Con algarabía o enojo, como siempre simultáneos y enfrentados, nuestro país ha recibido, hace unas semanas, la opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la reelección presidencial indefinida y su impacto en la salud de la democracia hemisférica.

Fueron cinco los jueces que juzgaron de forma adversa la aplicación de esta figura legal en cuatro países americanos: Venezuela, Nicaragua, Honduras y Bolivia. A su vez, fueron dos magistrados, los que expresaron su disidencia minoritaria con la radiografía sombría de sus colegas.

Como toda entidad vigorosa, junto a su postura oficial, la Corte IDH publica también ambos criterios discrepantes, con lo cual el debate luce de cuerpo entero. Dada la pereza mental de los partidarios de la reelección presidencial indefinida en Bolivia, aquella resultó la única forma de conocer eventuales argumentos en su favor. Por la buena factura literaria de su texto, quisimos reseñar acá la postura de Raúl Zaffaroni, el juez disidente argentino, quien además es abogado personal de Evo Morales.

¿Cómo argumenta Zaffaroni? Con astucia, como corresponde a un abogado de crecido colmillo. No comete, por ejemplo, el error de su defendido Evo Morales, quien cada que trina, busca ponerse manidamente al lado de la actual canciller alemana o del fallecido F.D. Roosevelt, como queriendo implicar que si ellos se quedaron tanto tiempo en el poder, ¿por qué él no? Ilustrado y solvente, Zaffaroni inicia su alegato remarcando lo siguiente: “Me felicito de que en mi país no se admita la reelección indefinida y siento que no se adopte el sistema parlamentario”. Así, de entrada, el juez kirchnerista avala la práctica de su país natal y evita que le cuelguen una etiqueta fácil a fin de invalidar su razonamiento.

El argumento fuerte de Zaffaroni es que ninguno de los tratados internacionales interamericanos menciona la reelección indefinida. El mutismo al respecto, dice él, prueba que jamás hubo la voluntad de prohibirla (tampoco de promoverla). Ante el silencio neutral acerca del tema, el juez nos advierte que la Corte no puede ahora agregar arbitrariamente una complementación no acordada a la norma vigente.

Luego Zaffaroni recuerda que la reelección indefinida solo puede ejecutarse siempre y cuando el electorado así la confirme con su voto. Desde ahí, la argumentación se despliega con suprema sencillez. En efecto, mientras sea el pueblo el que decida soberanamente quién puede o no ser reelegido en una competencia simétrica y limpia, no habría de qué preocuparse.

Enseguida Zaffaroni blande la espada de la soberanía. Les dice a sus colegas que ninguna instancia y tampoco un tratado internacional pueden decidir los atributos de un sistema electoral internamente decidido por un Estado independiente. Luego se afianza rememorando que la prohibición de la reelección indefinida no ha impedido que, en varios países, una minoría se haga del poder, simulando una rotación entre los contertulios del mismo club oligárquico. Son las hendiduras, dice él, por las cuales se infiltra el autoritarismo en un fingido juego de alternancia. Aquí Zaffaroni parece incluso apoyarse en el clásico diagnóstico de Vargas Llosa sobre la dictadura perfecta mexicana.

Para blindar sus objeciones, el juez argentino admite el hecho de que, si se da rienda suelta a la reelección indefinida, podría asomarse el riesgo de que el gobierno autoperpetuado de ese modo se incline por violar los derechos humanos, en especial, los de las minorías que suelen ponerle piedras en el camino. ¿Cómo? Pero si el pueblo ha elegido porfiadamente a ese gobierno, ¿por qué debemos presuponer que ha cometido un error? Acá, su conclusión suena simplemente deslumbrante: “De este modo, el tribunal (la Corte IDH) asumiría una función de cuidado, de vigilancia o tutela de los pueblos del continente para evitar que corran el riesgo de equivocarse y ser engañados al votar”. En suma, Zaffaroni aboga por el derecho de los electores a errar cuántas veces sea necesario o conducente, y nadie desde Washington tendría que arrogarse la facultad de enmendarle la plana.

No cabe duda de que nuestro juez disidente ha probado con creces su elocuencia, salvo por un mínimo detalle. En Bolivia, el 21 de febrero de 2016, pero incluso antes, el 28 de enero de 2009, el pueblo decidió apoyar con su voto una Constitución en la que la reelección indefinida continua queda expresamente prohibida. Moraleja: si tu argumento central es la defensa de la soberanía popular, no omitas mencionarla cuando de pronto te incomoda.