senkata de El Alto y Sacaba en Cochabamba.

Los 11 delitos de Añez

Jeanine Añez cometió al menos 11 delitos antes de la toma del poder el 12 de noviembre de 2019, en su autoproclamación como presidenta y durante su gestión de casi un año, según las acusaciones judiciales en su contra que alertan de la existencia de peligro de fuga y obstaculización de la justicia.

Los delitos por los cuales se la acusa son: sedición, conspiración, terrorismo, resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, delitos contra la libertad de prensa, atentados contra la libertad de trabajo, genocidio, lesiones graves y leves y lesiones seguidas de muerte.

Sedición, conspiración, terrorismo

Añez, antes de tomar el poder, conminó/ordenó públicamente a las FFAA para que salgan a las calles a reprimir a la población en el marco de los preparativos para deponer a un gobierno legalmente constituido (de Evo Morales).

“El 11 de noviembre de 2019, la Sra. Jeanine Añez Chávez, a través de medios  de  comunicación  nacional  de  manera  pública manifiesta que el Comandante de la Policía Boliviana le envió una carta para que conmine al comandante de las FFAA, General Williams Kaliman, para que ordene que los militares salgan  a  las  calles para reprimir a la población que protestaba por el golpe de Estado  que  se  estaba  gestando, orden que fue cumplida por el Alto Mando Militar con  serias consecuencias para los protestantes, siendo que se  reportó heridos y  muertos”, indica la imputación formal.

El documento menciona que antes de asumir el poder  sostuvo reuniones con Luis Fernando Camacho y otros actores políticos cuyos seguidores estaban en bloqueos, manifestaciones y violencia, en distintos puntos del país, para deponer al gobierno. “Jeanine Añez, quien cooperaba con los movimientos subversivos que encabezaba Luis Fernando Camacho”, señala.

“Se puede establecer que las reuniones previas a la ascensión del gobierno de Jeanine Añez y sus ministros fueron con el fin de  organizar  y  direccionar que ejecuten planes para generar temor, muerte y heridos en el eje central del país, vale decir La Paz, Cochabamba y Santa  Cruz  y  otras regiones, con  el  fin de desestabilizar y alzarse públicamente y en abierta hostilidad, con la finalidad de intimidar  o mantener en estado de alarma (…) subvertir el orden constitucional o deponer al gobierno elegido constitucionalmente”, señala el documento.

También se la acusa por haber asumido de manera ilegal la presidencia del Senado y la Presidencia del país.

El 12 de noviembre  de  2019,  Jeanine Añez convoca a sesión de la Cámara de Senadores “sin cumplir con los rituales procesales para este cometido y sin quórum correspondiente se autoproclama presidenta del Senado para posteriormente constituirse en la Asamblea el pleno donde se autoproclama como Presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia sin respetar el orden  constitucional,  para  posteriormente constituirse  en  el  Palacio de Gobierno”, donde un militar le impuso los símbolos presidenciales, indica la imputación formal.

Por todo lo indicado, Añez fue acusada por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo.

Resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes

La expresidenta de facto fue acusada también por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, conducta antieconómica, incumplimiento de contratos por aprobar el préstamo de $us 327.165.649,93 del Fondo Monetario Internacional (FMI) sin contar con la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“En fecha 26 de junio de 2020, pese a que la Asamblea Legislativa Plurinacional no aprobó el crédito otorgado por el FMI, haciendo caso omiso a las advertencias y observaciones de este órgano, quebrantando de eso forma lo separación de poderes, cuando ya el FMI había transferido los recursos de IFR a la cuenta del MEFP, en una suerte de legitimar un acto ilegal y anticonstitucional, JEANINE AÑEZ CHÁVEZ y todo su gabinete de Ministros, promulgan el Decreto Supremo Nº 4277, que dispone lo siguiente: ‘(…) ARTÍCULO l. (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto disponer la transferencia de los recursos de la asistencia otorgada bajo el Instrumento de Financiamiento Rápido – IFR del Fondo Monetario Internacional – FMI, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, como apoyo presupuestario poro el Tesoro General de la Nación – TGN’ (sic)”, indica la proposición acusatoria.

“La promulgación del D.S. 4277 se constituye en el acto jurídico ilícito que, emitido por el órgano Ejecutivo, es la expresión del abuso de poder que sobrepasa la división de poderes (manifestación mínima de la democracia), cuando omite el concurso de la Asamblea Legislativa Plurinacional. De esta manera, Jeanine Añez Chávez materializa la acción típica, consistente en ‘dictar resoluciones u orden contraria a la Constitución o a las leyes, es decir, una operación psicológica positiva de realizar un acto administrativo que es incompatible con la omisión, como expresión del abuso y desviación de poder, elementos característicos de la violación al Estado de derecho y la democracia”, agrega el documento.

 Libertad de expresión

Mientras estuvo en el poder, Añez aprobó los Decretos Supremos Nº 4231, de 7 de mayo de 2020; N° 4200, de 25 de marzo de 2020 y N° 4199, de 21 de marzo de 2020, los cuales implican los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes; delitos contra la libertad de prensa y atentados contra la libertad de trabajo, todos establecidos en el Código Penal.

Por ejemplo, el Decreto N° 4231 estableció que “II. Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.  

Con esta medida se acalló, se limitó, se vulneró y se restringió ese bien jurídico protegido como es a la libertad de expresión, que era tan importante e imprescindible en el manejo de la información, precisamente cuando todas las personas, grupos familiares, grupos sociales y la población en su conjunto de nuestro país, necesitaban tener acceso irrestricto y abierto a la información, indica la acusación.

Caso Fundempresa

Añez, mediante el Decreto Supremo N° 4356 de 29 de septiembre de 2020, amplió la concesión del Registro de Comercio para esa instancia por 15 años adicionales, vale decir, hasta el 29 de septiembre de 2036 y subsecuentemente a ello autorizó al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural la suscripción de la Adenda al Contrato de Concesión, documento que no sólo modificó el plazo de la concesión, sino también los porcentajes de distribución de los recursos entre el Estado y Fundempresa, en total inobservancia a lo dispuesto en el Decreto Supremo 26215.

Caso masacres de Senkata y Sacaba

Ante denuncia de las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba, la Fiscalía General del Estado acusó a Añez por los delitos de genocidio, lesiones graves y leves y lesiones seguidas de muerte, que tienen una pena de cárcel de hasta 30 años, debido a que ella estuvo a cargo de las FFAA y de la Policía en 2019 y aprobó dinero para sus operaciones planificadas que causaron matanzas, ejecuciones extrajudiciales de al menos 20 personas y centenares de heridos que protestaban contra su régimen de facto.

El Requerimiento Acusatorio que será tratado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, señala que ella se autoproclamó presidenta del país y asumió el mando de las FFAA y la Policía en 2019.

La acusación de la Fiscalía indica que las masacres de Senkata y Sacaba “acontecieron tras la planificación y ejecución operativa conjunta policial militar dispuesta por el nivel central de Gobierno bajo la autoridad y aquiescencia de JEANINE AÑEZ CHÁVEZ quien en ese momento ejercía funciones de Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, habiendo asumido además el control de las fuerzas del orden y seguridad del Estado (Fuerzas Armadas y Policía Boliviana) (sic)”.