Políticos y analistas ven con escepticismo el tercer intento de reforma judicial que lleva adelante el ministro de Justicia, Iván Lima, quien al inicio de su gestión fracasó en su afán de un juicio de responsabilidades contra miembros de la Magistratura y después   los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) rechazaron su iniciativa a una reforma constitucional.

Por otro lado, las diferentes propuestas alternativas al anuncio del Gobierno -de realizar una recolección de propuestas para un nuevo Código de Procedimiento Penal (CPP) en 90 días- manifestaron la necesidad de hacer una revisión constitucional, la modificación del proceso de selección y designación de jueces y fiscales, además de la asignación de un presupuesto adecuado para lograr la independencia del Órgano Judicial. En ese sentido, el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, envió una carta al presidente Luis Arce para sugerir un referendo a fin de  llevar adelante las mencionadas  modificaciones.

El abogado constitucionalista  Víctor Hugo Chávez  calificó de positiva la actitud de Lima, sobre retomar la reforma judicial, aunque considera que se perdió tiempo valioso. “Lo que está mal es que está intentando hacer una reforma atolondrada, muy apresurada, sin medir la importancia que tiene este tema”, sostuvo el especialista en contacto con Página Siete.

Señaló que por lo general las propuestas del ministro son elaboradas por asesores que “no han pisado tribunales y tienen una perspectiva muy diferente de lo que pasa en los juzgados”. En su criterio, el plazo de 90 días es muy reducido, “eso nos demuestra la improvisación”, refirió.

Para el jurista, la reforma no debe enfocarse en la modificación de la elección y designación de altos cargos en la justicia, pues es sólo una variable. Puso como ejemplo que el nombramiento como juez del exfiscal Edwin Blanco, cuestionado por ocultar pruebas en el caso Alexander, no fue producto de la votación popular.

“Lo que se debe eliminar son los mecanismos de maniobra” de los cuales se valen personajes cuestionados como los recientes vocales nombrados en La Paz, que surgen de procesos de selección con “exámenes amañados”, dijo Chávez. Asimismo, coincidió en que el saneamiento de la justicia  debe estar precedido de la renuncia de los actuales fiscales y jueces, y de las máximas autoridades judiciales en Sucre.

Referendo

Por la “profunda crisis” en la se encuentra sumergida la justicia, el alcalde de Santa Cruz presentó ayer ante el Ejecutivo una propuesta para convocar a un referendo. Fernández planteó la modificación de ocho artículos de la Constitución que permitirá elegir jueces, magistrados, fiscales y vocales por “meritocracia”.

“Al presente (el sistema judicial) no cumple con las funciones trascendentales que debe cumplir. No garantiza seguridad jurídica, ni resguarda el Estado Constitucional de Derecho, y mucho menos garantiza un control eficaz y eficiente sobre el ejercicio del poder público”, sostiene la misiva enviada por Fernández al presidente Arce.

En noviembre de 2020, luego de su posesión en esa cartera de Estado, el ministro Lima anunció una reforma judicial con tres ejes. Pretendía transformar “esa justicia podrida”.

El primer eje era la independencia judicial,  basada en la carrera judicial. “Cuando tenemos a jueces que cambian como una veleta de acuerdo a cómo soplan los vientos es porque tienen que pedirle y rogarle al poder político que los ratifiquen o que no los destituyan (...) si el Consejo (de la Magistratura) no lo hace, porque debería hacerlo hace muchos años, vamos a tener que hacerlo desde una ley de carrera judicial”, afirmó, a tiempo de adelantar que iniciaría un juicio de responsabilidades contra los miembros de ese ente.

El segundo eje era la lucha contra la corrupción y el tercero se trataba de la evaluación del desempeño y la capacitación de jueces. Para dicha iniciativa conformó un grupo técnico “plural y de alto nivel” de 10 “notables”, que en la práctica se reunieron una sola vez, el 3 de diciembre de 2020, cuando fue presentado.

En febrero, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, vocero del grupo de notables, reveló que había desistido de participar, “francamente me sorprende por la falta de seriedad con la que se manejó el asunto”, dijo a Página Siete en esa oportunidad.

En marzo de 2020, los legisladores del MAS le dieron la espalda al ministro y postergaron su segunda propuesta para la reforma judicial. “La reforma constitucional ha quedado cancelada (…) ese camino en principio no va a poder darse este año porque no contamos con condiciones para hacer un referéndum que es la llave para abrir una reforma constitucional, y eso no va a ocurrir este año”, admitió Lima.

Se limitó a señalar que en 2023 se realizarían las elecciones de jueces y magistrados, y lo único que quedaba era  garantizar a la población que participen los mejores candidatos.

• Viceministro  El viceministro de Justicia, César Siles, dijo que para esta nueva versión de la reforma judicial ya no se tomará en cuenta la participación de los denominados notables. “Hay que aprender de los errores del pasado, cualquier proceso de reforma debe comenzar de abajo para arriba, nosotros (el Gobierno) hemos querido comenzar de arriba para abajo y eso está mal”, declaró Siles en el programa Contacto Bolivia, de Priscila Quiroga.
• Inicio Ayer el ministro Iván Lima inauguró la recolección de propuestas en Oruro.