El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, confirmó que se ha iniciado este jueves el lapso de seis meses de evaluación de jueces y fiscales a fin de que al término de este tiempo se pueda renovar al personal observado del sistema de justicia.

En entrevista con La Razón Radio, Silva apuntó que sin dejar de señalar la existencia de jueces y fiscales de conducta proba y solvente, una mayoría son corruptos. “Hay excelentes jueces, fiscales y abogados (pero) son la excepción, los pocos; la gran mayoría de jueces y fiscales están corrompidos, son las manzanas podridas de la administración de justicia”.

Por eso, para no proceder de forma indiscriminada con el cambio de jueces y fiscales, se impone una evaluación, aseveró. “En estos seis meses de evaluación a jueces y fiscales se identificará a estas personas y se implementará esta carrera judicial que es parte de la propuesta”. Para marzo-abril de 2022 tendría que haber resultados.

En la consolidación de la carrera judicial, un elemento central será la Escuela de Jueces y Fiscales, ya existente.

En cuanto a quiénes serán los que evalúen a jueces y fiscales, Silva remarcó que se buscará una “decisión colectiva” a la que contribuyan el propio Gobierno, los partidos políticos, miembros del Órgano Judicial y sectores sociales y de la sociedad civil.

“Una decisión colectiva de todos los actores para evaluar a los jueces y fiscales y nombrar a los mejores hombres y mujeres que han salido de la Escuela de Jueces y Fiscales; esa tiene que ser una decisión colectiva no solamente del Gobierno, del sector político, del Consejo de la Magistratura o de las organizaciones sociales; debe ser decisión colectiva, para que tenga fuerza este pilar y logremos un resultado”, destacó.

Consultado acerca de lo que se hará con las actuales altas autoridades judiciales electas por voto, Silva señaló que dado el carácter irrevocable de estas autoridades, “esta reforma va afectar principalmente a los operadores de justicia que no han sido elegidos por voto popular, que han sido designados por el dedo del Consejo de la Magistratura o por influencia de algún político o por un factor de interés económico; son estos operadores de justicia que deben someterse a este proceso de evaluación”.

En todo caso, los magistrados electos por voto, tampoco escapan a procesos regulares que se les pueda seguir por corrupción u otros delitos; en todo caso se procederá según el caso.

Silva arriesgó la evaluación que se hará del propio actual fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, por el cuestionamiento que se tiene sobre él y su rol durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

Se tiene que evaluar el rol del Ministerio Público. “Para nadie es oculto que este señor Lanchipa, durante el gobierno de facto se puso ese mismo día la camiseta y empezó a corretear a los que tenían la camiseta azul (del MAS); después hay las elecciones (de octubre de 2020) y nuevamente está con otra actitud; este tipo de actitudes, de comportamiento de las autoridades le resta credibilidad a la administración de justicia”, sentenció Silva.

El ministro de Justicia, Iván Lima, presentó el miércoles una propuesta para avanzar en la reforma judicial, de 90 días.