Además de precisar y establecer una base de conocimiento cierto de los hechos de violencia y las violaciones de los derechos humanos en el último cuatrimestre de 2019, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tenía el mandato y la facultad de coadyuvar al esclarecimiento de los hechos proponiendo o recomendando determinados planes de investigación penal. A estos planes dedica el capítulo 6 de su informe. En esta parte aterriza en las recomendaciones concretas al Ministerio Público sobre cómo debió proceder en la investigación, los yerros que tuvo y lo que debería hacer para lograr una indagación de los hechos que se ajuste a los “estándares internacionales” mínimamente aceptables.

De entrada, sin embargo, el Grupo de Expertos lamenta que pese al tiempo transcurrido (al menos un año y ocho meses) de los hechos, “los avances en la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables continúan siendo limitados”. Es más, de “especial preocupación para el GIEI”, interpelan los Expertos, “es que la mayoría de violaciones de los derechos humanos documentadas en este informe permanecen impunes”.

Como en todo lado, es imprescindible reconocer, dice, que la crisis sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 ha retrasado mucho las investigaciones (casi todo 2020). A pesar de ello, el GIEI “considera fundamental que las víctimas y sus familiares tengan acceso a la justicia de manera oportuna, justa y eficaz”.

En varios casos, el GIEI demanda “reabrir” los procesos, manifestando su sorpresa por el cierre de las investigaciones, dado que había relativos avances; en otros, el “replantear las hipótesis” de trabajo y en los más proseguir lo hecho.

GRAVES. Para la recomendación de planes, dice el informe del GIEI, naturalmente que no se toman todos los casos, sino solo los que el organismo considera más graves desde el punto de vista de “las violaciones de los derechos a: la vida; la integridad personal ( física, psicológica y sexual); la libertad y seguridad personal; la honra, dignidad y privacidad; y las garantías del debido proceso”.

Para hacer estas recomendaciones más bien operativas, el GIEI se concentra en once casos, lugares o hechos que, según su criterio, necesitan de una mayor cantidad de sugerencias. Los hechos ocurridos en:

– El Puente de la Amistad y Barrio Cofadena en Montero, Santa Cruz, el 30 de octubre de 2019. Las dos primeras muertes.

– Yapacaní (Santa Cruz), por los muertos y heridos el 13 de noviembre de 2019.

– Montero II, el 13 de noviembre. La muerte de Roberth Ariel Calizaya Soto.

– Betanzos, Potosí. Operativo policial militar conjunto; el 12 de noviembre, muerte de Marcelino Jarata Estrada.

– Cochabamba. El GIEI llama la atención sobre la muerte de Limbert Guzmán Vásquez, el 6 de noviembre, en el puente Huayculi, en Quillacollo. Aquí empieza a ser descrita la actuación irregular del grupo Resistencia Juvenil Cochala (RJC). La muerte de Miguel Ledezma González, el 11 de noviembre en el puente Huayllani en Sacaba. Muerte de Juan José Mamani Larico, quien falleció el 12 de noviembre de 2019, luego de ser detenido. Lesiones graves a Pablo Walker Villarroel Villavicencio, el 29 de octubre, ocasionadas presuntamente por partidarios del MAS. La agresión de que fueron objeto, el 6 de noviembre, en la céntrica plaza 14 de Septiembre, las integrantes de la Federación de Mujeres Bartolina Sisa por parte de la RJC; el mismo día, también mujeres Bartolinas fueron agredidas por la RJC en el puente Huayculi, en Quillacollo. La agresión a la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce Guzmán.

– La Paz. El deceso del presidente de la plataforma de sobrevivientes de las dictaduras, Julio Llanos. Las muertes en la zona Sur, el 11 de noviembre, de Percy Romer Conde Noguera, Beltrán Paulino Condori y Juan Martín Pérez Taco. La información a que accedió el propio GIEI, en la que se registra la muerte de Silverio Condori, quien desapareció el 11 de noviembre de 2019, mientras participaba de una manifestación en apoyo al MAS. Su cuerpo fue encontrado en un barranco tres días después. El caso de las bombas Molotov. Las quemas de los buses PumaKatari, de las casas de Waldo Albarracín, Casimira Lema y Nelson Condori.

– El Alto. La muerte del sargento Juan José Alcón tras el ataque del Comando Regional de la Policía en esa ciudad. Luego de sufrir un infarto y su posterior fallecimiento el 18 de noviembre de 2019, se amplió la investigación para incluir los delitos de lesión seguida de muerte y coacción. Los tres grupos de personas detenidas el 11 de noviembre por particulares en distintos lugares de El Alto y que luego fueron conducidas a la EPI3 (el primero de 28 personas, el segundo de una mujer y dos hombres y el tercero la detención de tres personas en Senkata).

