Es urgente realizar una reforma judicial en el país. Ese es un punto en el que la mayor parte de los sectores, cuando no todos, está de acuerdo, pero las desavenencias surgen en el momento de hablar de la forma en la que se debe llevar adelante esta reestructuración.

La administración de la justicia ha sido cuestionada desde hace una década o más, porque realiza su trabajo en forma parcializada, dicta fallos equivocados y con mucha demora, además de que sufre injerencia de parte de otros órganos del Estado.

El informe emitido por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes concluyó que hay falta de independencia, ausencia de garantías del debido proceso, uso abusivo de la prisión preventiva, y obstáculos al derecho al acceso a la verdad y la justicia, por lo cual “se advierte que el Estado requiere implementar reformas profundas en su sistema de justicia (...)”.

El pasado miércoles, el Gobierno presentó seis ejes para realizar una reforma judicial participativa “junto con el pueblo boliviano”, que apunta a recabar sugerencias de transformación más allá del criterio de especialistas o pedidos de destitución de altos cargos.

Las reformas que plantea el Gobierno, que se prevén realizar en tres meses, implican distribución de jueces conforme a la cantidad de población, la independencia judicial y la carrera judicial institucionalizada, entre otros.

Empero, una observación puntual que hicieron desde la bancada de Comunidad Ciudadana fue que “el tema de fondo” pasa por realizar la remoción de los fiscales y jueces.

Para avanzar en la reforma judicial, se debe partir por los puntos de coincidencia, el más importante, la necesidad urgente de reestructurar la administración de justicia a la brevedad posible.

Sobre esta base, y haciendo a un lado los intereses partidarios, el país puede avanzar en esta reforma que es tan necesaria para el bienestar de toda la población. Caso contrario, continuará la discusión bizantina sin resultados concretos.

La justicia necesita de operadores probos, capacitados y que no respondan a ningún partido político, interés de grupo o clase social.

La justicia necesita acercarse a la gente, es decir tener presencia física en todas las poblaciones con determinado número de habitantes, de modo que los litigantes no tengan la necesidad de trasladarse cientos de kilómetros para seguir de cerca sus procesos.

La justicia requiere un presupuesto acorde a la misión que tiene, lo que implica adecuada infraestructura y personal suficiente que atienda todas las demandas.

Pero la justicia requiere, sobre todo, que deje de ser utilizada por el oficialismo o la oposición como un instrumento para atacar al oponente o una bandera ganar votos.

La justicia debe obrar con equidad, buscar el bien común y prevenir el delito, para lo cual requiere remozarse desde adentro y no simplemente ser mejorada con una capa de pintura.