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Medio: Opinión
Fecha de la publicación: miércoles 01 de septiembre de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
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Finalmente, y por
instrucción del presidente Luis Arce, el Ministerio de Justicia concluyó el
diagnóstico y diseñó seis ejes para encarar la reforma judicial en el país.
"Esta
planificación se ha implementado con avances importantes que hoy permiten al
gobierno nacional presentar un diagnóstico del estado de situación de la
justicia boliviana y un plan de seis ejes estratégicos para lograr una justicia
oportuna, eficiente, transparente y eficaz", señala una nota oficial de
esa Cartera de Estado.
Según la
información, el plan fue diseñado para atender las necesidades de la población
que "acude cada día a los estrados judiciales a pedir justicia".
Asimismo, contempla medidas estructurales para mejorar la administración de
justicia en el país.
En ese sentido,
estos son los seis ejes del plan estratégico para reformar la justicia:
BALANCEO DEL CONFLICTO
Consiste en la
distribución uniforme y estratégica de jueces en el país, de acuerdo a la
cantidad de población y materia judicial, basada en criterios de equidad y con
el propósito de alcanzar estándares internacionales en cuanto a calidad del
servicio judicial.
Según el Ministerio,
actualmente el 24% de los juzgados corresponde a la materia Civil y Comercial,
y el 1% a la materia Administrativa y Coactiva Fiscal. El 82% de los casos se
resuelven en los juzgados de las capitales y el 18% en las provincias.
"A nivel
nacional, en promedio, hay un juzgado por cada 8.361 habitantes, de esa cifra
global, en ciudades capitales se cuenta con uno por cada 12.671 y en provincias
uno por cada 6.098", señala el diagnóstico del Ministerio.
Respecto a la
cantidad de vocales por departamento (casos extremos): en Santa Cruz hay una
sala por cada 179.846 habitantes, con un total de 18 vocales; mientras que en
Pando hay una sala por cada 24.769, con un total de seis vocales.
En relación a la
cantidad de juzgados por departamento (casos extremos): en Chuquisaca se cuenta
con un vocal por cada 8.531 habitantes en capitales y uno por cada 2.623 en
provincias; en Santa Cruz, uno por cada 18.892 en capitales y uno por cada
10.087 en provincias.
SISTEMA DE ACCESO A
LA JUSTICIA
Para el segundo eje,
el Ministerio señala que se busca promover que toda la población, especialmente
aquella en situación de vulnerabilidad y de escasos recursos, acceda a la
justicia en igualdad de condiciones. La constitución de este sistema de acceso
se basará en la demanda real de justicia, estableciendo una red de trabajo
integral entre los distintos niveles del Estado y sociedad civil.
"Es necesario
asegurar la eficiencia en la administración de justicia, el desarrollo de
normas, estrategias y mecanismos para su acceso oportuno e igualitario, y el
fomento de los medios alternativos de resolución de conflictos, como la
conciliación y arbitraje", afirma.
En ese ámbito, añade
el Ministerio, se detectó deficiencias en la cobertura de juzgados, de acuerdo
a datos del Consejo de la Magistratura, del Instituto Nacional de Estadísticas
(INE) y del Ministerio de Justicia, existen 175 municipios sin juzgados, lo que
significa que 1.294.312 habitantes no cuentan con la cobertura directa.
Costo para el Estado
por cada juicio resuelto
Actualmente cada
juicio ordinario le cuesta al Estado 3.568 bolivianos, y cada juicio en la
jurisdicción agroambiental significa 5.915.
Grado de confianza
en el Órgano Judicial
Respecto al nivel de
confianza en el Órgano Judicial, devela que del 1 al 5, se llega a un promedio
de 2,7 de confianza.
Dificultad para el
acceso a la justicia por costos judiciales
La dificultad para
acceder a la justicia por los costos judiciales, del 1 al 5 es de 4,3, según
datos proporcionados por la Comisión Andina de Juristas (CAJ).
INDEPENDENCIA JUDICIAL
En el tercer eje
para la reforma judicial, se busca consolidar la independencia judicial, a
través de la promoción y fiscalización de procesos meritocráticos,
transparentes, descolonizadores, despatriarcalizadores y plurales para la
designación, capacitación permanente, evaluación de desempeño y aplicación del
régimen disciplinario para autoridades del Órgano Judicial y Ministerio
Público.
"Es necesario
garantizar la carrera judicial institucionalizada, a través del desarrollo de
procesos participativos con actores nacionales e internacionales", resalta
el Ministerio.
Según el Consejo de
la Magistratura de un total de 1.098 jueces ordinarios (100%), 541 son de
carrera (49%), 524 (48%) son transitorios y 33 (3%) son acéfalos.
SOLUCIONES TIC
Sobre el cuarto eje,
el plan estratégico del gobierno busca impulsar la transformación digital del
modelo de gestión judicial con el uso intensivo de plataformas informáticas
interoperables, sistemas expertos e inteligencia artificial.
"La
implementación del sistema informático integral de acceso a la justicia para
los servicios que brinda el Ministerio de Justicia y Transparencia
Institucional y sus entidades descentralizadas, se reforzará con la
construcción de una red interinstitucional en distintos niveles del
Estado", añade la información de esa Cartera de Estado.
DESARROLLO NORMATIVO
En este eje, el
Ministerio afirma que se tiene previsto desarrollar e implementar políticas
públicas y normativa específica para la reforma del sistema de justicia. Así se
garantiza el acceso a la justicia, métodos alternativos de solución de
conflictos, derechos fundamentales, entre otras medidas, en coordinación con
todos los niveles del Estado y sociedad civil.
Esta es la normativa priorizada, según información
oficial:
Ley de
modificaciones a la Ley Nº 004 contra la corrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.Proyecto
de ley de modificaciones de la Ley Nº 044 de juicios de
responsabilidades.Proyecto de ley de modificaciones de la ley Nº 1104 de
creación de salas constitucionales.Proyecto de ley de modificaciones de la ley
N° 025, de 24 de junio de 2010 del Órgano Judicial.Proyecto de ley del servicio
de Derechos Reales.Modificaciones a la Ley N° 348 Ley integral para garantizar
a las mujeres una vida libre de violencia.Ley de jurisdicción agroambiental.
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
Finalmente, el
último eje busca promocionar la ética y transparencia en la administración
pública e intensificar la lucha contra la corrupción, a través del acceso a la
información, control y participación social y el uso de tecnologías de
información enfocadas al gobierno electrónico.



