A la vista de los certeros misiles del GIEI, la CIDH, la OEA/UE y la multitud de informes, diagnósticos, cumbres y especialmente la dura realidad cotidiana, no cabe duda que vivimos un nuevo y saludable clima de reforma del temible sistema de administración de justicia boliviano. Sacudidos por esa crudísima realidad que no solo los abogados sufrimos –aunque algunos pocos están en su salsa–, sino principalmente los ciudadanos o usuarios del sistema, han surgido importantes propuestas para ese propósito, todas muy valiosas y por supuesto rescatables, que ojalá sirvan para construir y especialmente efectivizar tan urgente tarea, sosteniblemente.

El Ministerio de Justicia ha propuesto ejes temáticos, grupos de abogados y expertos otros, hay incluso ya una propuesta de referéndum, etc. Todas pueden sumar para contribuir a construir una propuesta potable que, insisto nuevamente, requerirá en definitiva de una genuina voluntad política del gobierno, no solo a través del Ejecutivo sino del Legislativo y por supuesto del Judicial, tan venido a menos también en esta coyuntura que le compete directamente, pues solo reacciona a lo que los otros poderes indican ¿u ordenan? al menos desde sus altas cúpulas. Las medias, brillan también por su ausencia de alguna propuesta. 

Cabe entonces resaltar que esta “nueva” reforma no obedece al interés o siquiera al sentido común que provenga desde las entrañas de los órganos del poder estatal, sino le está siendo impuesta no solo por la realidad –Goethe decía que la ley puede ser muy dura pero la realidad es peor y Borges, que nunca se sabía cuan bajo se podía aún caer– sino por la ciudadanía que ya no está dispuesta a soportar mayores niveles de indefensión de parte de la justicia amancebada con poderes fácticos que impiden la realización de su razón de existir: tutelar derechos de todos, sumada a las últimas sistemáticas evidencias que la comunidad internacional ha, felizmente, disparado. Ahí está su fuerza, pero también el riesgo que termine como otro fracaso más, que obligue en unos años a empezar de nuevo, como frecuentemente ocurrió.            

Como enseña el gurú de las reformas procesales en Latinoamérica, el maestro Alberto Binder, solo se conoce cuándo empieza una reforma, pero nunca cuando termina, pasando, yaparía de mi parte, por sus contra reformas. El mejor ejemplo es lo ocurrido con nuestro sistema procesal penal, que de haber percutido su profunda reforma por su deplorable estado por el inquisitivo de reinó desde el inicio de la república, fue reformado por el acusatorio a finales del siglo pasado y, a continuación vino la contra reforma impuesta por todos los gobiernos que se sucedieron, dejando al sistema penal peor de lo que empezó. No hubo visión de estado o siquiera alguito de sentido común que permita concebir las reformas de justicia como una sostenida política de estado alejada de intereses coyunturales partidarios o de las próximas elecciones, sino solo populacherismo penal y demagogia. Y así estamos… 

Como prueba me remito a las múltiples reformas legales que en las últimas décadas se han hecho al sistema, no s0lo a nivel estrictamente normativo (Códigos, leyes, etc) sino institucional y organizacional, las que en su mayor parte, pese a que algunas mejoraron y avanzaron, lograron interesantes resultados, pero no han sido suficientes para cambiar y especialmente asegurar sostenida y significativamente sus loables fines. Por ejemplo, se sancionó la ley contra la violencia familiar, pero aquella es cada día peor, lo propio con la corrupción u otros ámbitos como la retardación de justicia. Se crearon nuevas instituciones de tutela –Defensoría del Pueblo o Tribunal Constitucional Plurinacional–, pero en vez de proteger derechos, terminaron sirviendo a los gobiernos. Se creó el órgano de gobierno judicial que se convirtió en lo que todos vemos.         

Entonces, la historia de las permanentes reformas del sistema de administración de justicia boliviano tanto a nivel de algunas materias como del mismo sistema global, nos enseña que podemos emprender múltiples y continuas reformas al sistema de justicia, pero hemos caído sistemáticamente también en el gatopardismo: lo hemos cambiado todo para que todo siga igual o en algunos casos, peor. Es el riesgo que cabe alertar en este plausible clima reformista, pues como Comte enseña: “Para entender una ciencia, es necesario conocer su historia”.