Claro que el título que da nombre a la presente nota es un absoluto contrasentido semántico, pero ante todo es un sacrilegio jurídico. Y de todas maneras lo elegí, porque las cosas raras que pasan en Bolivia casi obligan a recurrir a expresiones tan desconcertantes como única forma de interpretar el barbarismo últimamente producido.
Según definición de la Real Academia Española, “Contraloría” es una acepción relacionada al organismo del Estado que está encargado de examinar las cuentas y la legalidad de los gastos oficiales. Así de simple y claro. Y entonces todas las legislaciones del mundo que contemplan en su estructura constitucional escrita o no escrita, la existencia de un organismo contralor, inequívocamente hacen referencia a la facultad que tiene el Estado –como en el caso nuestro- del control de la administración de las entidades públicas y de aquellas en que el Estado tenga participación o interés económico. Esa es la naturaleza jurídica de la Contraloría General del Estado: es decir que su competencia, que está limitada al control, en representación del Estado, sobre los gastos, empleo y eficiencia de las inversiones por parte de cualquier otro organismo de dependiente de él, o de particulares a cuyo cargo se hallaren fondos del erario público.
Por otra parte, lo electoral y todo su ámbito conceptual no necesitan abundantes consideraciones, porque la Constitución Política del Estado y las leyes que a ese respecto se han incorporado a nuestra economía jurídica, eximen de toda interpretación. Es decir, un proceso electoral o cualquier acto como una consulta previa, referéndum o elecciones, que son la expresión democrática por excelencia, sólo pueden ser motivo de un control en cuanto y en tanto su ejecución o implementación, aparejan la concurrencia de recursos económicos, que por ser dinero de todos, pueden y deben ser fiscalizados. Más las condiciones técnicas y/o el incumplimiento, eventualmente, de las condiciones pactadas de un contrato, como el suscrito entre Bolivia y la Organización de los Estados Americanos para la auditoría a las elecciones de 2019, y menos aún, si por ese concepto el Estado Plurinacional de Bolivia no ha erogado suma de dinero, no hay posibilidad jurídica atendible de que la Contraloría General del Estado tenga competencia legal ni idoneidad institucional como para impugnar, avalar u observar ningún término de un trabajo exclusivamente técnico. Sobre el que puede pronunciarse válidamente, y no en cualquier tiempo, el Órgano Electoral Plurinacional, y en su caso con plena jurisdicción tratándose de someter a decisión judicial entre un Estado y un organismo supranacional y siempre que sus alcances no fueran vinculantes, como ocurre en el caso que nos ocupa, un tribunal internacional.
Luego, que la Contraloría General del Estado, informe de por medio, se arrogue facultades de descalificar otro Informe aduciendo que éste no contempla una auditoría, como reza el acuerdo entre Bolivia y la OEA y que el gobierno le otorgue valor bíblico, denota una ya ostensible intencionalidad política y una flagrante usurpación de funciones.
Así, la Contraloría General del Estado tiene por función la auditoría interna y externa, pero en ningún caso de organismos del status jurídico de un organismo internacional y menos respecto a temas que no tengan que ver con el manejo de recursos fiscales. Aun si la OEA no hubiera cumplido rigurosamente con los términos estipulados con el Estado boliviano, el organismo contralor no tiene arte ni parte en este asunto. Y entonces entramos en una espiral peligrosa en que la desesperación por el desconocimiento a una auditoría que contiene elementos irrebatibles de un fraude electoral, debe más bien ser puntualmente cumplido. Y con el ritmo que vamos, nadie se extrañe porque, en un futuro inmediato, la Federación Boliviana de Tae-kwon-do se atribuya la facultad de regular las tarifas del transporte público urbano, que el Gobierno municipal olvidó por completo.

Augusto Vera Riveros, es jurista y escritor.