Escribo estas líneas inspirado en algunas ideas que releí de Pueblo enfermo, de Alcides Arguedas. Es que el espíritu del Parlamento nacional, salvo contadas excepciones, se ha mantenido igual a lo largo de la historia. Sin embargo, hoy también hay, como hubo en todo y en todo tiempo, algunas excepciones, por ejemplo, la senadora Andrea Barrientos o la diputada Luisa Nayar, quienes demuestran gallardía y persistencia a la hora de enfrentar con fundamento y razón la alevosía autoritaria del MAS. Y como ellas dos, debe haber seguramente tres o cuatro personas más.
Según la ciencia política y los fundamentos del Estado de Derecho, los criterios de los parlamentarios oficialistas deberían guardar al menos una relativa autonomía intelectual y ética respecto a los del caudillo o gobernante, y si bien es obvio que deben seguir una línea programática o discursiva oficial, esto no significa que deban guardar una sumisión total a los mandatos o caprichos del presidente. Hoy, sin embargo, se hace evidente una subordinación total de los parlamentarios oficialistas a los lineamientos y postulados que les manda el Poder Ejecutivo. Esto puede verse, sobre todo, en las políticas económicas y en la obstinada intención de hacer pensar que hubo golpe de Estado.
Esta situación se debe a un problema muy profundo de mentalidades colectivas difíciles de desarraigar. Cuenta Arguedas que en 1906 se presentó a las elecciones legislativas un candidato populachero de esos que hacen campaña histriónica y ruidosa. Tenía en su hoja de vida el haber sido ya diputado y munícipe, y escribió un folleto con sus propuestas para persuadir a los electores. Y salió elegido. Hoy, las cosas no han cambiado mucho, pues los legisladores no son tanto políticos de profesión cuanto activistas ciudadanos que ayer luchaban por causas ciudadanas. No saben, entonces, de administración pública, generalidades del derecho, nociones de economía política y funcionamiento del aparato del Estado. Y lo más importante: no saben de ética. Y puesto que la ética es el resultado fatal de una vida cultivada y de preparación, es muy difícil hallarla en personas que no dedicaron buena parte de su vida a la reflexión y el estudio.
La mayoría de los legisladores pretenden seducir a las masas embaucándolas con discursos de fácil asimilación y oratoria pomposa, y pocas veces —o nunca— se dedican a la labor de investigación silenciosa, pesquisa, fiscalización y meditación de proyectos de ley. Viven, además, con los datos del día solamente, y pocas veces subordinan sus preocupaciones inmediatas a los magnos asuntos del Estado.
No pretendo impunidad para nadie, pero sí que se deje de perder el tiempo en debates estériles que no llevarán absolutamente a nada. Uno de los debates que debería estar en la Orden del Día de la Cámara debería ser, por ejemplo, el de la educación. Me refiero al concepto profundo de la educación: cómo se la está dando, qué materias pasan los niños, cuáles son los objetivos del modelo educativo vigente hoy, el asunto de la ética y la religión en las escuelas, etc. Pero quizás esto sea pedirle peras al olmo.
Todo esto también tiene que ver con la dinámica de trabajo de la Asamblea: burocrática, monótona y poco creativa. El tiempo que pude trabajar en la Cámara de Diputados como asesor, me di cuenta de que en esa institución reina una pesadez desesperante. Cita Arguedas en su Pueblo enfermo una nota de El Comercio de Bolivia, referida a la vida dentro del Parlamento: «Las sesiones se reducen a la cosa más banal y fastidiosa del mundo. […] …las comisiones no trabajan, o no valen nada para los asuntos que les pasan. Ninguna iniciativa, ninguna novedad. Todo mecánico, ritual, matador. En estas condiciones, cualquier ciudadano se embrutece; y si por suerte no mediaran otras circunstancias, que excepcionalmente cambian la monotonía de la Cámara, al cabo de cuatro años un diputado perdería el uso de la palabra y olvidaría hasta leer y escribir».

Ignacio Vera de Rada es profesor universitario.