El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé conversó con EL DEBER sobre el proceso de reforma judicial que está promoviendo el Gobierno. La exautoridad asegura que existen otras propuestas que deberían consensuarse y cree que es posible un cambio en la Constitución.

El Gobierno, a través del ministro de Justicia, Iván Lima, planteó un plan de ajustes en el sistema judicial y de acceso a la justicia tras el sacudón que trajo consigo el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Al respecto, Rodríguez Veltzé plantea la necesidad de reformular la política penal en el país, que aún no ha sido mencionada, así como la necesidad de descentralizar la administración de justicia, elementos que, según dijo, están ausentes del debate político.

Rodríguez Veltzé también fue presidente de la Corte Suprema de Justicia (2004-2005) y agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) entre 2013 y 2018. En 2020 fue invitado a formar parte de un consejo asesor para la reforma a la justicia, una iniciativa que no prosperó.

- ¿Cuáles fueron los resultados de la comisión de asesoramiento para la reforma judicial que anunció en noviembre de 2020?

- Esa comisión, en rigor, nunca funcionó. Por lo menos, cuando estuve en ella sólo hubo una reunión de presentación de los integrantes y se hizo el ofrecimiento de otras reuniones que nunca se produjeron. Por eso, al poco tiempo desestimé mantenerme allí.

- ¿Cuál es su percepción sobre la reforma judicial que está en curso?

- Tengo la impresión de que se están produciendo muchas iniciativas. Está la iniciativa del Ministerio de Justicia, la del alcalde Jhonny Fernández; Juan del Granado también está muy activo en esto. Hay una buena predisposición en favor del cambio, pero no veo ningún ánimo de encontrar un punto común en estas iniciativas.

Yo también tengo mi propio punto de vista, pero antes prefiero destacar, significar y anotar que lo primero que debería suceder es mostrar esa reforma con un sentido de consenso mínimo, porque para ser claros y francos, si no hay esa disposición de cambiar sobre la base de acuerdos, todo va a acabar en buenas intenciones. Muchos cambios pueden tropezar en la Asamblea o el Tribunal Constitucional puede bloquear iniciativas populares.

Es como tener un paciente enfermo, casi terminal, con muchos doctores que quieren curar al enfermo y no tienen la madurez como para generar una junta médica para por lo menos hacer un diagnóstico de todos los males que afectan al enfermo. Algunos quieren darle un tratamiento de shock de 90 días y hay otros que quieren reforma constitucional.

- En este escenario, ¿es el Gobierno el que tiene la iniciativa con mayor impulso?

-  No comparto ese criterio. Estamos hablando de un Estado que tiene cuatro Órganos de Poder que son separados, pero que la Constitución les obliga a coordinar y a cooperarse en defensa de la ciudadanía.

Desde que se produjo la reforma constitucional (2009) ha quedado claro que se descabezó el Órgano Judicial, no tiene una cabeza visible y quien se ha apropiado de todo el tema judicial es el Ejecutivo, cuando se trata de asuntos que incumben a un Órgano de Poder Público que es independiente y  posiblemente más independencia deba reflejar en todas sus actuaciones.

Es siempre el ministro de Justicia de turno el que hace los anuncios y los acuerdos con entidades internacionales y no se ve un liderazgo del Órgano Judicial como debería ser, en representación del conjunto de jueces.

Siendo que se reclama que se requiere un Poder Judicial independiente, estas iniciativas deberían abrirse a consensos.

- ¿Se debe ajustar la Constitución para reformar la Justicia?

-  Desde que retorné al país, insistí que vivíamos en un momento constituyente. Esto es una necesidad de comenzar a dialogar, debatir y reflexionar, reformas a la Constitución que resultan muy urgentes.

Se pueden destacar las bondades del pluralismo político que están en el primer artículo de la Constitución y que fundan la naturaleza de un nuevo Estado Plurinacional, descentralizado y con autonomías; sin embargo, el capítulo orgánico del Órgano Judicial describe a un Órgano mucho más centralizado, todo va a Sucre.

No hay espacios autonómicos y descentralizados de justicia. También se han deteriorado muchas competencias de la Constitución; por ejemplo, ha desparecido la jurisdicción contencioso administrativa y la modalidad de selección de magistrados de las altas cortes, por voto popular, ha sido un fracaso por los resultados de las votaciones y el desempeño de esas cortes.

La Constitución no está escrita en piedra. El promedio mundial de enmiendas es de ocho años y no hará daño el poder reflexionar sobre estas modificaciones a la Constitución.

- ¿Qué opina sobre la propuesta del Gobierno que también plantea la recuperación de la independencia judicial?

- La independencia judicial, que es uno de los puntos que toca el Ministerio, no sólo se resuelve con mayor fiscalización. ¿Y cómo se resuelve el asunto de la independencia? Restando el acento que se quiere poner —y en esto los políticos son quienes se equivocan— en no generar discusiones sobre nuevas modalidades de selección y no sólo de los jueces de las altas cortes que, por la estadística, resuelven únicamente el uno o dos por ciento de los casos, sino del 98 por ciento de los jueces que están distribuidos en todo el territorio.   

Aquí aparece la desconfianza ciudadana. Tenemos jueces que son transitorios, se ha descuidado el establecimiento de una carrera efectiva, con evaluaciones permanentes y continúas.

También hace falta la definición de políticas judiciales estructurales. Tal vez la más sensible es aquella que ha destacado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), es el área penal. Hay un desempeño deficiente en el Ministerio Público que no ha tenido la capacidad de sortear los procesos conforme a la ley y los hechos. Esto también obedece a que no hay una política criminal de Estado que marque las líneas de conducta en esta actividad tan importante que es la persecución penal y la persecución de los delitos y un ajuste de las sanciones, así como las modalidades de detención preventiva.

El otro tema es el acceso a la justicia. Cuando estaba en la Corte Suprema de Justicia, más del 70% de los municipios no tenía juzgados y debía trabajarse en sistemas que articulen la justicia indígena con modalidades de justicia de paz, como la mejor expresión de resolver problemas sin la necesidad de que la gente tenga que contratar abogados o que tenga procesos conflictivos.

Hay muchos temas y propuestas, pero insisto; si no empezamos a diagnosticar todos los males del enfermo cada doctor va a querer aplicar una receta y el enfermo seguirá sufriendo como ahora.

- ¿Y cómo hacer para que este tema no se politice?

- Es, cómo lo ha dicho el informe de la GIEI, responsabilidad del Estado. No es del ministro, no es de un partido, no es de un exjuez ni de un expolítico ni de nadie. Todos tienen muy buen propósito.

Como se ha notado, la crisis más difícil que hemos tenido es la de 2019, analizada por estos expertos independientes que nos dicen que hay responsabilidades de Estado; estructurales, que tienen que ver con la necesidad apremiante de mejorar las estructuras judiciales del Ministerio Público y de los órganos encargados de hacer cumplir la ley.

El Estado somos todos y por la nueva Constitución los titulares de la soberanía son los ciudadanos y nosotros delegamos en nuestros representantes en el Ejecutivo o en la Asamblea que tiene una pluralidad de intereses. Ahí están tres partidos que la conforman que tienen la obligación con nosotros, a los titulares de la soberanía, que hacer Estado con una justicia eficaz es más importante que las diferencias que se ven en espectáculos como el que nos dieron el 6 de agosto.