El alcalde del municipio de Santa Cruz, Jhonny Fernández, presentó este miércoles ante el Ejecutivo una propuesta para convocar a un referéndum sobre la reforma judicial. La autoridad edil considera que el sistema judicial se encuentra sumergida en una "profunda crisis" y que la actual forma de elección de autoridades jurídicas "no ha dado resultados positivos". Por ello plantea la modificación de ocho artículos de la Constitución que permitirá elegir jueces, magistrados, fiscales y vocales por “meritocracia”.
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El alcalde cruceño plantea la modificación de ocho artículos de la Constitución que permita elegir jueces, magistrados, fiscales y vocales por “meritocracia”
El alcalde cruceño Jhonny Fernández. Foto: Facebook (Jhonny Fernández Saucedo).
El alcalde del municipio de Santa Cruz, Jhonny Fernández, presentó este miércoles ante el Ejecutivo una propuesta para convocar a un referéndum sobre la reforma judicial. La autoridad edil considera que el sistema judicial se encuentra sumergida en una "profunda crisis" y que la actual forma de elección de autoridades jurídicas "no ha dado resultados positivos". Por ello plantea la modificación de ocho artículos de la Constitución que permitirá elegir jueces, magistrados, fiscales y vocales por “meritocracia”.
"El sistema judicial estatal, se encuentra sumido en una profunda crisis, que en los últimos años ha llegado a ser extrema y estructural, pues al presente no cumple con las funciones trascendentales que debe cumplir. No garantiza seguridad jurídica, ni resguarda el Estado Constitucional de Derecho, y mucho menos garantiza un control eficaz y eficiente sobre el ejercicio del poder público", sostiene la misiva, dirigida al presidente Luis Arce.
"En su momento, se argumentó que con la elección popular se daría legitimidad democrática directa a los jueces y magistrados. Pero, al final los ciudadanos no eligen, sino que votan para aprobar una decisión política tomada en el Órgano Legislativo, pues por 2/3 de votos, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) preselecciona a los candidatos. Esa selección de candidatos no se realiza sobre la base de una comprobación pública y transparente de la idoneidad y probidad de los postulantes, siendo necesario contrarrestar aquello", sostiene.
El documento destaca que esta modalidad de elección "no ha dado resultados positivos" y que es importante adoptar medidas "inmediatas y urgentes" para revertir el "estado lamentable" de la administración de justicia. Para ello, propone un concurso previo a la votación en la Asamblea.
"La modalidad de elección adoptada en la Constitución Política del Estado (CPE) no ha dado resultados positivos, al contrario, la administración de justicia se encuentra en un estado lamentable, siendo menester adoptar medidas inmediatas y urgentes que reviertan esta situación, e implementar un previo concurso de méritos y capacidad profesional de las y los postulantes, calificados con criterios objetivos parte de instituciones de la sociedad civil y académicas del país, considerando su destacada trayectoria, que no tengan vínculos político-partidarios, cuenten con experiencia acreditada y conocida por la población", continúa.
"Dicho concurso debe concluir con la presentación de ternas de los postulantes que hubieran obtenido las más altas calificaciones, a partir de las cuales la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) pueda elegir por votación de 2/3 del total de miembros presentes, a los Magistrados del Órgano Judicial, Tribunal Constitucional y Fiscal General del Estado. Proceso que deberá replicarse por analogía, en la elección de vocales, jueces de partido e instrucción de los Tribunales Departamentales de justicia y Fiscales Departamentales".
Según detalla el alcalde, en caso de que la propuesta fuera aprobada por el presidente Luis Arce, se debería elaborar un anteproyecto de ley de reforma parcial a la CPE a través del Ministerio de Justicia, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para la asignación de recursos económicos. Éste deberá ser aprobado por dos tercios de los votos en la Asamblea Legislativa y pasaría al Tribunal Constitucional para consultar sobre la constitucionalidad del procedimiento. Una vez confirmada la constitucionalidad, se redactan las preguntas y se convoca el referéndum.
