El Gobierno empezó ayer en Oruro el proceso de socialización de los ejes de la reforma judicial planteada por el ministro de Justicia, Iván Lima, y, a su vez, recibir propuestas de los actores sociales presentes en el departamento, según la agencia ABI.

El objetivo del Gobierno es llegar a los nueve departamentos y luego sistematizar las propuestas para emprender el proceso de reforma judicial en el plazo de 90 días.

Analistas han cuestionado esta metodología del Gobierno porque no existe el aporte de expertos, abogados ni académicos, y que simplemente busca legitimar el proyecto ya elaborado del Gobierno.

En junio de 2016 hubo una cumbre de justicia promovida por el Movimiento Al Socialismo bajo una modalidad similar a la presente, sin resultados.

“Hoy (ayer) iniciamos con la ruta crítica en el departamento de Pantaleón Dalence, el padre de la justicia boliviana. Estamos buscando escucharnos entre bolivianos, construir una reforma en unidad. Recibí una carpeta de propuestas en el departamento. Hay una preocupación y una motivación especial de los administradores de justicia”, aseveró.

Lima dijo que existe el compromiso de trabajar por la independencia, transparencia y accesibilidad en la administración de justicia.

“No buscamos estudios técnicos, estudios sofisticados de grupos de abogados, sino entender a nuestro pueblo y qué es lo que se quiere de la transformación de la justicia. Estamos abiertos a todas las reuniones, a todas las propuestas y al trabajo de todos”, aseguró Lima.

El constitucionalista César Cabrera recordó que ese sistema de “cumbres” ya fracasó en anteriores gestiones del MAS. “Está bien que se socialice, pero también es importante conocer la opinión de expertos y abogados que sí existen en el país y que puedan aportar a mejorar la situación crítica de la justicia”, aseguró.

La cumbre de 2016 fue un total fracaso

En junio de 2016 se realizó en Sucre la Cumbre Nacional de Justicia “Para Vivir Bien”; sin embargo, a más de cinco años no existe resultado alguno. Los organizadores dijeron que ese evento nacional “debía ser el preámbulo de una transformación estructural para el servicio de la justicia marcada por la corrupción, la retardación y la dependencia política”.

Una de las razones de ese fracaso es que la cumbre mencionada fue “tomada” por una presencia mayoritaria de sectores afines al Gobierno del Movimiento Al Socialismo. Se dejó de lado la participación de otros sectores de la sociedad, tal como está ocurriendo con el proyecto que el Ministerio de Justicia pretende desarrollar en los nueve departamentos de Bolivia.