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Medio: La Razón
Fecha de la publicación: jueves 02 de septiembre de 2021
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
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El expresidente y jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, consideró este jueves que con la aprobación de un eventual juicio de responsabilidades contra la exmandataria Jeanine Áñez, por las masacres de Sacaba y Senkata, se busca hacerle “reconocer” que es “cómplice de un golpe de Estado” de 2019.
“Se ha presentado la acusación, que se llama requerimiento, por los casos de Senkata y Sacaba, (pero es) otra trampa y otro disfraz. En principio qué es lo que se pretende demostrar, el MAS quiere decir aquí estamos acusando a Áñez de violación grave a los derechos humanos, genocidio y masacre sangrienta. (Sin embargo) qué hay realmente en ese proceso, quién es el beneficiario directo de ese proceso, es Evo Morales, y qué es lo que ese requerimiento pretende hacernos reconocer si aprobamos el juicio, reconocer que somos cómplices e instigadores de un golpe de Estado”, dijo.
Mesa, en conferencia de prensa, basó su sospecha en la fundamentación jurídica del requerimiento acusatorio contra Áñez, donde, según su versión, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, argumentó que, durante las masacres de Sacaba y Senkata, la exmandataria “ejerció las funciones de presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia autoproclamada en una sesión parlamentaria de la Asamblea Legislativa llevada adelante sin quorum y sin cumplir las formalidades previstas por ley”.
“En otras palabras, la presidenta Áñez de facto, la presidenta Áñez que ejecutó el golpe de Estado, llevó adelante esas acciones (que se investigan; por tanto) si nosotros aceptamos ese requerimiento para el juicio de responsabilidades (también) estaríamos aceptando que hubo un golpe de Estado y que somos corresponsables de ese golpe de Estado”, ratificó Mesa.
El pasado 5 de julio se conoció que la Fiscalía General del Estado admitió la proposición acusatoria contra Áñez presentada por un grupo de víctimas.
El 20 de agosto, Lanchipa presentó el requerimiento acusatorio ante el Tribunal Supremo de Justicia y el 26 de agosto el TSJ decidió enviar esa solicitud a la Asamblea Legislativa para un eventual juicio de responsabilidades contra la expresidenta.
Pero, “por qué lo hace el señor Lanchipa, porque quiere blanquear las acciones de Evo Morales, el fraude (electoral de 2019) y su huida vergonzosa de Bolivia (tras renunciar a su cargo). En otras palabras (quiere) establecer un juicio a la medida de los intereses de Evo Morales para inventar un proceso histórico inexistente y no le importa las víctimas de Sacaba y Senkata”, donde perdieron la vida 20 personas, agregó Mesa.
Además, el líder de CC cuestionó que en esa acusación contra Áñez solo se hable de 20 personas fallecidas cuando el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estableció que durante el último trimestre de 2019 se registraron al menos 37 personas muertas.
Es decir, “entre finales del gobierno de Morales y principios del gobierno de Áñez. (Entonces) qué de las otras 17 personas fallecidas; ustedes dirán que no pertenecen a un juicio de responsabilidades, de acuerdo, pero simultáneamente, el señor Lanchipa debió haber presentado la acusación para juicio de responsabilidades y preocuparse también de las otras víctimas; no es que aquí hay muertos de primera y muertos de segunda. (Por tanto) esta es otra prueba de la manipulación grosera del Ministerio Público y del sistema judicial del país”, apuntó.
Asimismo, insistió que Áñez, actualmente detenida por el caso Golpe de Estado, está recluida “ilegalmente, acusada por un hecho y un golpe que nunca ocurrió” porque “ella fue presidenta constitucional por sucesión constitucional”.
El 10 de noviembre de 2019, Morales renunció a su cargo en medio de protestas por denuncias de fraude electoral, un motín policial y una sugerencia de las Fuerzas Armadas para que dimitiera.
Dos días después, Áñez asumió el mando del país a partir de unas reuniones extralegislativas y a través de un cuestionado proceso de transición, que ahora es considerado por el oficialismo como “golpe de Estado”.



