El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó hace unas semanas en Bolivia su “Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019”. De más de 500 páginas, el fulminante documento está conmocionando a la sociedad boliviana en varios aspectos.

Uno de estos está relacionado con la justicia, su mala administración y su instrumentalización por el poder político de turno. El GIEI advierte que persiste una falta de independencia de la administración de justicia como problema estructural en Bolivia. 

“La observación del funcionamiento del sistema de justicia permitió notar que magistrados, magistradas y fiscales están expuestos a presiones e injerencias externas en el ejercicio de sus funciones, en particular de sectores políticos, como se evidencia en el análisis de las investigaciones y los procesos judiciales a lo largo del informe”, señala de forma textual el documento.

Al tener el informe del GIEI carácter vinculante, es decir, que sus recomendaciones son de cumplimento obligatorio, el Gobierno ha reaccionado y ha planteado esta semana una reforma judicial en base a seis ejes.

Si embargo, la propuesta presentada por el ministro de Justicia, Iván Lima, está recibiendo críticas y observaciones de analistas, abogados y constitucionalistas, principalmente porque no toca el origen del problema que es la forma de elección de los magistrados y eso pasa por abrir la Constitución

Política del Estado (CPE) para establecer las reformas.

Otra observación que hacen es su superficialidad. Los críticos anotan que no aborda los cambios desde la estructura, ya que la justicia necesita cambios profundos.

Los abogados y analistas Germán Gutiérrez  y Juan del Granado, entrevistados por ANF, ponen bajo la lupa los  seis planteamientos para la reforma judicial del ministro  de Justicia, Iván Lima.

Los 6 ejes de Lima

1.- Balanceo del conflicto. Consiste en la distribución uniforme y estratégica de jueces en el país, de acuerdo a la cantidad de población y materia judicial.

Para el abogado Germán Gutiérrez el tema de fondo que no toca el Gobierno es la forma de elegir a las altas autoridades del Órgano Judicial.

“Es un reverendo disparate, porque yo creo que uno de los elementos de relacionamiento de esas autoridades con el poder político está en la forma de su elección”, dijo.

Señaló que no es verdad que todos los candidatos tengan una actitud independiente, imparcial y separado, por ejemplo, de los movimientos sociales. Estos “son los que promueven a todos estos candidatos, y claro ahí se generan niveles de dependencia con ese poder político, porque luego tienen que cobrar la factura que corresponde”, dijo.

El jurista Juan del Granado observó que en la propuesta del Ministerio de Justicia no se hace hincapié en la necesidad de incrementar el número de jueces. “¿Qué cosa vamos a hacer con 1.098 jueces para 11 millones de bolivianos y la mitad de municipios que no tiene jueces ni fiscales?”, cuestionó.

El planteamiento de Lima es una “generalidad que no va a resolver nada”, dijo.

2.- Acceso a la justicia. Se quiere promover que toda la población, especialmente aquella en situación de vulnerabilidad y de escasos recursos, acceda en igualdad de condiciones. 

Sobre este punto, Gutiérrez dijo que es un tema que siempre se lo ha planteado e incluso en la legislación actual está la resolución de conflictos por la vía de la conciliación y el arbitraje. Pero ésta no funciona porque no ha habido una política estatal seria, pese a existir los mecanismos correspondientes que permiten esta solución.

Del Granado manifestó que el planteamiento gubernamental no asegura el acceso a la justicia con eficiencia por la poca cantidad de jueces, además mal pagados, sin idoneidad y sometidos al poder político.

3.- Independencia judicial. Se busca consolidar la independencia judicial, a través de la promoción y fiscalización de procesos meritocráticos y  transparentes.

Gutiérrez indicó que esto es lo que siempre se propone, y que está de acuerdo en los procesos meritocráticos para la elección de las altas autoridades judiciales, como ya se practicó en el pasado, pero esto fue truncado con la elección por la vía del voto.

Dijo que un elemento hace “imposible” la independencia judicial en el país, la definición de “descolonizar y despatriarcalizar a la justicia”, que considera un “concepto político inacabado”.

Del Granado cuestionó que al plantear la “independencia judicial”, Lima no se refirió “para nada al nombramiento de los jueces supremos que es el origen y la causa (del problema), que luego se desparrama en todo el cuerpo judicial”. Los jueces supremos han sido nombrados partidariamente y políticamente por los dos tercios del MAS”.

4.- Soluciones tic. El plan estratégico del Gobierno busca impulsar la transformación digital del modelo de gestión judicial con el uso intensivo de plataformas informáticas interoperables, sistemas expertos e inteligencia artificial.

Para Gutiérrez, la transformación digital de la justicia ya se viene realizando en varios espacios y consideró muy oportuno.

Respecto a este punto, Del Granado manifestó que las soluciones mediante el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) “son un avance”, pero que también se requiere de recursos económicos si se pretende una visión integral de un sistema informático.

5.- Desarrollo normativo. En este eje se tiene previsto desarrollar e implementar políticas públicas y normativa específica para la reforma del sistema de justicia. 

