El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)  señala que, si algo no ha acompañado el desarrollo democrático boliviano y al Estado de derecho, son el sistema judicial y las fuerzas de seguridad (Policía y Fuerzas Armadas). El capítulo 4, “Situaciones estructurales para la protección de derechos humanos y estabilidad democrática”, examina, entre otros temas, que perjudican al sistema democrático: El funcionamiento del sistema de justicia; Seguridad pública y estabilidad democrática.

En justicia halla: a) la falta de independencia de la administración de justicia; b) la ausencia de garantías del debido proceso y debida diligencia en materia penal mediante la instrumentalización del sistema de justicia para la persecución política; c) el uso abusivo de la prisión preventiva; y, d) los obstáculos al derecho al acceso a la verdad y la justicia. Señalando: “Al respecto de estos cuatro elementos, se advierte que el Estado requiere implementar reformas profundas en su sistema de justicia, a fin de garantizar que la Judicatura y el Ministerio Público no sean utilizados para fines políticos por el gobierno de turno, se respeten las garantías al debido proceso, y se utilice la detención preventiva de manera excepcional, como último recurso, en los procesos penales”. Advierte la urgente necesidad de revisar la legislación penal respecto de temas ambiguos, como los de terrorismo, sedición e incumplimiento de deberes, para evitar la utilización de los mismos de manera arbitraria. Apunta que la anhelada “independencia de los jueces” y del Ministerio Público dependerá de “un adecuado proceso de contratación, inamovilidad en el cargo y la garantía de que no tenga presiones externas”. La injerencia política es evidente y esta se facilita tanto por el carácter transitorio de los cargos de jueces y fiscales, como por la falta de independencia de las instituciones encargadas de los nombramientos. El ámbito predilecto para la presión política mediante el sistema judicial, es el uso de la “persecución penal con finalidades políticas”. El informe revela que la Fiscalía General (Juan Lanchipa) ordenó la investigación de los vocales del TSE el 10 de noviembre, el mismo día en que la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió su informe de auditoría preliminar, dando indicios de “una manipulación dolosa” (fraude) en la elección de octubre de 2019. El GIEI no deja de observar el decreto de amnistía del gobierno del MAS. Cuestiona que se lo haga solo a quienes fueron detenidos durante el gobierno de Áñez; lo mejor, dice, era revisar los casos y resolverlos individualmente; asegura que la amnistía está muy relacionada al olvido del delito y a su repetición.

En seguridad y en detrimento del Estado de Derecho por parte de las fuerzas de seguridad, el GIEI encuentra que “durante la crisis política de 2019 las fuerzas policiales y militares asumieron conductas que contribuyeron al aumento de la violencia y la violación de los derechos humanos”. Para garantizar el funcionamiento adecuado del Estado democrático, las instituciones militares o policiales deben abstenerse de hacer política partidaria. El informe ignora lamentablemente el servilismo del entonces comandante de la Policía de Cochabamba Raúl Grandy hacia los cocaleros del Chapare, fue filmado mientras hablaba con un grupo de cocaleros, prometiendo escolta policial y les instruía mantener la calma. Los subalternos de aquel comandante tenían la instrucción de usar agentes químicos y la fuerza para reprimir solo a los grupos opositores al MAS. Del entonces comandante del Ejercito ya sabemos que actuó solo y como peón de la trama “golpe de estado”. Así estamos, de mal en peor y sin soluciones.