El diplomático y exembajador de Bolivia ante la OEA Jaime Aparicio habló con Los Tiempos sobre la situación internacional del país, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y los retos de la justicia y la política en el país.

—El Gobierno denunció ante el Consejo Permanente al secretario general de la OEA, Luis Almagro, por una supuesta injerencia política. ¿Logró su objetivo? 

—Fue un grave error diplomático. Una gran mayoría de los países miembros asistentes a la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, solicitada por Bolivia, no sólo rechazaron los alegatos de Bolivia contra Luis Almagro, sino que manifestaron su pleno respaldo a las misiones de observación electoral de la OEA, destacando su experiencia, calidad técnica, prestigio e independencia. Bolivia quedó aislada, junto a los regímenes populistas de México y Argentina y la dictadura de Nicaragua.

De todo esto, queda claro que Bolivia no pudo imponer, como era su intención, un falso relato para reconstruir la realidad de los hechos que son de conocimiento de los expertos de la OEA y de los propios bolivianos. En esa misma sesión, el secretario de Fortalecimiento de la Democracia de la Organización, Francisco Guerrero, presentó un resumen de los hallazgos que confirman técnicamente la existencia de una manipulación dolosa en todas las etapas del proceso electoral de 2019, con lo que el casó quedó cerrado en la OEA.

—El Gobierno afirma que la auditoría de la OEA no es vinculante ¿Qué opina? 

—La OEA, a través de su secretario general, Luis Almagro, firmó de buena fe un acuerdo vinculante, en el cual el Gobierno de Evo Morales se comprometió a aceptar los resultados del informe de auditoría de la OEA. Ahora corresponde al Gobierno actuar también de buena fe y dar cumplimiento al compromiso internacional vinculante adquirido con la OEA. El prestigio del país está en juego.

—El Gobierno dice ahora que no hubo “ninguna auditoría” de la OEA y que este organismo incumplió el acuerdo. 

—El informe de la Contraloría sobre la pericia electoral de la OEA es un absurdo. Se trata de un acuerdo internacional vinculante sobre el cual esta entidad nacional no tiene ninguna jurisdicción. 

La OEA cumplió cabalmente con el acuerdo. Es falso que el informe preliminar “no estaba acordado”. Esos informes son una práctica regular estándar de las misiones electorales y de las auditorías y el Gobierno lo sabía. Cuando se firman acuerdos de observación o auditoría, se aceptan sus procedimientos de actuación.

También es falso que el Gobierno no conoció el informe de auditoría hasta que fue hecho público por Luis Almagro. Dicho documento fue conocido por Evo Morales antes de que sea público, como demuestra el hecho de que Evo Morales confesó públicamente que intentó hablar con Almagro el 9 de noviembre para evitar que se haga público el informe, bajo el argumento que dicha auditoría “incendiaría el país”.

—¿Por qué el Gobierno insiste en desacreditar la auditoría de la OEA?

—El Gobierno de Luis Arce intenta reconstruir la historia del fraude electoral, de la renuncia y fuga del expresidente Evo Morales fabricando una narrativa falsa, cuya premisa es que no hubo fraude, sino golpe de Estado, en el que participaron la Unión Europea, la OEA, la Iglesia y lo que el Gobierno llama “la oposición de derecha”, que en realidad fue la resistencia masiva y pacífica de los ciudadanos ante las violaciones al Estado de derecho en Bolivia. Esa estrategia de Evo Morales de posicionar la idea de un golpe de Estado requiere anular las evidencias sobre el fraude electoral.

—¿Cree que la posición del MAS sobre la OEA tiene eco?

—En los últimos meses, diversas reacciones internacionales han mostrado el creciente deterioro de la imagen internacional de Luis Arce, por varios desatinos de su gobierno que afectan su política exterior y la buena fe del Estado boliviano. La Unión Europea se pronunció el 5 de agosto en respuesta a acusaciones que hizo el Procurador General del Estado, llamando “delincuentes” a representantes diplomáticos, políticos y de la Iglesia católica que se reunieron en la Universidad Católica Boliviana en noviembre de 2019. La UE aclaró que el único objetivo de esas reuniones era “ayudar a pacificar el país en tiempos de extrema tensión facilitando una plataforma para el diálogo”. La UE añadió que, bajo el liderazgo de la Iglesia, “ayudó a facilitar” reuniones con actores clave de todos los partidos políticos, incluidos representantes del MAS. 

El segundo revés lo dio la OEA cuando el 9 de agosto ratificó en un comunicado la validez de los hallazgos de la auditoría vinculante sobre la integridad del proceso electoral de 2019, solicitada por el Gobierno de Evo Morales, la cual determinó que hubo una manipulación dolosa de las elecciones.

El tercer revés fue la reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que determina que la reelección indefinida no es un derecho humano, invalidando la sentencia del Tribunal Constitucional que habilitó a Evo Morales a elegirse indefinidamente, sin tener competencia para interpretar la Convención Americana.

Finalmente, un cuarto revés al Gobierno de Arce lo dio el Consejo Permanente de la OEA, convocado a una sesión extraordinaria por solicitud del Gobierno de Bolivia, el 24 de agosto, ratificando la existencia del fraude electoral de 2019.

¿ÁÑEZ Y EVO DEBEN SER PROCESADOS?

Al respecto, Aparicio aseveró que la primera premisa es que las responsabilidades que correspondan a los hechos de violencia sucedidos en Bolivia en el segundo semestre de 2019 deben ser establecidas por tribunales, jueces y fiscales independientes, probos y calificados. 

“Lo que según el propio GIEI y muchos otros organismos que monitorean el sistema judicial boliviano han declarado que no existe. La justicia boliviana actual está sometida al gobierno y actúa como un instrumento de persecución política”, aseveró.

La segunda premisa —dijo— es que los sucesos de violencia se dieron durante dos gobiernos consecutivas y las responsabilidades alcanzan a dos gobiernos. Hoy, la expresidenta está ilegalmente detenida, sin pruebas y es víctima del abuso de la detención preventiva, mientras que Morales no ha sido llamado ni a declarar. Eso no es justicia, explicó.

CAMBIAR LA JUSTICIA ES LA PRIMERA TAREA 

Respecto a qué pasos debería seguir Bolivia para dar cumplimiento al informe del GIEI, Aparicio dijo que se debe “comenzar por nombrar jueces y fiscales independientes y probos en el ámbito de una reforma judicial inmediata aprobada por un gran consenso nacional”.

Además, se necesita “dar garantías de que el expresidente Morales responda por las responsabilidades de violaciones a los derechos humanos, no sólo el 2019, sino por crímenes sucedidos durante los 14 años de su gobierno”.

Respecto a la propuesta del MAS de reemplazar a la OEA, Aparicio señaló: “Es una declaración sin consecuencias. La OEA es el único foro político que reúne a Latinoamérica, el Caribe, México, Estados Unidos y Canadá, además de ser el eje central del Sistema Interamericano. Son declaraciones de orden ideológico que se hacen desde hace más de 50 años y nadie las toma en serio”.