Como no podía ser de otra forma, hoy hablaré acerca de las conclusiones del informe presentado por el GIEI. Por favor, querido lector, no se aparte. Estoy seguro de que ya debe estar hastiado de escuchar en los medios todo lo que se dice al respecto; como los políticos tratan de aprovechar cada línea de ese documento para demostrar que tienen la razón. No le pido que empatice con ellos, eso sería lo último. Le pido que le importe, porque el problema acá es justamente ese: su indiferencia.

Los días que inmediatamente le siguieron a la renuncia de Morales fueron confusos para todos, debido a la cobertura sesgada y hasta malintencionada de la prensa sobre los eventos que se desarrollaban ante nuestros ojos, salvo honrosas excepciones, claro. Era difícil saber en ese momento lo que sucedía, ¿fraude o golpe? Seguiremos discutiendo sobre ello por mucho tiempo. Pero lo que ya no podemos debatir es si se cometieron atrocidades en aquel lapso, porque si algo demuestra ese informe es eso: una violación sistemática de los derechos humanos de bolivianos (e incluso extranjeros) a manos de agentes del Estado.

Medios como Página Siete confundieron tanto a la población como para inducirnos a la duda, pero después de tantos informes, y tras las contundentes conclusiones del equipo de expertos internacionales, no hay espacio para escepticismo alguno. Una investigación preparada por Fernando Molina y Susana Bejarano, La transformación restauradora del campo mediático: El alineamiento de los medios de comunicación con el bloque de poder postevista en noviembre de 2019, despeja toda duda acerca del papel que dicho periódico jugó en uno de los momentos más críticos de nuestra historia reciente. ¿Periodismo neutral, objetivo e imparcial? Ya quisiera yo. Me conformo con que no oculten la verdad.

Hubo asesinatos durante los últimos días del gobierno masista, sí, pero no perpetrados por policías o militares, sino en conflictos que, aunque debían ser evitados por la fuerza pública, fueron protagonizados exclusivamente por civiles. La firma del Decreto 4078, por otro lado, sí hizo posible que literalmente se masacren a ciudadanos bolivianos. Y no solo masacres, sino también ejecuciones extrajudiciales, detenciones injustificadas, torturas y hasta delitos sexuales. Para los columnistas de Página Siete ese es un dato irrelevante.

“Se lo merecían”, dirán algunos. “Iban a volar una planta de gas”, añadirán otros. Pues no, la pesquisa del GIEI demuestra que no había tal intención ni tampoco la capacidad de hacerlo. Por lo que se puede decir que aquellas personas murieron para que usted pueda cocinar tranquilamente. ¿Estaba rica la comida? Mientras que los muertos de Sacaba se muestran como asesinatos mucho más arbitrarios, puesto que no se podía recurrir a una coartada como la esgrimida en el caso de la ciudad de El Alto. “…si no contenían a los vándalos que querían hacer volar Senkata, se incendiaba La Paz”, escribió Jimena Costa en una sus columnas de opinión. Por favor, lea el informe y lea el nombre de cada uno de los masacrados en Senkata, ¿dónde están los vándalos?

Chaparina y la represión contra los discapacitados ciertamente fueron decisiones censurables y condenables, pero el ejercicio de la fuerza en esos casos no excedió los límites del derecho a la vida. Se pudo haber reprimido en Sacaba y Senkata sin tener que matar. Camiones neptuno, gases lacrimógenos, o incluso golpes y patadas. Pero se usaron balas. Y después de las balas, se persiguió, encarceló y torturó a personas que independientemente de su orientación política merecían un trato justo, o por lo menos humano.

Amparo Carvajal derrama lágrimas por Áñez. ¿Dónde estaba cuando Patricia Hermosa perdió a su hijo? Jeanine merece un juicio justo, pero no escapar de la Justicia. Después del derrocamiento del masismo aquel noviembre, se cometieron crímenes, de todos los tipos. Robert Brockmann no dirá nada al respecto, estoy seguro. Y me sigo preguntando, ¿dónde están los vándalos? No lo sé, pero sí sé dónde están los mentirosos.