Gutiérrez indicó que se sigue apuntado a la modificación de las leyes, como la Marcelo Quiroga Santa Cruz o la Ley de Juicio de Responsabilidades que tiene el propósito de “tener más jueces para sacar la mugre a medio mundo que se oponga al poder político”.

Del Granado cuestionó el quinto eje, explicó que el desarrollo normativo responde a la “vieja teoría equivocada que cambiando las leyes cambiará la justicia.

Ejemplificó que en las últimas tres décadas se ha cambiado tres veces el procedimiento penal, sin embargo, sigue creciendo la criminalidad.

6.- Transparencia. Se busca promocionar la ética y transparencia en la administración pública e intensificar la lucha contra la corrupción, a través del acceso a la información.

Gutiérrez preguntó cómo se buscará promocionar la ética y transparencia y cómo se intensificará la lucha contra la corrupción, según propone el ministro Lima.

“Pregunto cómo, porque si alguien está torciendo más allá de lo que ya estaban torcidos, varios jueces y varios fiscales, es el poder político, es la instrucción; dicen usted va a hacer esto, usted va a perseguir a tal, usted va a perseguir a cuál, y el ejemplo muy claro es lo que hoy ocurre con la señora Añez, con los exviceministros, con los exministros”, remarcó.

Del Granado criticó el discurso del ministro Lima: “¿Qué ética y lucha contra la corrupción puede haber?, cuando los jueces y fiscales están sometidos y obedientes al gobierno de turno, y se creen impunes para hacer un sinfín de pilleríos, ¿quién los va a sancionar si son empleados del gobierno y protegidos por él”.

DESCONFIANZA EN LA JUSTICIA 

Una de las conclusiones del GIEI dice: ”La administración de justicia y las fuerzas de seguridad, directamente conectadas con la vigencia de los derechos humanos, quedaron rezagadas en el proceso de cambio. Los ciudadanos no confían en ellas, las perciben hostiles, lejanas a sus realidades e intereses y reproductoras de discriminación”.

INTROMISIÓN POLÍTICA

Según el documento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), diversas organizaciones de la sociedad civil bolivianas denunciaron una amplia gama de falencias en el sistema de justicia, que impiden el desarrollo de sus funciones de manera independiente y efectiva.

Varios factores contribuyeron a la injerencia política en la justicia. Entre ellos está el hecho de que la mayoría de los jueces, las juezas y fiscales actualmente ocupa cargos de carácter transitorio, aunado a la falta de independencia de las instituciones encargadas de los nombramientos de estos funcionarios a sus cargos. Otro factor que sugiere la intromisión política es el presupuesto restringido para el sector de justicia.

Respecto del primer punto, reformas introducidas con posterioridad a la adopción de la Constitución de 2009 han contribuido a menoscabar, de manera paulatina, la estabilidad en el cargo judicial y han debilitado la garantía a una carrera judicial.

BAJO PRESUPUESTO

También preocupa al GIEI que la independencia del poder judicial se ha visto debilitada, debido a la falta de presupuesto adecuado para este sector. Con base en información sistematizada por la sociedad civil, entre 2014 y 2019, el presupuesto para este sector se mantuvo en menos del 0,5% del presupuesto general consolidado del Estado.

Para la gestión 2019, el presupuesto asignado al sector justicia correspondía al 0,49%. El 2020 hubo nuevos recortes presupuestarios, los cuales alcanzaron el 15,37% del montante proyectado, lo que, según los presidentes del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, afectó “directamente la independencia judicial y autonomía presupuestaria constitucional”.

En su entrevista con el GIEI, el Fiscal General indicó que debido a la reducción del 15% en el presupuesto para 2021, el Ministerio Público no ha podido contratar personal nuevo y se ha visto obligado a reducir los salarios.

FISCAL LANCHIPA, “EN EL BANQUILLO DE LA VERGÜENZA”

El abogado y exalcalde de La Paz, Juan del Granado, dijo que actualmente hay una protección hacia las autoridades judiciales y fiscales, porque “son sus operadores, son cuasi empleados del Gobierno, lo de cuasi porque están disimulando ser miembros de un Órgano Judicial independiente que no lo es, o de un Ministerio Público autónomo que tampoco lo es”, sostuvo. Acotó que el cambio de los operadores de justicia tiene que producirse con motivo de una reforma de la Constitución Política del Estado, “con eso estoy de acuerdo”. Considera fundamental cambiar la modalidad de elección de los jueces supremos, “porque han sido elegidos con los dos tercios del MAS”, lo que no ha garantizado su independencia e imparcialidad.

En el caso del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, Del Granado fue más taxativo y señaló que esta autoridad debe renunciar, más aún después del informe del GIEI que “lo ha puesto en el banquillo de la vergüenza”.

En tanto, el abogado y político chuquisaqueño German Gutiérrez calificó de incompleta la propuesta de reforma judicial presentada por el ministro de Justicia, Iván Lima, y considera que no hay garantía para que este proceso se concrete. Además, observa falta de voluntad del Gobierno para un proceso de consenso, que, por el contrario, dijo “solo genera confrontación”.

“Es una propuesta incompleta, no toca los temas medulares”, aseguró.