– Caravana del Sur. Hechos de violencia contra los integrantes de la Caravana del Sur en Vila Vila y en Caracollo el 9 de noviembre de 2019.

– Caravana Minera. Hechos de violencia en contra de la Caravana minera en la zona de Playa Verde, entre las localidades de Challapata y Huancané, el 10 de noviembre de 2019.

– Sacaba. Sin duda, éste y el caso de Senkata, son los más adelantados, señala el GIEI. Añade el hecho de maltrato en las detenciones. “Como se señaló, el GIEI ha confirmado que muchos de los detenidos fueron maltratados, y al menos nueve fueron torturados en la FELCC. El GIEI reitera la importancia de que las circunstancias de estas detenciones y las denuncias de tortura y malos tratos sean exhaustivamente investigadas”.

– Senkata. Aparte de apuntar que “continúan pendientes algunas diligencias investigativas relevantes para esclarecer los hechos, incluyendo la identificación de las armas y munición utilizadas por las unidades movilizadas en el operativo conjunto”, el GIEI recomienda “ampliar las líneas de investigación y examinar las circunstancias que rodearon las lesiones sufridas por quienes participaron en la llamada Marcha de los Féretros, y determinar si el uso de la fuerza por las unidades que intervinieron en esos hechos se realizó de conformidad con las reglas de actuación que las rigen”.

COMÚN. De los once casos que el GIEI destaca, hay ciertas recomendaciones comunes en que no deja de enfatizar.

Para proseguir las investigaciones, más aún en casos que habían sido cerrados o aquellos en que se tuvo mayor identificación de los posibles responsables de los hechos violentos, el GIEI recomienda la protección estatal a los testigos.

“A través de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos, brindar la debida protección y asistencia a las víctimas y testigos de los delitos, así como a quienes colaboren con la investigación, otorgando medidas de protección a quienes lo requieren y garantizando condiciones de seguridad, privacidad y confidencialidad a toda persona que desee prestar declaración”, es un pedido frecuente aún hoy día, a casi un año y diez meses de los hechos.

Asimismo, en todos los casos se recomienda que las autoridades fiscales garanticen a los familiares de las víctimas su efectiva participación, “para que puedan hacerse parte del proceso, acompañar las investigaciones, realizar sugerencias sobre diligencias por ser practicadas, obtener toda la información pertinente, ser debidamente representados y poder hacer valer sus derechos”.

También es común la exigencia a los investigadores las pericias balísticas, algo que si en algunos casos se hizo medianamente, en otros, definitivamente está ausente. Para los técnicos del GIEI es crucial “determinar el calibre de las balas y el tipo del arma de la cual se originaron”, “la distancia de los disparos, la trayectoria balística, el tipo de arma-munición que causó las lesiones (alta o baja velocidad), la posición de las víctimas y victimarios al momento de los hechos”, entre otros aspectos.

Cuando hubo intervención policial y militar, separada o conjunta para el control del orden público, el GIEI no deja de recordar que como parte del Estado, las comandancias de las fuerzas del orden están obligadas a colaborar en esclarecer las violaciones de derechos humanos en que hubieran incurrido uniformados.

Comprobada la acción de fuerzas del orden, el GIEI invoca a los fiscales a pedir información directamente de las comandancias. En el caso de los hechos en Yapacaní, por ejemplo, apunta: “Solicitar al Comando de Policía Departamental de Santa Cruz y al Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, la nómina de los efectivos policiales y militares que participaron en el operativo conjunto en Yapacaní, el listado de armas empleadas, copias del libro de registro de salida y entrega de armamento y equipo utilizado, y copias de informes enviados por dichas unidades a sus respectivos superiores jerárquicos con posterioridad al operativo”. Una recomendación que siempre acompaña a la solicitud de información del operativo armado es que los fiscales convoquen a los uniformados cuya presencia se haya verificado en el lugar de los hechos, para entrevistarlos. “Solicitar y realizar entrevistas con los mandos policiales y militares que se encontraban a cargo del operativo conjunto y con los efectivos que participaron en el mismo”, es un pedido común.

VERSIÓN. Y es que también se trata de conocer la versión de los hechos por parte de los uniformados, que, en efecto, acaso se vio necesario el uso del arma. Como apunta para el caso de Yapacaní, por ejemplo, el GIEI recuerda la existencia del “Plan 613/2019, Mantenimiento y restablecimiento del orden público-Municipio de Yapacaní”, elaborado por el Comando de Policía Departamental de Santa Cruz.

“Según el Plan 613/2019, —destaca el GIEI— el uso de fuerza letal estaba supeditado a ‘una agresión inminente del oponente con arma de fuego en contra de los servidores públicos y de terceros cuando el riesgo para la seguridad sea inminente’”.

