Según noticias de prensa, el actual Gobierno está planteando reformar el sistema judicial y se propone incluso aprobar un nuevo Código Penal… ¿Será verdad que lo quiere hacer? Y si fuera verdad ¿será posible? Para empezar la tal propuesta gubernamental no incluye el cambio de fiscales y jueces, ni siquiera de los que han sido formalmente observados, dando a entender que los problemas que vive el Poder Judicial se deben solamente a deficiencias del Código (o de los diferentes códigos) y no a las autoridades judiciales, que casi serían víctimas y no responsables…

Por su parte el actual ministro de Justicia se propone la transformación del sistema judicial en un plazo de 90 días. Y en el Senado ya existe una “Comisión Mixta de Justicia Plural”, de la que se espera las reformas correspondientes. O sea que el futuro de la justicia pareciera ser prometedor. (Parece también que se iniciarían procesos contra Carlos Mesa, Alfredo Rada y Gonzalo Sánchez de Lozada, que por lo demás no tienen nada en común).

Sin embargo las noticias de prensa incluyen la denuncia, por parte de la diputada de Comunidad Ciudadana Samantha Nogales, de que el MAS quiso sobornarla para poder tener dos tercios en dicha cámara. ¿Qué se puede esperar de una “justicia” que empieza con sobornos o chantajes?

Por su parte una diputada de “Creemos” afirma que “la justicia debe ser equitativa para todos”. ¿Es una afirmación novedosa? ¿No está expresando que actualmente la tal justicia es cualquier cosa menos equitativa? Mientras tanto el ministro Lima (ministro de Justicia) propone la transformación del sistema de justicia en 90 días, propuesta que es objeto de duras críticas, ya que un sistema que nunca cumplió con sus objetivos no puede cambiar en tan breve plazo sólo porque lo propone un ministro.

Mientras tanto aparecen denuncias contra la Fiscalía por “atropellos”, y ahí tenemos a la expresidenta del Estado (Jeanine Añez) sometida a un juicio sin garantías constitucionales. Y es que parece ser que para la Fiscalía (como para el conjunto del Poder Judicial) la primera preocupación fuera la de contar con el apoyo del Poder Ejecutivo, y de hecho el principal acusador de la expresidenta es el actual Presidente del Estado, que se da el lujo de acusarla de “golpista”, mientras no dice nada contra el actual gobernador de Santa Cruz que sería el principal responsable de ese “golpe” (que por supuesto no fue tal, sino una gran movilización social provocada por la actitud de Evo Morales, que sí había desconocido el resultado de un referéndum convocado por él mismo).

La otra preocupación que genera la actitud del Poder Judicial es que en este caso no funciona la famosa “división de poderes” (base de la democracia moderna), sino que el “tercer poder” del Estado (el judicial) está simplemente sometido al segundo (el Ejecutivo). No es que sea una sorpresa, ni una novedad, pero no deja de ser preocupante que ese sometimiento sea tan visible y tan indiscutible.

No es ésa la democracia a la que tanto aspirábamos en tiempos de gobiernos de facto, pero parece que los odios personales y los privilegios grupales pesan más que la supuesta vocación democrática que nuestro pueblo sin duda ha demostrado (y por la que ha luchado repetidamente), pero que hasta ahora no ha logrado vivir, ya sea porque pesan más los intereses de grupo (que en Bolivia son muchos, y parece que en algunos casos incompatibles),  ya por una especie de “impaciencia democrática”…

Y mientras gastamos energías en este tipo de problemas y enfrentamientos, la crisis económica no deja de avanzar, reforzada por la pandemia del covid: cada vez hay menos puestos de trabajo, los que hay están cada vez peor pagados, la solidez de la moneda pareciera que tiene bases ilegales, y todo esto se traduce en un incremento de la violencia social…

¿Realmente eran éstas las bases de la democracia por la que tanto hemos luchado? Ustedes dirán, amigas y amigos lectores.

Rafael  Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba.