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Medio: El Periódico
Fecha de la publicación: jueves 02 de septiembre de 2021
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
Dirección Web: Visitar Sitio Web
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El líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, observó el texto del requerimiento acusatorio emitido por el fiscal general Juan Lanchipa contra Jeanine Añez, porque considera que implica una “trampa” para hacer reconocer a la oposición de que hubo un “golpe de Estado” en 2019 y así “blanquear” las acciones de Evo Morales.
Según Mesa, el requerimiento acusatorio por los casos Senkata y Sacaba señala en su parte argumentativa que Añez fue “autoproclamada” en una sesión sin quórum.
“Lo que ese requerimiento pretende hacernos reconocer, si aprobamos el juicio, reconocer que somos cómplices, instigadores de un golpe de Estado. (…) Juan Lanchipa, en los fundamentos jurídicos de la acusación contra Jeanine Añez dice en una parte específica la señora Jeanine Añez en fechas 15 y 19 de noviembre de 2019 ejerció las funciones de presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia y -aquí viene lo importante- autoproclamada en una sesión parlamentaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional llevada adelante sin quórum y sin cumplir las formalidades previstas por la ley”, detalló Mesa.
Para el líder de CC, en otras palabras, la Fiscalía considera a Añez como presidenta de facto y que ejecutó un golpe de Estado.
“Si nosotros aceptamos ese requerimiento para el juicio de responsabilidades estamos aceptando que hubo un golpe de Estado y estamos aceptando que somos corresponsables de ese golpe de Estado”, recalcó.
Para llevar adelante el juicio a Añez por Senkata y Sacaba, se requiere de votos opositores, puesto que el MAS no tiene los dos tercios necesarios.
Sostuvo que al fiscal general Lanchipa no le interesan las víctimas de Senkata y Sacaba, sino busca “blanquear las acciones de Evo Morales” respecto a las acusaciones de fraude y su huida de Bolivia en 2019.
También cuestionó que sólo exista acusación por 20 personas fallecidas en los hechos de 2019, cuando el GIEI identificó a al menos 37 víctimas fatales entre los periodos de Evo Morales y Añez en el Gobierno.
Mesa dijo que la Fiscalía debía ocuparse simultáneamente de investigar todos los fallecimientos en el conflicto, porque de lo contario parecería que hay “muertos de primera y de segunda”.