En las acciones militar-policiales también se trata de conocer la responsabilidad de los mandos que actuaron, destaca el GIEI. En el caso de Betanzos (Potosí), un municipio rural, por ejemplo, el GIEI apunta: “En relación con el operativo policial-militar, algunos aspectos fácticos que deben ser examinados incluyen: quién tenía el control operacional del operativo conjunto, cómo estaban establecidas las líneas de comando y control, cuáles eran las líneas de comunicación e información existentes y cuáles medidas de coordinación habían sido establecidas entre las distintas unidades involucradas”.

Y es que no se trata de una persecución judicial de los mandos militares o policiales, da a entender el informe del GIEI, sino de determinar precisas responsabilidades, y si el uso de la fuerza fue o no desproporcionado. En este sentido, con respecto a lo hecho en Betanzos, el GIEI señala: “En términos de atribución de responsabilidad, se destaca la importancia de que se tengan en cuenta los roles y aportes de cada persona que resulte imputada en relación con estos hechos, se examinen los elementos que componen las distintas formas de responsabilidad, y se acrediten dichos elementos con base en pruebas objetivas y debidamente valoradas”.

VALORACIÓN. Por eso, el GIEI reitera que “en la construcción de la teoría del caso y de posibles imputaciones”, el fiscal debe hacer una “evaluación minuciosa de toda la prueba recabada”, ver si el uso de la fuerza por militares o policías “se ajustó a las reglas de actuación que rigen su participación en operativos de mantenimiento del orden público”. Y, de comprobarse el uso de “fuerza letal”, “examinar si éste fue excesivo o desproporcionado. Considerar distintos niveles de autoría y participación, incluyendo la autoría material, mediata, instigación y complicidad. Considerar, además, aspectos relativos al comando y control del operativo conjunto”.

Y es una cuestión que hasta el cierre del informe del GIEI, el 23 de julio de 2021, todavía se hallaba pendiente, pues en el caso de la muerte de Juan José Mamani Larico aún le pide a la Fiscalía que solicite “al Comando de Policía Departamental de Cochabamba y al Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas” que dé a conocer la nómina de efectivos policiales y militares que participaron en el operativo del 12 de junio en la zona Sur de Cochabamba, el registro de salida y entrega de armas, etc.

Especialmente en los casos en que hubo varias muertes en una misma ciudad o región, el GIEI encuentra que la investigación de cada caso se la hizo de manera fragmentada, individualizada, cuando el contexto más bien es social. En lo que pasó en el conurbano de Cochabamba, Quillacollo y Sacaba, por ejemplo (aparte de la masacre de Sacaba), el informe cuestiona: “En su revisión de estos expedientes, el GIEI ha observado una fragmentación de las investigaciones, las cuales han estado enfocadas a incidentes específicos y víctimas individuales. Esta fragmentación ha resultado en una dispersión de la prueba en los distintos procesos avanzados, lo cual ha dificultado el esclarecimiento de los hechos”.

FISCALÍA. Y es en Cochabamba donde el GIEI deplora abiertamente la actuación de la Fiscalía y la Policía en relación a lo que hizo la llamada Resistencia Juvenil Cochala.

A raíz de la muerte de Limbert Guzmán Vásquez en el puente Huayculli, en Quillacollo, relata el GIEI, fue la RJC la que detuvo a tres supuestos responsables, se sabe que fueron objeto de tortura y luego se los entregó a la Policía, a la EPI Norte. Acto seguido, “la Fiscalía les imputó la muerte de Limbert Guzmán, así como las lesiones sufridas por otras cuatro personas en el puente Huayculi”; el 5 de mayo de 2020 terminó imputándolos por “homicidio en riña o a consecuencia de agresiones”.

Y he aquí otra crítica que reiteradamente hace el GIEI a los fiscales, como en otros casos, en el de Guzmán, para los tres imputados, “la acusación describe su responsabilidad como conjunta, dada su presencia en los enfrentamientos y la imposibilidad de identificar a los autores materiales de los ilícitos por la multiplicidad de agresores”.

Sin entrar en la cuestión de fondo, si serán o no culpables, el GIEI cuestiona la calidad del argumento fiscal: “el GIEI observa que la acusación no examina las conductas que se le atribuyen a cada sujeto, y no se establece de manera clara el nexo entre estas conductas y los delitos”.

En cuanto a la abierta contemplación que se tuvo con la RJC, el GIEI casi se queja: “Como se describió en el Capítulo 3, Mario Galarza, Juan Escalera y Crescencio Valencia Rodríguez fueron torturados por integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala al momento de ser aprehendidos. Sus lesiones fueron documentadas en un informe pericial y uno de ellos permaneció internado en el Hospital Viedma. A pesar de ello, la Fiscalía no ordenó la investigación de las circunstancias en que habrían sido lesionados”. Por eso luego recomienda ampliar las investigaciones a estas lesiones por parte de particulares.

 (*)Iván Bustillos es periodista de La Razón