Por segunda vez en 10 meses, el Ministro de Justicia lanza su segunda iniciativa de reforma de la justicia. La primera de ellas perdió su notable impulso inicial pocos meses después de comenzar. Esta arranca con similar entusiasmo, pretensiones más generales y difusas y, al parecer, con el abandono definitivo de la posibilidad de cambiar el factor esencial que impide la independencia del Poder Judicial: la elección de altos magistrados entre candidatos seleccionados por la mayoría en la Asamblea.

La primera iniciativa para reformar la justicia fue lanzada en noviembre de 2020, a partir de la constatación de que “si no tenemos la independencia judicial, no vamos a lograr nada, (pues) no es bueno que la camiseta de los jueces pase de azul a verde y luego nuevamente azul”.

Poco después, el Ministro anunciaba el envío de cinco proyectos de ley dirigidos a reformar el sistema de administración de justicia nacional. Y el primer día de diciembre, declaraba que “Hay una propuesta de Comunidad Ciudadana (para la reforma judicial) y diría que coincido con ella en un 90%”. La propuesta de ese partido opositor incluía la conformación de un ‘Consejo de Notables’ para elegir a las autoridades judiciales. El Ministro conformó uno, lo denominó Comisión de Asesoramiento del Ministerio de Justicia y le encargó una misión más amplia.

La Comisión se reunió por primera vez el 3 de diciembre y comenzó su trabajo analizando si era conveniente modificar la Constitución para aplicar una reforma judicial. Esa modificación requiere un referendo y el Ministro propuso realizarlo junto con las elecciones subnacionales.

Luego vinieron los cuestionamientos de un sector del MAS, entre ellos, los del presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, que declaró que le “parece una falta de respeto al pueblo” emprender una reforma judicial “abriendo la Constitución”.

El 20 de febrero, el Ministro declaró que un referendo sobre el tema es imposible el 7 de marzo, pues hasta entonces “tendremos la socialización de lo que es la reforma a la justicia”. Hasta ahí llegó la primera iniciativa. La segunda arrancó ayer, en Oruro, socializando “la ruta crítica” seis ejes para reformar la administración de la justicia. “Estamos buscando escucharnos entre bolivianos, construir una reforma en unidad”, señala el Ministro.

Él apunta a que “tengamos una nueva justicia penal en 90 días”, el tiempo que durará la colecta, en todos los departamentos, de propuestas, para la reforma judicial. Luego se propone presentar un proyecto de ley.

La independencia del Poder Judicial es uno de los seis ejes de la nueva iniciativa y pretende conseguirla “a través de la promoción y fiscalización de procesos meritocráticos, transparentes (…)” para designar magistrados y fiscales. Así, todo indica que en diciembre de 2022 tendremos nuevas elecciones judiciales.