El exministro de Gobierno, Carlos Romero, discrepó con determinación del MAS de autorizar un juicio de responsabilidades en contra de Jeanine Áñez porque significa reconocer que su mandato fue constitucional y contradice la teoría del "golpe de Estado" planteado por el partido del expresidente Evo Morales.

"Juzgarla en la vía de juicio de responsabilidades precisamente es reconocer, desde mi óptica, que fue un gobierno de transición y el MAS ha señalado -y en eso me suscribo absolutamente- que la sucesión no fue constitucional, se habló de fraude y otras cosas y el tiempo más o menos fue esclareciendo, por eso mismo considero que es una contradicción" afirmó Romero.

"No creo que sea prudente un juicio de responsabilidades en contra de Jeanine Áñez, los temas de Jeanine Áñez deberían sustanciarse ante la justicia (ordinaria), no ante una nueva justicia de aquí a cinco años o cierto tiempo", dijo el exministro de Gobierno en una entrevista con el programa Fama, Poder y Ganas.

También dijo que el juicio de responsabilidades es una instancia política y "el juicio de responsabilidades es un juicio político y está claro que el MAS no tiene dos tercios, pero por otro lado el bloque opositor tiene fisuras".

Reflexionó que el juicio "puede ser demasiado complejo en su dinámica y el problema es que nos quita mucho tiempo como agenda pública".

El MAS pretende aprobar en la Asamblea Legislativa Plurinacional un juicio de responsabilidades en contra de la exmandataria por delitos como genocidio y otros por las masacres de Sacaba y Senkata.

Según la ley de enjuiciamiento de altas autoridades en Bolivia, la Asamblea Legislativa Plurinacional debe autorizar ese proceso con el voto de dos tercios de sus miembros; sin embargo, el MAS no tiene esa cantidad de respaldo.

En las filas del MAS surgieron voces que señalan que si el juicio de privilegio no prospera entonces recurrirán a dos vías: la justicia ordinaria con procedimientos civiles y penales.

Para el partido del expresidente Evo Morales, Áñez no asumió la presidencia de Bolivia en sucesión constitucional, por lo que fue una mandataria "de facto", pero hay sectores en el mismo partido que indican que aprobar un juicio de responsabilidades contradice ese argumento.