Las organizaciones políticas existentes en Bolivia suman ocho partidos políticos nacionales y 92 organizaciones territoriales con personalidad jurídica, de naturaleza departamental y municipal. Esta estadística, que nunca fue secreta pero no había sido puesta en contexto, demuestra la nueva Bolivia política, profundamente territorial, agraviada permanentemente por ‘lo centralista’, y con necesidades de construir ciudadanía y nación, desde donde vive hasta llevarla a otros niveles. Es decir, de abajo hacia arriba.

Esta realidad se contrapone a la otra Bolivia política, que también existe y controla el poder y los órganos del Estado actualmente, y se expresa como corporativa, gremial, sectorial y tiene en los denominados movimientos sociales, un modo de entender el Estado. Es el centralismo sindical llevado a su máxima potencia que ha superado sus ámbitos naturales de organización, para trasladarlos inclusive a la administración pública. Esto es, de arriba hacia abajo.

En el debate interno sobre el proyecto de Ley de Organizaciones Políticas, recogimos esta realidad de los nueve encuentros departamentales y los realizados con los pueblos indígenas, y lo trasladamos con pluralismo a la propuesta que debía hacer suya el Tribunal Electoral. 
Este es el resultado de recorrer Bolivia: “Artículo 49. (Alcance de la alianza) II. Para la elección de autoridades y representantes en elecciones nacionales, las alianzas podrán realizarse entre organizaciones políticas de cualquier tipo siempre que alguna de las organizaciones que conforman la alianza sea un partido político de alcance nacional; o podrá ser conformada por al menos nueve agrupaciones ciudadanas de alcance departamental, una por cada departamento del país.”
Si el proyecto de ley se aprueba con estos alcances, permitirá que nueve organizaciones políticas, una por departamento, puedan presentar candidatos presidenciales. 

Convengamos en que el conflicto político de la reelección ha distorsionado el debate y ha dejado encubiertas muchas materias relativas al fortalecimiento radical de la ciudadanía en todas sus formas de organización; ya llegará el momento en que se discutan los aportes a favor de la equidad, complementariedad, paridad de género, espacio para los jóvenes y la fiscalización democrática a los partidos políticos, a pesar de que algunos de ellos todavía se resisten.

Aceptemos también que el proyecto, siendo un cuerpo integral de propuestas para el futuro y que pretende la modernización, fortalecimiento y adecuación de las organizaciones políticas a la realidad boliviana, debe superar dos limitaciones impuestas por la coyuntura política, y sobre la que existen sobradas razones para dudar y sospechar. Voy a expresar las dudas con afirmaciones que manifiestan la letra de la Constitución y el espíritu del proyecto. La reelección no está en debate en el proyecto de ley porque esa materia está definida por el artículo 168 de la Constitución y el mandato vinculante del 21-F, que se grita con molestia para el Gobierno, de Bolivia dijo No. La segunda fue la contundente declaración del Organismo Electoral Plurinacional relativa a que el carácter vinculante de las elecciones internas de los partidos entrará en vigencia recién el año 2024, no en 2019, liberando la duda si la redacción buscaba, encubiertamente, garantizar otra reelección del presidente Morales.

La Bolivia federal viene de manos de la realidad.